Caen sin cesar las bombas sobre la franja de Gaza. El ejército israelí lanza toda su fuerza militar, y es mucha, sobre una población indefensa de más de 2 millones de personas encerradas, desde hace años, en la enorme cárcel en la que el bloqueo impenitente sionista ha transformado la hoy la franja. Los muertos se acumulan sin que la comunidad internacional haga algo más que pedirle a Israel que pare con su enésima carnicería. No se toman medidas, no se exige que se cumpla la legalidad internacional. Las manifestaciones en las calles de medio mundo, por cierto, nada pequeña en Madrid, claman el fin de la masacre y de la ocupación.
Las muertes de hoy tampoco "rendirán" a los palestinos. Al contrario, añaden más dolor y dificultan la salida política. El presidente Sánchez prometió, antes de serlo, que el reino de España reconocería a Palestina como un Estado con todos sus derechos. Es urgente que lo haga sin más dilación. Avanzar en la salida política que cierre el camino a la muerte, al apartheid, al oprobio que Netanyahu exhibe, requiere avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos del pueblo palestino y obliga, de una vez por todas, a tomar medidas económicas y políticas contra el actual Estado israelí.
Juana Ruiz Sánchez (Juani) es la cooperante española de los Health Work Committees, que, con más de 30 años en Palestina, sigue presa del ejército de Israel. El gobierno español debe redoblar todas las medidas para conseguir su inmediata libertad.
Lo vemos, los gobiernos se reúnen, pero no resuelven, tampoco en Colombia. La potente movilización derrotó la reforma impositiva del ministro de Iván Duque, pero la movilización, no solo no se ha detenido, sino que ahora ha desembocado en una crisis de una envergadura desconocida en los últimos tiempos en dicho país. De igual forma como antes lo hizo a propósito de Palestina, la calle ha hablado. Las manifestaciones por todas partes del mundo son grandes y reclaman medidas democráticas y económicas que metan mano a los ricos y pongan en cintura a la policía el ejército y los paramilitares. El gobierno de Sánchez tiene también aquí que defender los derechos de la población atropellada y baleada. De un lado, con la presión diplomática, del otro, admitiendo a trámite las solicitudes de protección internacional de los colombianos que llegan a España y ahora son rechazadas sistemáticamente.
El sábado hizo 10 años del 15M. En las plazas se buscó esa democracia y esos derechos que el giro neoliberal de la segunda legislatura de Zapatero nos quitaba usando para ello las estructuras de un régimen (el del 78) que, desde entonces, ha demostrado ser mucho más útil al poderoso que a la mayoría de la población.
Ese movimiento de masas decayó, pero las duras condiciones de vida que la pandemia nos está dejando lo traerán, en algún momento, de vuelta otra vez. Y, cuando se produzca, de nuevo lo hará con aires de fraternidad republicana. Esa que ahora nos exigen la defensa de los derechos del pueblo Palestino y Colombiano.
