El Consejo de Ministros (el Partido Popular) concedió en mayo la ciudadanía española, por carta de naturaleza, a seis opositores venezolanos que se unen a las ya concedidas a los padres de Leopoldo López. Los nuevos españoles son dos familiares del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López (su hermana Cristina y el marido de esta, Herman José Sifontes Tovar), además del presidente del periódico El Nacional, Luis Carlos Serra Carmona, su mujer, María Fernanda Sánchez, y sus dos hijos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que estas seis personas están «sumamente afectadas» por la «persecución política» que sufren y que la decisión de concederles la ciudadanía les permite afrontar esa persecución «con mayores garantías democráticas».
La verdadera causa de esa concesión es la comunión ideológica del Partido Popular (Gobierno español) con la oposición venezolana (violenta, reaccionaria a las órdenes de Estados Unidos y la oligarquía local) venezolana. Esa comunión en lo ideológico tiene su complemento en el odio visceral del Partido Popular contra todos los movimientos progresistas del mundo, fácilmente comprobable con la actual mezquina campaña electoral en la que insultan a toda la izquierda con adjetivos propios del peor nazismo.
A los dos presos españoles de Guantánamo, Lahcen Ikassrien y Hamed Abderrahman Ahmed, de poco les ha valido la ciudadanía española para afrontar su calvario «con mayores garantías democráticas». Tampoco le ha valido mucho a Arnaldo Otegi o a sus compañeros de condena.
La lista podría ser interminable. Pero podríamos verlo desde el otro lado, desde el lado venezolano. Que Venezuela, su Gobierno revolucionario, empezase a conceder la ciudadanía venezolana a todos los familiares de Otegi, a los de Pepe Rei, a los de Lasa y Zabala, o a todos los familiares asesinados por los GAL, a los del accidente del Metro de Valencia, a los preferentistas, a los desahuciados ... «para que afronten esa persecución con mayores garantías democráticas».
