Estados Unidos se volvió una cascara vacía, cuando el Katrina golpeó. De hecho, estaba tan ausente que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), un laboratorio de la visión de gobierno de la administración Bush dirigido por corporaciones. En el verano de 2004, más de un año antes de que el Katrina golpeara, el estado de Luisiana solicitó fondos a la FEMA para desarrollar un exhaustivo plan de contingencia para el potente huracán. La petición fue rechazada. "La mitigación del desastre" —adelanto de medidas gubernamentales para hacer las consecuencias de los desastres menos devastadoras— fue uno de los planes destruidos por Bush. Sin embargo, ese mismo verano la FEMA concedió un contrato de 500.ooo dólares a una empresa privada llamada Innative Emergency Magnagement. Su trabajo fue idear un plan "para el desastre catastrófico del huracán para el sureste de Luisiana y la ciudad de Nueva Orleans".
Cuando golpeó el Katrina, la aguda división entre los mundos del Ochsner Hospital y el hospital Charity se plasmó, de repente, en el escenario mundial. Los económicamente seguros se fueron de la ciudad, se registraron en hoteles y llamaron a sus compañías de seguros. Las 120.000 personas en Nueva Orleans sin coches, que dependían del Estado para organizar su evacuación, esperaron una ayuda que un llegó, haciendo desesperadas señales de socorro o utilizando las puertas de sus frigoríficos como balsas. Estas imagines conmocionaron al mundo porque, incluso si la mayoría de nosotros nos habíamos resignados a las desigualdades cotidianas de quienes tienen acceso al sistema sanitario y cuyas escuelas tienen equipamientos dignos, aún había una extendida suposición de que en los desastres se supone que sería diferente. Se daba por sentado que el Estado, al menos en un país rico, acudiría en ayuda del Pueblo durante un cataclismo. Las imágenes de Nueva Orleans mostraban que esta creencia generalizada —que los desastres son un momento de pausa para el capitalismo feroz en el que todos tiranos juntos y el Estado pisa el acelerador— ya había sido abandonada y no había debate público.
Hubo un breve periodo de tiempo de dos o tres semanas en el que parecía que la inundaba Nueva Orleans provocaría una crisis en la lógica económica que había exacerbado enormemente el desastre humano con sus implacables ataques a la esfera pública. "La tormenta destapó las consecuencias de las mentiras y mistificaciones del capitalismo en un escenario y de repente", escribió el politólogo, nativo de Nueva Orleans, Adolph Reed Jr. Los hechos de esta revelación son bien conocidos: desde los diques que nunca se repararon al infradotado sistema de transporte público que fracasó, pasando por el hecho de que la preparación de la idea del desastre de la ciudad se estaba distribuyendo en DVD en los que se contaba al pueblo que, si el huracán venía, deberían salir de la ciudad.
Para algunos ideólogos del libre mercado, este espectáculo que el columnista del New Times califico como "lo que el gobierno no puede hacer" provocó una crisis de fe. "El derrumbe de los diques de Nueva Orleans tendrá consecuencias sobre el neoconservadurismo tan profundas como el hundimiento del Muro de Berlín lo tuvo sobre el comunismo soviético", escribió el de verdad arrepentido creyente Martin Kelly en un ensayo que se hizo circular mucho. "Con optimismo, todos aquellos que instaron a que la ideología siguiese, yo incluido, tendrán largo tiempo para considerar la equivocación de nuestros caminos." Incluso incondicionales neocons como Jonah Goldberg estaban suplicando un "gobierno fuerte" que acudiese al rescate: "Cuando una ciudad se está hundiendo en el mar y los disturbios proliferan, el gobierno, probablemente, debería hacerse cargo".
Ningún examen de conciencia se hizo notar en la Heritage Foundation, donde pueden encontrarse los verdaderos discípulos del friedmanismo. El Katrina fue una tragedia, pero como Milton Friedman escribió en su columna de opinión en el Wall Street Journal, era "también una oportunidad". El 13 de septiembre de 2005, catorce días después de que los diques se resquebrajaran, la Heritage Foundation fue la anfitriona de un encuentro de ideólogos de ideas afines y legisladores republicanos. Propusieron una lista de "Ideas pro libre mercado para dar respuesta al huracán Katrina y al alto precio del gas"; treinta y dos medidas en total, cada una, sin ningún rodeo, tomada del libro de estrategias de la Escuela de Chicago y todas ellas englobadas como ". Los tres primeros puntos fueron "suspender automáticamente la Ley Davis-Bacon sobre salarios prevalecientes en zonas de desastre", "una referencia a la ley que requiere que los contratistas federales paguen un salario digno; hacer de la zona completamente afectada una zona empresarial con un sistema impositivo de tipo único"; y "hacer de la región entera una zona de competitividad económica (con un sistema de incentivos fiscales completo y libre de regulaciones)". Otra exigencia recogía dar a los padres cupones para usar en las escuelas chárter. Todas estas medidas fueron anunciadas por presidente Bush en el plazo de una semana. Finalmente fue obligado a restablecer los estándares laborales, que sin embargo fueron ampliamente ignorados por los contratistas.
En Nueva Orleans, como en Irak, se explotó toda oportunidad de beneficio. Kenyon, una sección del megaconglomerado funerario Service Corporation International (uno de los más importantes donantes en la campaña electoral de Bush), fue contratada para recuperar los cadáveres de las casas y calles. El trabajo fue extraordinariamente lento y los cuerpos se derritieron al sol durante días. A los trabajadores de urgencias y agentes funerarios voluntarios locales se les prohibió intervenir en la ayuda porque recoger los cuerpos afectaba al terreno comercial de Kenyon. La compañía cobró al Estado, por término medio, 12.500 dólares por victima después de ser acusada de no poner adecuadamente las etiquetas a muchos cuerpos. Durante casi un año después de la inundación, todavía se seguían descubriendo en los desvanes cadáveres en estado de descomposición.
—Naomi Klein titular de la cátedra Miliband en la London School of Economics y es doctora en Derecho por la Universidad de King’s College, de Nova Scotia.
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