"La situación de Bolivia podría compararse con el caso de una persona que padece un cáncer. Esta sabe que se enfrenta a la intervención más peligrosa y dolorosa que existe (y la estabilización política y monetaria y otras medidas lo son sin duda). El uso del cáncer en el discurso político alienta el fatalismo y justifica las medidas ‘severas’, además de reforzar considerablemente la noción (ya generalizada) de que enfermedad es mortal de necesidad".
—En 1985, Bolivia pasó a formar parte de la ola democrática que barría en aquellos momentos el mundo en vías de desarrollo. Durante dieciocho de los veintiún años previos, los bolivianos habían estado sometidos a una forma u otra dictadura.
Bolivia afrontó sus históricas elecciones nacionales de 1985 en aquellas volátiles circunstancias, con una inflación anual de hasta el 14.000 %. Las elecciones fueron una contienda entre dos figuras familiares para los bolivianos: un exdictador, Hugo Banzer, Y un expresidente electo, Víctor Paz Estenssoro. La votación fue muy reñida y la decisión final correspondió al Congreso de Bolivia, pero el equipo de Banzer estaba convencido de haber ganado los comicios. Antes incluso de que se anunciaran los resultados definitivos, contrataron los servicios de un casi desconocido economista de treinta años llamado Jeffrey Sachs para que les ayudara a elaborar un plan económico antiinflacionista. Sachs era una estrella emergente del Departamento de Economía de Harvard que acumulaba diversos premios académicos y se había convertido en uno de los profesores titulares más jóvenes de aquella universidad. Unos meses antes, una delegación de políticos bolivianos había visitado Harvard y había visto a Sachs en acción: las bravuconadas de éste les había dejado impresionados. El joven profesor les había dicho que podía dar la vuelta a su crisis inflacionaria en un solo día. Sachs carecía de experiencia en el terreno de la economía del desarrollo, pero, según él mismo admitiría años más tarde, "creía que sabía todo lo que había que saber" sobre inflación.
Esos argumentos "confusos" eran los mismos que habían sido violentamente reprimidos en América Latina hacía una década y que consistían fundamentalmente en el convencimiento de que, para escapar de la pobreza, el continente necesitaba romper con las estructuras de propiedad coloniales mediante políticas intervencionistas como la reforma agraria, las protecciones y las subvenciones al comercio, la nacionalización de los recursos naturales y la gestión cooperativa de los centro de trabajo. Sachs no tenía tiempo para cambios tan estructurales. O sea que, si bien no sabía casi nada sobre Bolivia ni sobre su larga tradición de explotación colonial, ni la represión a la que se habían visto sometidos siempre el pueblo, ni sobre las conquistas que tanto esfuerzo había costado conseguir en la revolución de 1952, estaba convencido de que, además de hiperinflación, Bolivia era víctima del "romanticismo" la falsa ilusión de desarrollismo que una generación anterior de economistas formados en Estados Unidos había intentado erradicar del Cono Sur.
Para empezar, no hay que olvidar el problema obvio de que el presidente Paz no contaba con mandato alguno de los votantes bolivianos para rehacer por completo la arquitectura económica del país. Había concurrido a las elecciones con un programa nacionalista que había abandonado súbitamente por un pacto a puerta cerrada. Años más tarde, el influyente economista liberal John Williamson acuñaría un término para lo que hizo Paz en su momento: lo llamó la "política del vudú" (la mayoría del pueblo lo llaman simplemente "mentir"). Y ése no era, ni mucho menos, el único problema del relato que narraba la supuesta aceptación democrática del programa.
La izquierda boliviana calificaba el decreto de Paz de "pinochetismo económico". Pero para la comunidad empresarial, tanto la de centro de Bolivia como la del extranjero, se trataba precisamente de eso: Bolivia había introducido una terapia de shock de corte pinochetista sin necesidad de un Pinochet y bajo un gobierno de centro de izquierda, nada menos. Como un banquero boliviano comentó con admiración, "Paz ha logrado en el seno de un sistema democrático lo que Pinochet consiguió mediante las bayonetas". El país andino demostró que una terapia desgarradora como aquella seguía necesitando de ataques vergonzosos contra los grupos sociales incomodos y contra las instituciones democráticas. De ese modo, Bolivia proporcionó un modelo de Estado civil llevado adelante, no por soldados de uniforme militar, sino por políticos y economistas trajeados y parapetados tras el escudo oficial de un régimen democrático.
Se prohibieron las asambleas políticas y las manifestaciones, y se hizo obligatorio contar con un permiso estatal para celebrar reuniones. La política opositora fue ilegalizada en la práctica, como lo había durante la dictadura de Banzer. Para despejar las calles, la policía detuvo a 1.500 manifestantes, dispersó las multitudes con gas lacrimógeno y disparos sobre loa huelguistas que, según sus alegaciones, habían atacado a sus agentes. Paz tomó también medidas adicionales para asegurarse de poner definitivamente fin a las protestas. Los líderes de la federación sindical se declaron en huelga de hambre y Paz ordenó a la policía que arrestara a los doscientos dirigentes obreros más destacados, los subiera a bordo de unos aviones y los trasladara a prisiones remotas en la Amazonía. Según Reuters, entre los detenidos se encontraba "la dirección de la Confederación Obrera Boliviana y otros altos dirigentes sindicales". Se trató de un secuestro en masa, con petición de rescate incluída: los prisioneros serían liberados sólo si los sindicatos desconvocaban sus manifestaciones, algo a lo que finalmente accedieron. Filemón Escobar era un minero y un activista obrero y manifestante habitual en aquellos años. En una entrevista explicó, desde Bolivia que "arrancaron a los líderes obreros de las calles y se los llevaron a la selva para que los bichos los devoraran vivos. Para cuando los liberaron, el nuevo plan económico ya estaba plenamente instaurado".
Este estado de sitio extraordinario se mantuvo tres meses. Dado que la totalidad del plan se desplegó en sólo cien días, eso significa que el país estuvo confinado en una especie de celda colectiva durante el período decisivo de aplicación de la terapia de shock. Un año más tarde, cuando el gobierno de Paz procedió a efectuar despidos masivos en las minas de estaño, los sindicatos volvieron a salir a la calle y el ejecutivo respondió con la misma serie de dramáticos acontecimiento: se declaró el estado de sitio y dos aviones de las fuerzas aéreas bolivianas trasladaron a cien de los principales dirigentes sindicales del país a campos de internamiento en las llanuras tropicales de Bolivia. Esta vez, entre los líderes secuestrados se encontraban dos ex-ministros de Trabajo y un ex-senador (algo que recordaba la "prisión VIP" que Pinochet había instalado en el sur de Chile y adonde fue llevado Orlando Letelier).
—Pueblo boliviano, voltee pa’ tras, son las mismas mafias asesinas del 1985.
¡La Lucha sigue!
