Contundente la declaración de Manlio Flavio Beltrones: "El sistema político mexicano está agotado". Lo dijo en entrevista concedida a Arturo Cano de La Jornada y publicada el pasada 24 de octubre, en la que se explayó en su visión crítica respecto de la perdida gobernabilidad del actual sistema para, en conclusión, ofrecer como alternativa su propuesta de conformación de gobiernos de coalición para el caso de que el candidato más votado no alcance al menos el 42% de los sufragios. En tal caso, propone, el dicho candidato tendría que formular un programa de gobierno previamente negociado con otros partidos en términos de ser incluidos como coaligados; tal proyecto de programa se sometería a la aprobación de las cámaras para, en su caso, alcanzar la condición de presidente electo. En el caso de que tal negociación de coalición fracasara y no lograra el respaldo suficiente se procedería, como última instancia, a una segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados. Han coincidido con esta propuesta expertos de la talla de Diego Valadez, entre otros.
En su diagnóstico, quienes impulsan esta alternativa, encuentran que la actual dispersión de partidos hace difícil que un presidente sea electo por más del 40% de los votos, siendo que las dos últimas elecciones han sido ganadas con sólo el 37 y 38%. En tal probable caso, el presidente no contaría con la legitimidad suficiente para gobernar, además de que tampoco tendría respaldo suficiente de su partido en el congreso. El diagnóstico es acertado pero creo que muy incompleto, no es suficiente para soportar una propuesta de la envergadura como la que se analiza.
Hay un punto que resulta nodal faltante en el diagnóstico y se refiere a la representatividad. Se habla de porcentajes de votos para la presidencia y de votos en las cámaras, que se suponen representativos de la voluntad popular. Las encuestas, todas, son coincidentes en la respuesta abrumadoramente negativa a la pregunta al ciudadano de si se considera representado en los diferentes órganos del gobierno, sean el presidente, los senadores o los diputados, en el nivel federal y sus correspondientes estatales y municipales. Siendo la nuestra una supuesta democracia representativa, la carencia de representatividad nulifica cualquier otro acomodo de los repartos entre fuerzas partidarias (que no políticas) de la estructura de gobierno; domina la mezquindad.
A esta condición contribuyen tres importantes vertientes: 1.- La designación, por mayoría de los votos de un distrito, del 60% de los diputados, siendo que un diputado ganador lo logra con poco más del 30% de los votos, dejando al otro 70% en condición de no representado; 2.- La aceitada práctica de la trampa y el fraude en los procesos electorales y la corrupción que ello implica, y 3.- La profunda disfuncionalidad del sistema de partidos.
Renglón aparte, y como el de mayor gravedad, el tema de la perversa suma de la indigencia y la ignorancia de la población mayoritaria, propiciada y aprovechada por quienes siempre se han visto privilegiados del poder. La historia es clara, los grandes cambios, Independencia, Reforma y Revolución, se hicieron con el concurso de sangre de la plebe, pero esta ha sido el convidado de piedra en la repartición de los frutos de los cambios. Posiblemente la Revolución inició sus gobiernos con un afán incluyente, mediante la educación, el reparto agrario y la salud, pero en el transcurso fue variando a excluyente y terminando en represión. Los intentos democráticos formales, la República Restaurada de Juárez, y el breve gobierno de Madero, chocaron siempre con la realidad muy al estilo de "Jalisco nunca pierde y, cuando pierde, arrebata" o la propia de la octogenaria sabiduría de Fidel Velázquez: "La Revolución se hizo con las armas, sólo con las armas nos la podrán arrebatar". La alternancia en el año 2000 no supo, no quiso o no pudo llevar a la transición democrática, incluso la ejerció en negativo; el 2006 mostró la radical decisión de cancelar la alternativa democrática, confirmada por la vía de la compra en el 2012. Cuando recibimos la titularidad de ciudadanos en el 2000, rápidamente fuimos convertidos en simples consumidores.
En estas condiciones, la propuesta en cuestión no es más que otro parche al agotado sistema, que no sólo no lo revivirá sino que, ciertamente, acabará por hundirlo. Por ejemplo, qué pasará cuando los partidos coaligados decidan separarse, tendría que hacerse una nueva elección, o mantener la coalición a base de corromper a los coaligados (pregúntele a Lula el costo).
Insisto que se requiere una transformación profunda, una cirugía mayor, para sacar adelante al país. Por una nueva Constitución de la República, ante la disfuncionalidad de la centenaria que hoy nos rige.
