Fue un año bastante convulso para Venezuela. Podríamos decir que a principios del 89, cuando ocurrió el “Caracazo” (27 y 28 F) con miles de muertos y heridos emergió la necesidad de transformación del modelo político-social que desde 1959 hasta finales de los 80 se impuso a través del bipartidismo adeco-copeyano, que se había propagandizado además como el ideal de la democracia en Latinoamérica.
Nadie puede olvidar que hasta entonces, apenas sólo en Cuba persistía la Revolución Cubana, desde 1959, como único sistema político contrapuesto al que en su “patio trasero” promovía Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Hacían 16 años que el “pinochetismo” instalado en 1973 a sangre y fuego en Chile, gozaba de excelente salud y el derrocamiento de Allende y sus 3 años de gobierno de Unidad Popular e infructuoso modelo de vía democrática al socialismo apenas permanecía en la memoria de algunos poco “izquierdistas trasnochados”, exiliados en su mayoría.
Tampoco se olvida que fue a finales de ese mismo año 89 pero finalizando (noviembre) con la caída del Muro de Berlín anunciaba el fin de un ciclo histórico que se inició después del 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la llamada Guerra Fría, entre Estados Unidos y la entonces poderosa U.R.S.S. Pero esto ocurría a más de 8000 km de distancia de Caracas, Océano Atlántico de por medio.
Lo que sí ocurrió geográficamente más próximo a la capital de Venezuela fue un hecho que no dejó dudas sobre la hegemonía de EE UU en el continente y confirmó la tesis que 160 años ya el visionario Bolívar expuso, cuando afirmó en carta a Patricio Campbell “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad”.
Fue la llamada Operation Just Cauce, el Presidente de EE UU George Bush (padre), autorizó la operación a los fines de: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar delito de tráfico de drogas, respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.
Fueron más de 500 muertos oficiales los que dejó la invasión a Panamá. Aunque extraoficialmente se habla de cifras cercanas a 4000 personas. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de unidades élites, de los comandos navales, del ejército y la 82 División Aerotransportada para la invasión. Panamá contaba con 12000 efectivos y una insignificante fuerza aérea. La Fuerza Aérea de EE UU probó un armamento de última generación, a través de los bombardeos furtivos F-117 Nighthawk y los helicópteros de combate AH-64 Apache, contra un ejército poco equipado. Sin embargo, el despliegue tecnológico no impidió las numerosas muertes de civiles e inocentes, especialmente ocurridos en el barrio El Chorrillo, que resultó incendiado y masacrado.
Pocos podían aún imaginar que en Venezuela, una década después, en la que fuera la cuna del Libertador de América, un “bolivariano” asumiría la jefatura del Estado y entraríamos en un ciclo histórico que abriría las compuertas para impulsar cambios profundos en un continente plagado de miseria y que hasta entonces fue patio trasero del imperio del norte.
Recientemente a poco de cumplirse los 29 años de este hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ha exhortado al gobierno de los Estados Unidos a resarcir a las víctimas de la invasión a Panamá, por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Operación Causa Justa.
