Este cortafuego intelectual no se levantó sólo porque los economistas de la Escuela de Chicago no reconocieran ninguna conexión entre sus políticas y el uso del terror. Contribuyó a afianzarlo la forma particular en que estos actos de terror se calificaron como actos "contra los derechos humanos" en lugar de como herramientas con fines claramente políticos y económicos. En parte fue así porque el Cono Sur en los años setenta no fue sólo un laboratorio para un nuevo modelo económico, sino también para un nuevo modelo de activismo: el movimiento de base internacional por los derechos humanos. Ese movimiento fue indudablemente decisivo para obligar a la Junta militar a poner fin a sus peores abusos. Pero al centrarse puramente en los crímenes y no en las razones que los motivaron, el movimiento de defensa de los Derechos Humanos también ayudó a la Escuela de Chicago a escapar de su primer sangriento laboratorio prácticamente sin un rasguño.
El dilema se remonta al nacimiento del movimiento de defensa de los Derechos Humanos, con la adaptación en 1948 por Naciones Unidas de la declaración universal de los Derechos Humanos. Tan pronto se escribió, ese documento se convirtió en un ariete partidista utilizando por ambos bandos de la Guerra Fría para acusar al otro de ser el próximo Hitler. En 1967, investigaciones periodísticas desvelaron que la Comisión Internacional de Juristas, el grupo más importante que investigaba las violaciones Soviéticas de los Derechos Humanos, no era el árbitro imparcial que proclamaba ser, sino que recibía financiación secreta de la CIA.
Fue en este contexto tan politizado en el que Amnistía Internacional desarrolló su doctrina de estricta imparcialidad: se financiaría exclusivamente a través de las donaciones de sus miembros y sería siempre rigurosamente "independientes de cualquiera gobierno, fracción política, ideología, interés económico o credo religioso". Para demostrar que no usaba los derechos humanos con ningún fin político, cada grupo local de Amnistía Internacional fue instruido para que "adoptara" a la vez tres presos de conciencia, "uno de países comunistas, otro de países occidentales y un tercero de países del Tercer Mundo". La posición de Amnistía Internacional, emblemática de todo el movimiento de Defensa de los Derechos Humanos en aquellos tiempos, fue que puesto que la violación es de estos derechos era algo universalmente reconocido como pernicioso, malas en sí y por sí mismas, no era necesario determinar por qué se estaban produciendo, sino documentarlas tan meticulosa y fiablemente como fuera posible.
Este principio se refleja en la forma en que se investigó la campaña de terror en el Cono Sur. Constantemente vigilados y acosados por la policía secreta, los grupos pro-derechos humanos enviaron delegados a Argentina, Uruguay y Chile para entrevistar a cientos de víctimas de tortura y a sus familias. También consiguieron acceder en la medida de lo posible a las prisiones. Puesto que los medios de comunicación independientes estaban prohibidos y las Juntas militar negaban sus crímenes, estos testimonios formaron la documentación primaria de un relato que los gobiernos de la zona hubieran deseado que nunca se escribiera. Fue un trabajo muy importante, pero limitado: los informes son listas Jurídicas de los métodos más horribles de represión cruzados con los artículos de los tratados de Naciones Unidas que esos métodos violan.
Esta estrechez de miras es muy problemática en el informe de Amnistía Internacional de 1976 sobre Argentina, un relato de las atrocidades de la Junta Militar que supuso un enorme paso adelante e hizo a la Organización merecedora del Premio Nobel. A pesar de su meticulosidad, el informe no aporta ninguna idea sobre por qué se cometieron esos abusos. Sí formula la pregunta de "hasta qué punto son las violaciones explicarles o necesarias" para garantizar "la seguridad", exactamente el motivo oficial con el que la Junta Militar justificó la "guerra sucia". Después de examinar las pruebas, el informe concluyó que la amenaza que suponía las guerrillas de izquierdas no se correspondía en absoluto con el nivel de represión utilizada por el Estado.
Otra de las principales omisiones del informe de Amnistía es que presentó el conflicto como un enfrentamiento limitado entre militares y extremistas de izquierdas locales. No se menciona a otros implicados, ni al gobierno de Estados Unidos ni a la CIA ni a los terratenientes locales ni a las corporaciones multinacionales. Sin un estudio del plan general para imponer el capitalismo "puro" en América Latina y de los poderosos intereses que impulsaban el proyecto, los actos de sadismo documentados en el informe no tienen sentido: sólo actos malvados aleatorios y exentos de contexto a la deriva en el éter político, actos que deben ser condenados por todos los pueblos de buena voluntad pero que resultan imposibles de comprender.
La primera aventura de los Chicago Boys en la década de 1970 debió haber servido de aviso a la Humanidad: sus ideas eran peligrosas. Al no hacer responsable a la ideología de los crímenes cometidos en su primer Laboratorio, se dio inmunidad a esta subcultura de ideólogos impenitentes y se les liberó para que recorrieran el mundo en busca de su próxima conquista. Hoy vivimos de nuevo en una era de masacres corporativas, con países que son víctimas de una tremenda violencia Militar combinada con intentos de rehacerlos como economía de "libre mercado" modélicas; vemos cómo las desapariciones y las torturas han vuelto con mayor intensidad que nunca. Y también ahora parece que no se sepa ver ninguna relación entre el objetivo de conseguir crear nuevos mercados libres y la necesidad de utilizar la violencia para lograrlo.
¡Gringos Go Home! ¡Pa’fuera tús sucias pezuñas asesinas de la América de Bolívar, de Martí, de Fidel y de Chávez!
¡Chávez Vive, la Lucha sigue!
