Unasur ha demostrado alta capacidad política. Creó mecanismos de acción contra intentos y golpes de Estado. Terció con éxito ante Colombia y Venezuela, durante la tensión que generó Álvaro Uribe a las relaciones entre los dos países.
Ha ido más allá de la llamada Doctrina Betancourt, la cual se limitaba a no reconocer a gobiernos urgidos de golpes de Estado. Unasur los previene y enfrenta.
Pero ahora debe garantizar su eficiencia organizacional: la proposición del presidente Rafael Correa de tomar decisiones por mayoría calificada es conveniente.
Esta propuesta no puede verse como un procedimiento dirigido a reglamentar las votaciones internas de Unasur, implica una dimensión de más sentido. Es el medio de garantizar la pluralidad y, al mismo tiempo, que las diferencias no limiten o paralicen el debido proceso de toma de decisiones.
El consenso implica que el o los Estados que tengan desacuerdo impiden se llegue a acuerdos, lo que entraña ejercer veto por la vía de los hechos, aunque el mismo no esté estatuido. El ejemplo clásico de la rémora que puede constituir el veto está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Este método puede tener idoneidad para grupos cerrados; como una agrupación deportiva o una asociación de místicos. Pero agendas de temas múltiples y muchos estratégicos, que son los que trata Unasur, requieren procedimientos que garanticen su eficiencia y buen funcionamiento.
Podrían incluirse cláusulas mediante las cuales un Estado pueda reservarse la aplicación de las decisiones a su discreción, en forma progresiva o en temporalidades y condiciones diferentes al resto de los miembros.
Es un reto interesante, construir la nueva Suramérica, dentro del respeto a las diferentes ideologías y modelos políticos de desarrollo.
Unasur sería una muestra no solo de unión y autonomía internacional, sino del mejor tratamiento del ambiente intraorganizacional.
