La conmoción creada por la muerte de Nisman no obedece sólo a los
interrogantes que rodean su muerte. Le entregaron el arma, fallaron
los custodios, se demoró el auxilio médico y nunca se comportó como un
suicida. Su fallecimiento añade un nuevo misterio a los enigmas de la
causa AMIA. El fiscal estaba muy involucrado en el encubrimiento de
las pistas para hallar a los responsables de ese atentado y no se sabe
por qué fue víctima de esa trama.

Ocultamientos al por mayor

A veinte años del asesinato de 85 personas no hay culpables,
condenados o imputados. Sólo se discute si el gobierno negociaba o no
la impunidad de Irán, presuponiendo la responsabilidad de los
Ayatollahs. Nisman sostenía esa acusación sin ninguna prueba. Como el
grueso de los comunicadores silenciaba otras posibilidades más
coherentes.

Todas las huellas del atentado fueron inmediatamente borradas por
gobiernos de Israel, Estados Unidos y Argentina. Desviaron la
investigación hacia Irán, desechando la pista siria y amparando la
conexión local.

A mediados de los años 90, Israel negociaba con Siria una eventual
extensión del acuerdo de paz firmado con Egipto y no le convenía
involucrar a su contraparte en lo sucedido en Buenos Aires. La AMIA y
la DAIA se subordinaron a la diplomacia sionista y engañaron a los
familiares de las víctimas.

Estados Unidos incentivó la culpabilidad de Irán porque era su
principal adversario geopolítico en Medio Oriente. El menemismo
motorizó ese desvío para ocultar su responsabilidad en la matanza.
Varios analistas estiman que la explosión fue un acto de venganza por
incumplimiento de alguna promesa, en el tráfico de armas que
administraba el ex presidente. También se supone que Menen desconoció
compromisos de transferencia de tecnología nuclear o de misiles con
los financistas extranjeros de su campaña electoral.

Esos diagnósticos coinciden con la secuencia de escándalos que
acompañó su gestión. La tragedia de AMIA no es ajena a la venta de
armas a Croacia, la violación de la neutralidad en el conflicto entre
Ecuador y Perú, los privilegios al traficante Al Kasar, el estallido
del arsenal de Rio Tercero o el extraño accidente fatal de Carlitos
Menen.

Para oscurecer lo sucedido en la AMIA los servicios de inteligencia y
la justicia actuaron en común. Limpiaron la escena del crimen,
destruyeron escuchas telefónicas y protegieron a los reales
sospechosos, mientras inventaban acusados y coimeaban testigos. El ex
secretario de Galeano que denunció esas anomalías fue secuestrado y
torturado.

Estas irregularidades fueron también cuestionadas por Cristina durante
su paso por el Senado. Pero al asumir el gobierno los Kirchner
mantuvieron el encubrimiento y hostigamiento a Irán, con discursos en
la ONU que ubicaron la demanda contra ese país al mismo nivel que el
reclamo por Malvinas. Convalidaron, además, las inverosímiles
denuncias que Nisman recibía de sus mandantes de la CIA y el Mossad.

Este sostén kirchnerista obedeció inicialmente a un pacto de
gobernabilidad con Menem y Duhalde (menor belicosidad a cambio de
impunidad). Posteriormente el mismo apoyo apuntó a mejorar las
relaciones con Estados Unidos e Israel.

Las inconsistencias de la acusación contra Irán desembocaron en un
papelón tras otro. Un supuesto involucrado en el atentado que cumplió
funciones diplomáticas en Argentina fue detenido e inmediatamente
liberado en Europa por falta de pruebas. Altos funcionarios de Israel
se jactaban mientras tanto de haber ultimado a los artífices del
crimen.

Pero el artificio motorizado por Nisman comenzó a naufragar en los
últimos dos años por otras razones. El gobierno tomó distancia de las
manipulaciones norteamericanas y atenuó la demanda contra Irán,
reemplazando el pedido de captura por una negociación que culminó en
la firma del Memorándum.

Este giro sintonizó con el nuevo escenario creado por las tratativas
que encaró Estados Unidos con Irán, para lograr el desmantelamiento de
las plantas nucleares. Israel continúo promoviendo el bombardeo de
esas instalaciones, pero Washington comenzó a priorizar el
hostigamiento a Siria, e incluso la demolición de ese país siguiendo
el precedente de Libia e Irak.

En este nuevo contexto Nisman se quedó solo y alguien lo incentivó a
subir la apuesta. Elucubró una ridícula denuncia, acusando a CFK de
acordar cierto perdón de los iraníes (levantamiento de las "alertas
rojas" de Interpol) a cambio de una mayor comercio de granos por
petróleo. Nadie acompañó ese delirio. Perdió el sostén norteamericano
(Noble), la complicidad de los jueces (Canicoba y Servini) y la
protección de los servicios (Stiusso).

Maniobras y reacciones

La derecha intenta presentar a Nisman como un justiciero que ansiaba
la verdad. En los hechos ensuciaba la causa con las instrucciones de
la embajada estadounidense, que destapó Wikileaks. Para recordar esa
estrecha relación, el principal representante de la delegación
norteamericana se hizo presente en el velatorio.

Los derechistas trabajan para transferir nuevamente el manejo de
política exterior argentina a la diplomacia yanqui e israelí. Por eso
promueven el desembarco de una comisión internacional, armada en
Washington, para monitorear lo ocurrido con el fiscal.

También pretenden bloquear el próximo juicio por encubrimiento del
atentado, que involucra a varios próceres del menenismo, el PJ, la
DAIA y el macrismo. Junto a Galeano y Beraja, un hombre de confianza
de Macri (Fino Palacios) debería desfilar por Tribunales.

Para encubrir estas complicidades los derechistas sugieren la
culpabilidad directa del gobierno en la muerte de Nisman. Clarín
acompaña este operativo presentando como un grave delito, las
intrascendentes conversaciones telefónicas que mantuvieron hombres del
kirchnerismo (D´Elía) con allegados a Irán. Estas campañas pretenden
demostrar -como mínimo- que CFK no puede manejar la crisis en curso.

El gobierno continúa desconcertado. Cristina polemiza por twitter,
diagnóstica primero un suicidio y luego un crimen, mientras acusa a
Lagomarsino sin hablar todavía del poderoso jefe de los espías. Para
apuntalar la investigación habría bastado con el sostén presidencial a
un accionar judicial en serio.

Pero la muerte del fiscal sobrevino a pocas semanas de un gran
conflicto con el mandamás de los servicios. El gobierno confronta
también con los jueces que investigan los hoteles de la familia
Kirchner y sus conexiones con el lavado de dinero (Báez).

Estas guerras de palacio no apuntan a penalizar a los corruptos.
Proliferan ante el fin de un ciclo político y el consiguiente
enfrentamiento entre los distintos grupos que disputan preeminencia en
el aparato del estado.

La muerte de Nisman también impacta sobre el escenario electoral. Con
la campaña anti-buitre el gobierno recuperó iniciativa y se aprestaba
a condicionar la candidatura de Scioli. En un marco de recesión y alta
inflación, pretendía retomar el endeudamiento, clavar el dólar,
posponer el corte de los subsidios y reanimar el consumo, para
transferirle el ajuste al próximo presidente. ¿Podrá sostener este
plan en el nuevo contexto?

Un camino para el esclarecimiento

En medio de la turbulencia el ejecutivo ha propuesto una reforma de
los servicios, para superar "la gran deuda pendiente de la
democracia". Con este enunciado omite recordar que le corresponde una
década completa de ese pasivo.

Por lo que trascendió la intención oficial es cambiar los nombres y
preservar la misma estructura de espías. La vieja SIDE convertida en
SI pasaría a denominarse AFI, mantendría a su personal y su voluminoso
presupuesto secreto. Las principales designaciones pasarían por el
Parlamento, pero el ejecutivo podría modificarlas. No se introducen
modificaciones entre los espías del ejército y la policía y sólo se
dispone una supervisión judicial de las controvertidas escuchas.

Con este formato la pretendida disolución de la SI queda reducida a
una simple reorganización. Como no se investiga nada, ni se depura al
viejo personal hay más cosmética que transformaciones reales. El
proyecto también disuelve la anunciada desclasificación de los
archivos. Conviene recordar que en la última década ya hubo varias
crisis los espías, que no alteraron su poder (coimas en Senado en el
2001y despido de Beliz en el 2004).

Milani ha sido ratificado, además, como el nuevo hombre fuerte de los
servicios, pese a la grave acusación que arrastra por la desaparición
de un soldado durante la dictadura. El oficialismo habla poco de
Stiusso y de sus fortunas, quizás por las comprometedoras carpetas que
maneja el super-espía.

Pero por primera vez está saliendo a superficie el enorme entramado de
los informantes, que operan como un estado dentro de otro estado. Ese
aparato ha construido sus propios negocios y está involucrado en
numerosos delitos. Sus agentes oficiales e inorgánicos participan en
el narcotráfico, los levantamientos policiales, los saqueos y el
turbio manejo de las cárceles. Dirimen sus conflictos mediante el
asesinato y se reciclan aceitando vínculos con intendentes,
gobernadores y punteros.

Esclarecer lo ocurrido en la AMIA podría ser el punto de partida para
desmantelar esa estructura mafiosa. Ese caso concentra todo el nefasto
accionar de los espías. Formar la Comisión Investigadora Independiente
que promueve la asociación APEMIA permitiría inaugurar ese camino. El
parlamento y la justicia han demostrado su total incapacidad para
encarar esa tarea. Como ocurrió con la CONADEP, sólo un organismo
autónomo con plenos atributos e integrado por personalidades y
familiares de las víctimas podría realizar esa investigación.

Es el momento para actuar con celeridad y convicción. Existe una
generalizada indignación frente a la impunidad. La izquierda y el
progresismo deben tomar la iniciativa, ante el peligroso manejo de las
protestas que ensayan los caceroleros y la DAIA. No basta con acciones
parlamentarias o convocatorias a la interpelación de los ministros. El
Congreso nunca ha sido el ámbito central de las demandas populares.

Lo importante es privilegiar la movilización. Esta semana se realizará
la primera marcha de una secuencia que debe ampliarse. Los poderosos
necesitan a los servicios para ocultar sus tropelías, pero el pueblo
ansía transparencia, democracia y justicia.