En los últimos meses se ha instalado en Argentina un clima de batalla contra la corrupción. Se supone que los ciudadanos ya no se preocupan sólo por sus urgencias personales. Bajo el impacto de las imágenes difundidas por la televisión, ahora exigen honestidad a todos los funcionarios.

El conteo de dinero en la Rosadita, las propiedades de Báez, los bienes de Fariña, las cajas de seguridad de Florencia y los bolsos lanzados por López habrían provocado este abrupto despertar colectivo.

La sociedad por fin reacciona con jueces que actúan, medios que informan y un gobierno que propicia el castigo de los ladrones. Todo muy bonito si fuera cierto. La primera duda es muy sencilla: ¿cómo apareció repentinamente tanta información?

SERVICIOS, CÓMPLICES Y TRANSMISORES

Es evidente que los espías manejan todos los datos de la corruptela que sale a flote. Destapan y ocultan esa información en forma selectiva. Filtran títulos de propiedades, números de cuentas en el exterior, rutas de lavado y arman las trampas requeridas para capturar a los caídos en desgracia como López.

Los servicios de inteligencia que mueven estos hilos son los mismos que trabajaron para el kirchnerismo, enlodando a los opositores. Su cabecilla Stiuso cambió de bando y ahora diseña operaciones sucias para Macri.

Por eso todos los documentos comprometedores involucran a cristinistas desamparados. Ningún carpetazo afecta a los funcionarios del PRO. No circulan videos de la familia del presidente transfiriendo dólares a sus firmas off shore, no aparecen grabaciones de Stuzzeneger cobrando por la estafa del mega-canje, ni se conocen los turbios negocios petroleros de Aranguren.

Stiuso recuperó la patente de corso que perdió durante su conflicto con Cristina por el caso Nisman. Se fue a Estados Unidos, aceitó relaciones la CIA y ahora cuenta con la bendición total de la "embajada".

Por eso aporta información demoledora sobre la cúpula kirchnerista a cambio de impunidad para sus negocios. Obtuvo impunidad para silenciar el ajuste de cuentas con su socio (el ultimado lauchón Viale), que controlaba robos de tierras y propiedades.

El hombre fuerte de los servicios ha impuesto, además, la eliminación de toda fiscalización parlamentaria del presupuesto del espionaje. Para colmo Macri colocó en la AFI a varios sospechosos de lavar dinero, mediante la cobertura que ofrecen las transferencias internacionales de jugadores de futbol.

Los espías en funciones provienen de la época de la dictadura. Crearon bandas de secuestradores extorsivos y ahora mantienen estrechos vínculos con los narcotraficantes perseguidos o amparados por la DEA (Pérez Corradi).

Obviamente conocen los secretos de lo ocurrido con la provisión de efedrina a los carteles mexicanos y con las responsabilidades de funcionarios públicos en el triple crimen que generó ese negocio. También manejaron la extraña fuga del penal de los involucrados en esos asesinatos (hermanos Lanatta)

Los servicios trasmiten su sesgada información sobre 60 ex funcionarios kirchneristas a una casta de jueces federales. Esos magistrados ya optaron también por el cambio de bando. Por eso descongelan los expedientes que mantuvieron archivados durante una década. Con allanamientos, procesamientos y encarcelamientos cubren sus espaldas a un ritmo vertiginoso. Implementan los mismos procedimientos que utilizaron para proteger al kirchernismo. Mueven las causas que afectan a los popes del gobierno anterior y congelan las denuncias que involucran a la administración actual.

Antes demolían a los procuradores que investigaban a Boudou y ahora bloquean las acusaciones contra Pray Gay, que asesoró a muchos empresarios en los secretos de la fuga de capital.

Los medios de comunicación hegemónicos conforman otro pilar del relato en curso. Machacan día y noche con informaciones de Báez y López y silencian los oscuros negocios de Macri y sus allegados.

Los dueños de los medios retribuyen al gobierno su anulación de la ley de Medios. Han logrado preservar sus conglomerados sin incurrir en ventas o divisiones de las firmas. Por eso influyentes comunicadores (como Lanata) agradecen el socorro repitiendo el servilismo que tuvieron Neustadt y Grondona bajo el menemismo.

LOS DESFALCOS DEL OFICIALISMO

El gobierno utiliza las denuncias anti-K para desviar la atención de los tarifazos, la pobreza y la recesión. Esa campaña le permite ocultar, además, la monumental corrupción del propio oficialismo. La declaración de bienes de Macri no cierra por ningún lado. Proclama un patrimonio muy inferior a su fortuna real y expone ridículas justificaciones de sus empresas off shore. Es sabido que nadie constituye esas compañías por motivos lícitos. Fueron gestadas para evadir impuestos y fugar capital.

La mano derecha del presidente -el intendente Grindetti- formó otra off shore con fondos oscuros, durante su administración del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Un prontuario semejante afecta al grueso de los ministros, que compiten por el monto de sus fortunas localizadas en exterior.

El macrismo se arroga una curiosa limpieza en la gestión pública. Pero ha resuelto premiar a los grandes malversadores del fisco, con un blanqueo que consagra la impunidad de todos los desfalcos. El perdón fiscal beneficia ante todo a los propios CEOs que dirigen el gobierno. "No tenemos que escondernos más" confesó Macri en nombre de todos los evasores. Tal como ocurrió en España, el blanqueo exonera a los principales corruptos de las últimas décadas.

Esta inmoralidad complementa el escandaloso pago de comisiones a los banqueros que diseñaron el arreglo con los buitres. Obtuvieron 350 millones de dólares adicionales a ese contrato, revendiendo con aumento los bonos que emitieron a un valor reducido. Los ex empleadores de Prat Gat y su equipo (Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander) monopolizaron esa operación.

Pero lo ocurrido con el tarifazo es más bochornoso. Macri encareció el gas y la electricidad para favorecer al grupo de amigos que adquirió empresas y acciones de ese sector (Caputo, Mindlin, John Lewis). Sus cínicos sermones sobre el ahorro energético encubren ese negociado.

Mientras destapan todos los pormenores de la corrupción K, los principales medios ocultan estos fraudes de la administración M. Utilizan una doble vara para evaluar a Cristina y a Macri, omitiendo que el enriquecimiento ilícito afecta a ambos.

Cuestionan por ejemplo al matrimonio Kirchner, su inmoral utilización de los hijos para encubrir manejos fraudulentos. Pero la misma práctica ha sido corriente en la familia Macri. Afirman que Néstor y Cristina aprovecharon la política para llenarse los bolsillos y olvidan que el presidente consolida desde el poder las fortunas, que su grupo acumuló esquilmando al estado.

El doble estándar también se verifica en la naturalidad con que se discute si Cristina debe ir presa, sin considerar en cambio que Macri debería renunciar. En Islandia y España los altos funcionarios que ocultaron sus empresas off shore dimitieron. Allí siguieron las pautas que el macrismo publicita como conductas propias de los "países serios".

La duplicidad se extiende a la valoración de casos semejantes. A la vicepresidenta Michetti le perdonan el extraño manejo de un robo de 50.000 dólares facilitados por su novio. Ese individuo recibe contratos de publicidad oficial para actividades tan relevantes como la degustación de champagne. Por una situación semejante, la ex ministra Felisa Miceli terminó procesada y condenada.

Conviene recordar que la renuncia de Boudou era exigida por todos los medios, que ahora no se inmutan frente a las incontables anomalías de los funcionarios.

El gobierno está obviamente interesado en demoler al kirchnerismo para neutralizar a un adversario y afianzar su influencia en la clase media. Pero sólo el sector de Carrio promueve una purga intensa y la eventual repetición de la operación consumada por los golpistas brasileños contra el PT.

Los restantes componentes de la alianza oficialista son más cautos. Temen las consecuencias de un continuado desfile de kirchneristas por Comodoro Py. Esa exhibición pone en peligro el pacto de impunidad con justicialistas, gobernadores y renovadores que sostienen los proyectos legislativos del PRO. Macri ya maneja el gobierno y no necesita la mani pulite que utilizó Berlusconi para alcanzar ese cargo.

Cualquier investigación seria entraña, además, una seria amenaza para los negocios del oficialismo. Si se profundiza el entramado que rodea a López o Báez se llega rápidamente a los socios de Macri. Los des-manejos de contrataciones en la obra pública afectan directamente a Calcaterra y Caputo.

El gobierno preserva las mismas normas de contratación que objeta al kirchnerismo. Sólo impulsa una nueva legislación para blanquear el pasado y reordenar las trampas de la confidencialidad. En muchas áreas recurre al viejo truco de declarar "emergencias", para suplantar las licitaciones por las contrataciones directas.

Los escándalos que entretienen a los medios se han convertido, además, en una grave preocupación para la "patria contratista". Ese lobby sostiene al gobierno y prepara los emprendimientos que utilizará el macrismo en la publicidad electoral del 2017.

El mismo temor recorre a la Iglesia, que ha quedado muy escrachada con los bolsos de López. Salta la vista cómo la jerarquía eclesiástica de General Rodríguez participaba en los negocios del ex pope de la obra pública. La imagen de monjas ocultando dólares en un convento transformado en aguantadero financiero, no es muy alentadora para el obispado.

COIMAS Y LAVADO EN EL UNIVERSO K

Cualquiera sea la utilización oficialista de la corrupción imperante durante la década pasada, los datos de esas malversaciones son abrumadores. Lo que todos sospechaban ahora tiene corroboraciones contundentes. Mediante un sistema de coimas, la crema del funcionariado K acumuló enormes fortunas.

Los indicios de esta red salieron primero a flote a través del enriquecimiento de Jaime, que cobraba millonarios retornos desde la secretaría de transporte. El caso de Boudou confirmó esa pista. El vicepresidente nunca pudo explicar su intermediación en los cambios de propiedad de la Casa de la Moneda.

Esos antecedentes podían tomarse como casos individuales hasta que Báez destapó la existencia de un esquema de robo organizado, con el visto bueno de la presidencia. El personaje de Santa Cruz mutó en pocos años de simple empleado bancario a principal contratista de la obra pública provincial. Todavía no se ha estimado el monto de sus increíbles propiedades y cuentas bancarias, pero ya se sabe cómo forjó ese imperio.

Cobraba enormes sobreprecios por contratos para realizar obras, que en algunos casos ni siquiera empezó. Recibía dinero de proveedores ficticios que le otorgaban facturas truchas. Todos el dinero sustraído del presupuesto nacional era dolarizado y transferido a cuentas de Montevideo, Panamá o Suiza, a nombre de familiares y testaferros. Posteriormente con esas sumas se adquirían bonos del estado que se transformaban en propiedades o activos.

Este mecanismo de lavado ha sido publicitado como la "ruta del dinero K". Hasta ahora sólo se conocen algunos nombres de los involucrados en la estafa. Los ribetes cinematográficos que rodearon al apresamiento de López hacen olvidar su comando de ese sistema. Cumplía una doble función como otorgante de la obra pública y recaudador de las campañas de Néstor.

Es evidente que Báez, López y Fariña integraban una pandilla que está desamparada. Pero falta conocer los estratos superiores de esa red. Muchas investigaciones conducen a De Vido por la financiación de emprendimientos abortados (como el gasoducto del Norte). El ex super-ministro de la obra pública carga con un centenar de causas y puede perder la protección que le aseguran sus fueros parlamentarios.

Si la pesquisa del dinero mal habido continúa, también caería en desgracia el poderoso empresario Cristóbal López, que extendió su actividad de contratista al sospechoso negocio de los Bingos. Como maneja el principal de medios de comunicación opositor (C5N) y mantiene relaciones comerciales con un gran socio-rival de Macri (Tinelli), el oficialismo oscila entre crucificarlo y cooptarlo.

El gran problema del kirchnerismo es la estrecha conexión de Cristina con todos los acusados. Puede fácilmente descartar las maniobras montadas por el juez Bonadío para comprometerla en la causa de dólar futuro. Pero no le resulta sencillo explicar el manejo de sus empresas (Hotesur, Los Sacues) junto a varios personajes caídos en desgracia.

Cristina afirma que mantuvo relaciones comerciales usuales con Báez, pero no es normal que una presidenta alquile sus inmuebles al principal contratista de su provincia. Tampoco se entiende como un socio tan próximo acumuló semejante fortuna.

CFK niega tajantemente todas las sugerencias de participación en las propiedades de Báez y reclama una auditoría para esclarecer las dudas. Pero durante su mandato desechó 10 informe lapidarios sobre los sobreprecios imperantes en los contratos de Santa Cruz y algunas investigaciones posteriores en el sector de vialidad confirmaron esas estafas.

Lo más problemático es el enriquecimiento de la propia familia Kirchner. Los mismos jueces federales que archivaron las denuncias por el insólito crecimiento de esos bienes, ahora reabren la indagación, allanan propiedades, levantan el secreto fiscal y embargan las cajas de seguridad. Se estima que al cabo de 12 años el patrimonio del grupo se incrementó en 800%, con numerosas propiedades adquiridas a precios muy sospechosos.

Para colmo, todos los allegados de Néstor fueron agraciados por la misma cadena de la felicidad. Su ex secretario Daniel Muñoz apareció en la lista de empresarios off shore de Panamá con bienes por 65 millones de dólares. El ex chofer de Kirchner -Rudy Ulloa- es un poderoso capitalista con propiedades millonarias. El ex jardinero -Héctor Barreiro- también detenta empresas de gran porte.

Las vacilaciones de Cristina frente a esta catarata de denuncias ilustran el laberinto en que transita. Por momento reacciona asumiendo un alto perfil político, que le permite diluir la investigación de su riqueza. Pero en otras circunstancias opta por tranquilizar las aguas recortando su exposición pública. En cualquier caso afronta un dilema sin solución: el debate sobre la corrupción K ya es un tema insoslayable.

INSÓLITAS JUSTIFICACIONES

Los intelectuales kirchneristas intentan eludir el análisis de las acusaciones en danza. Recurren a los típicos lugares comunes de ese escape, convocando a la "investigación de la justicia" o afirmando que "no se puede condenar a nadie sin sentencia firme". Son los viejos argumentos que se han utilizado para garantizar la impunidad.

Especialmente Menen delegaba el problema en la justicia cuando estaba seguro de la complicidad de los magistrados. Si las causas dormidas se reabrían recurría al complemento de esa cobertura: la crítica a las imputaciones fabricadas por simple "persecución política". Con esas maniobras sólo los perejiles o los chivos expiatorios (como María Julia Alsogaray) terminaron en la cárcel.

Ciertamente las causas actuales están direccionadas para blanquear al macrismo y ensuciar al kirchnerismo, pero esta manipulación no anula la evidente corrupción de la década anterior, que los dirigentes K intentan disimular.

Afirman que no se debe ignorar "los logros de ese periodo", como si las mejoras democráticas o sociales conquistadas justificaran los desfalcos. Esos avances fueron aceptados por un gobierno que mantuvo todos los vicios tradicionales del robo al estado. La corrupción no desmiente, ni invalida lo conquistado. Simplemente transitó por otro carril.

Algunos dirigentes del kirchnerismo reconocen las estafas, pero entienden que "fueron casos excepcionales" o propios de "cualquier gobierno". Pero la escala y organización que de esos fraudes no es tan corriente y tampoco su invariable desemboque en la cúspide presidencial. Néstor y Cristina concentran las principales sospechas.

Esta peculiaridad torna muy difícil cualquier defensa. A diferencia de otros gobiernos progresistas latinoamericanos contaminados por la corrupción, lo ocurrido bajo el kirchnerismo no se limitó a las segundas líneas, ni tuvo sólo finalidades políticas. No se destaparon desvíos de fondos públicos para solventar campañas electorales o para financiar aparatos partidarios. Abundan los ejemplos de simple enriquecimiento personal.

Cristina ha sugerido la culpabilidad colectiva como justificación. Por eso responde a cada acusación con exigencias de investigación equivalente del macrismo y los contratistas del estado. Su mensaje implícito es que "todos roban" y "nadie es inocente" en el manejo del sector público.

Este chantaje ha servido en incontables ocasiones para garantizar pactos de impunidad, pero resulta inadmisible para cualquiera que participe en la vida política por convicción e idealismo. La extorsión es muy corriente entre los adinerados, pero debería ser inadmisible entre militantes populares e intelectuales progresistas.

El colmo de las justificaciones difundidas por el espectro K presenta a la corrupción como una necesidad del desafío a los poderosos. Esta tesis proclama que los desfalcos constituyen un ingrediente insoslayable de la construcción de un poder contrapuesto al establishment. Se supone que Cristina tuvo que aceptar esa desventura como un trago amargo de su propia epopeya.

Pero en este caso no hubo tolerancia a estafas de los subordinados, sino un sistema de coimas que enriqueció a la jefatura. En lugar de un robo para la corona hubo sustracción para el propio bolsillo.

Los justificadores desconocen, además, que la corrupción nunca confronta con los acaudalados. Al contrario, constituye una típica forma de ejercer la dominación. Salta a la vista que un funcionario estafador integra el bando de los saqueadores, cualquiera sea la camiseta que utilice para disfrazar esos fraudes.

El espectáculo de corrupción durante la década pasada genera desengaño entre los seguidores del kirchnerismo. Parte de ese desencanto se expresa en la pérdida de autoridad y capacidad de convocatoria de Cristina. Para la militancia es muy difícil digerir los millones de dólares que aparecen por todos lados.

Este impacto se refleja en el vaivén anímico de los intelectuales K, que recibieron con euforia el regreso inicial de CFK y ahora afrontan una aguda depresión. Algunos suponen que ese dolor será transitorio, pero otros registran la diáspora de legisladores, gobernadores e intendentes del comando de Cristina. Lo importante no son esos acomodamientos, ni los debates bizantinos sobre el "fin del kirchnerismo", sino comprender las razones y peculiaridades de los desfalcos recientes.

VARIEDADES DE CAPITALISMO

La corrupción es intrínseca al capitalismo y se alimenta de la estrecha relación que mantienen las clases dominantes con la alta burocracia. Los poderosos acumulan riquezas utilizando las garantías legales del estado y recurren también a la violación sistemática de esas normas. Un sistema basado en la competencia por maximizar el lucro potencia la codicia y empuja al enriquecimiento por cualquier medio.

Esta identidad del capitalismo con la corrupción se verifica en la entidad más representativa del sistema: el FMI. Los tres últimos directores de ese organismo están acusados de incontables irregularidades. Rodrigo Rato carga con imputaciones por manejo ilegal de las tasas de interés, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Dominique Strauss-Kahn añade a esas anomalías el acoso sexual. Christine Lagarde es señalada por el fisco francés como inspiradora de una estafa multimillonaria.

Lejos de ser una perversión del Tercer Mundo, la corrupción es una gangrena en todas las economías desarrolladas. Las grandes empresas suelen dictar cátedra de transparencia, mediante la difusión de rankings nacionales de honorabilidad. Pero es evidente que el propósito de esas campañas es la captura de mercados en disputa.

El circo de coimas que ha salido a flote en Argentina es la variante local de una enfermedad diseminada por todo el mundo. Ese flagelo asume contornos peculiares en cada país y momento. La corrupción de Macri sintoniza con los fraudes del neoliberalismo y los desfalcos de Kirchner con la cleptomanía que acompaña a la regulación neo-desarrollista.

El primer caso es muy afín a la desregulación financiera y a los negociados que incentivan los paraísos fiscales. Todos los funcionarios off-shore del macrismo son activos promotores del des-financiamiento del estado. Buscan aligerar la carga impositiva de las clases dominantes, para descargar todo el peso de la tributación sobre los trabajadores.

Macri retoma la vieja corrupción institucionalizada, tradicional y de guante blanco del establishment argentino. La Ceocracia que ubicó en todos los ministerios esquilma al estado como nunca.

El responsable oficial del área comercial comparte, por ejemplo, con los dueños de varios supermercados el mismo apellido Braun. Discute con ellos la fijación de precios en un clima de familia. El listado de funcionarios ubicados en los dos costados del mostrador es tan extenso, como ilustrativo de las estafas descaradas que administra el PRO.

Ciertamente el kirchnerismo también favoreció a grandes conglomerados y garantizó las pingues ganancias de Rocca, Eurenkian o Britto. Pero otorgó retornos inusuales a muchos grupos recién llegados al saqueo de las cuentas públicas. Mediante ese capitalismo de amigos apuntaló una corrupción berreta de bolsos y joyas, enterrados en bóvedas y cuevas. Las groserías de estos ladronzuelos han sido el blanco fácil de la prensa.

Cada modelo exhibe personajes representativos de sus estafas. López es el símbolo de la corrupción K. Manejaba el dinero en efectivo para proteger su inestable fortuna de las previsibles adversidades.

En cambio Melconian es el típico exponente de la inmoralidad macrista. Litigó junto a Griesa contra el estado argentino, para cobrar los bonos que adquirió durante el quebranto del 2001. Es un buitre premiado con la presidencia del Banco Nación, que declara un patrimonio millonario en el exterior.

Aranguren es otro exponente de la misma especie. Comanda el ministerio de energía sin desprenderse de 16 millones de pesos en acciones de Shell. Favorece descaradamente a su compañía otorgándole 7 de las 8 licitaciones de compras de gas a Chile, a un precio superior al promedio del mercado.

Ninguna acción contra la corrupción puede librarse sin denunciar los distintos modelos de fraude que imperan en el país. Todos son igualmente nefastos y congruentes con las adversidades que genera el capitalismo para las mayorías populares.

En este terreno no rige ningún principio de mal menor. No existen formas tolerables de corrupción del progresismo contrapuestas a las modalidades censurables del establishment. Es tan nocivo justificar a Cristina, como demonizarla para apañar a Mauricio.

La izquierda acumula, en este campo, una autoridad moral que ninguno de sus adversarios puede exhibir. Las organizaciones de ese signo se auto-financian y sus dirigentes cobran sueldos semejantes a cualquier trabajador. Estas normas de honestidad están incorporadas a una cultura militante, muy alejada de la codicia imperante entre los servidores del capital. La batalla contra la corrupción exige esa ejemplaridad y un compromiso persistente de lucha contra el capitalismo.