Peña Nieto se comprometió en campaña electoral a combatir la corrupción. Incluso en el malhadado Pacto por México se dedica un capítulo al tema, postulando la creación de una comisión de alto nivel destinada a erradicar este mal endémico. Sin embargo no ha habido avance alguno en la materia y no mereció ser mencionada en el informe presidencial. Me parece perfecto. No tiene caso mantener el engaño por el que los corruptos dicen combatir la corrupción. Es más, me atrevo a proponer que se elimine lo que queda de la Secretaría de la Función Pública, supuestamente encargada de evitar los actos de corrupción en la administración pública y de proveer a la penalización de sus actores; es dinero del erario que se dilapida en simular transparencia y en hacer demagogia.
Desde que Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría de la Federación, la corrupción no sólo no se redujo sino que se ha incrementado a niveles intolerables, con el costo adicional de obstaculizar la operación gubernamental y la obra pública. Es el caso que, quien tiene por objetivo enriquecerse al amparo del servicio público, lo hace burlando cualquier disposición en contrario, siempre y cuando cuente con protección superior y sepa repartir; los hay en abundancia. En cambio, servidores públicos de vocación, probos por naturaleza, que también los hay (aunque usted no lo crea) son tratados como delincuentes o, por lo menos, como sospechosos y se les ponen todas las trabas imaginables y, como resultan ser un estorbo a los corruptos, se les hace la vida de cuadritos hasta acabarlos. Hace falta mucha vocación para que una persona honesta se anime a participar en la política o en el servicio público.
Pero el país se ha modernizado, así también la corrupción. Las viejas prácticas de la "mordida" y la comisión por compras o contratos han sido perfeccionadas y aumentadas; ahora se negocia comercialmente con políticas públicas, cabildeo mediante, y con el país entero y sus habitantes. Las "reformas estructurales" del neoliberalismo impuesto no son sino prendas entregadas a título oneroso, esto es: mediante pagos al otorgante. La riqueza nacional administrada por el estado deja de ser tal para beneficio de particulares –acto corrupto de lesa patria- los que agradecen el gesto con participaciones en los negocios, cuando no son los mismos otorgantes los que se convierten en los particulares beneficiados. El territorio picoteado de minas a cielo abierto para obtener un gramo de oro por cada tonelada de tierra removida, es una muestra palpable. La invasión comercial y la muerte de la industria nacional es otra. El sacrificio de la clase trabajadora para garantizar las utilidades de patrones nacionales o extranjeros, también fue moneda de cambio. Pronto el despojo de tierras a los campesinos para la explotación de hidrocarburos será parte del panorama mexicano. Ni modo que tanta traición haya sido de gratis. Pero, además, los negociantes se dan salarios exorbitantes como corresponde a su altísima responsabilidad y para evitar tentaciones menores.
Mal puede exigir honestidad quien se hace de la presidencia mediante prácticas deshonestas, aunque se les de visos de legalidad y sean convalidadas por la autoridad responsable de fiscalizar. Se puede legislar y hacer hermosos discursos de combate a la corrupción, que nada pasará si quien legisla y quien administra accede a los cargos por medio del dinero. Todos vemos y criticamos el dispendio en las campañas, con dinero público y también con recursos propios; es inversión que deberá redituar a la hora del ejercicio privado de los negocios públicos.
México reclama honestidad más que anticorrupción. Ese tendría que ser el atributo ineludible de cualquier aspirante al voto popular; no se vale el supuesto atenuante de que "robo poquito". Luchar contra la corrupción entre corruptos es un simple engaño, muy caro por cierto. Aunque sea con la lámpara de Diógenes pero tendremos que distinguir a los honestos y protegerlos contra la maledicencia de quienes pretenden destruirlos para conservar sus privilegios.
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