Argentina afronta nuevamente enormes vencimientos de una deuda externa que no puede saldar. El país ha quedado otra vez entrampado en la conocida secuencia de compromisos que desbordan su capacidad de pago. Esa asfixia financiera generada por los poderosos agobia a las mayorías populares.

Pero el repetido peligro de una cesación de pagos presenta esta vez una modalidad diferente al formato tradicional. El acreedor comprometido con los vencimientos del país no es un banco o un fondo de inversión, sino el propio Fondo Monetario Internacional.

UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL

La deuda con los financistas extranjeros privados fue refinanciada el año pasado, mediante el canje de viejos bonos incobrables por nuevos títulos igualmente impagables, pero con fechas más prolongadas de cancelación. Quedó pendiente la voluminosa cuenta con el FMI, que involucra casi 48.000 millones dólares, a desembolsar en tres cuotas durante el próximo trienio. El país no está en condiciones de afrontar un mínimo porcentual de esa obligación.

Esa monumental deuda contraída por el gobierno de Macri no sirvió para construir un sólo puente, escuela u hospital. Todo el dinero prestado salió el del país con la misma velocidad que ingresó, mediante vertiginosas transferencias a los principales capitalistas locales. Esa malversación del crédito en una fuga de capital, está explícitamente prohibida por las normas que rigen las operaciones del FMI con sus miembros.

En la renegociación se intenta ocultar una estafa que compromete a las autoridades del Fondo, al gobierno anterior y a los beneficiarios del fraude. Las pruebas del delito están a la vista y han sido expuestas por un informe del Banco Central, que detalla montos y empresas favorecidas por el desfalco. El propio Macri confesó recientemente que derivó gran parte de ese préstamo a bancos "atemorizados por triunfo del kirchnerismo". Con ese sincericidio confirmó la utilización de los fondos, para un destino explícitamente prohibido por el contrato.

La lista de las empresas que recibieron el crédito e inmediatamente lo transfirieron a sus guaridas del exterior ya ha sido elaborada por una investigación del Banco Central que se filtró a la prensa.

La cúpula del FMI responsable fue desplazada del organismo para enmascarar la flagrante anomalía de un crédito, que no fue otorgado a ningún otro país. Argentina obtuvo ese dinero por la presión ejercida por Trump a fin de solventar la frustrada reelección de Macri. Esa grosera violación de los estatutos del FMI ha desencadenado una crisis aún irresuelta en la cima del organismo. Lagarde fue reemplazada por Georgieva, pero persisten fuertes disidencias en la forma de gestionar el escándalo.

Mientras define cómo cobrar la enorme suma dilapidada el Fondo exhibe una imagen más benévola. Con ese manejo de las relaciones públicas, intenta disimular el peligro de un inédito default al propio organismo.

Existe una larga lista de países que no han cumplido en fecha sus obligaciones con el FMI. Pero esas postergaciones siempre fueron ocasionales, se renegociaron o involucraron a pequeños deudores. La situación creada con Argentina difiere de esos antecedentes porque el país recibió en tiempo récord, el mayor préstamo individual en la historia reciente del organismo. El acreedor carga en este caso con una deuda explosiva. Si Argentina incumple, el Fondo deberá afrontar una seria turbulencia interna.

El gobierno de Fernández y la oposición derechista han buscado reducir la visibilidad de este gravísimo problema. Evitaron el tema durante la coyuntura electoral, pero no pueden soslayar definiciones frente a los próximos vencimientos del pasivo.

ENGAÑOS Y DISPARATES DE LA DERECHA

Los dirigentes de Cambiemos promueven la acelerada refinanciación de los compromisos con el FMI, aceptando las condiciones exigidas por el organismo para posponer los pagos. Macri, Vidal y Larreta no ignoran todas las anomalías de ese crédito, pero reafirman su conveniencia destacando que "el FMI auxilió al país" en una emergencia financiera. Presentan la oprobiosa estafa como un generoso socorro de Washington.

Con esa inversión de los hechos pretenden ocultar el monumental fracaso de su gobierno. Macri inauguró su gestión con la liberación del mercado cambiario y financió en forma alocada el gasto corriente, mediante un colosal endeudamiento en dólares. Afirmaba que la "confianza" internacional en su gestión garantizaba la continuidad de ese explosivo mecanismo.

Durante el 2016-2017 transformó al país en el principal contratante de créditos del planeta. Pero a principios del 2018 los prestamistas intuyeron el riesgo de la aventura y cortaron abruptamente la financiación. En un dramático escenario de encarecimiento del crédito, tensión bancaria y cepo cambiario, Macri recurrió desesperadamente al FMI y obtuvo el sostén de la Casa Blanca.

Es totalmente falso, que utilizó ese socorro para refinanciar deudas anteriores. Su propio ministro de Economía (Dujovne) reconoció que recibió una administración desendeudada y con bajos compromisos externos. Tomó dinero del Fondo para cubrir los agujeros generados por la propia bicicleta financiera de altas tasas de interés, que montó para solventar las erogaciones del estado. No destinó un solo dólar a iniciativas productivas. Con el derroche que perpetró se podría haber reconstruido el grueso de la infraestructura del país.

La derecha afirma que la crisis del endeudamiento fue precipitada por la "falta de confianza" que rodeó al retorno del kirchnerismo. Pero omite que ese mal afectó con mayor intensidad a su propia gestión. La fuga de capital alcanzó un inédito récord de 86.200 millones de dólares entre enero de 2016 y octubre de 2019 e involucró a la mitad del total prestado por el FMI. La mentada carencia de "confianza" no suele penalizar a ciertos políticos a favor de otros. Simplemente refleja el descreimiento capitalista en la capacidad de pago de los distintos gobiernos.

Durante la gestión de Macri persistió la generalizada radicación en el exterior de las ganancias obtenidas dentro del país por los principales grupos empresarios. Esa sustracción de recursos ya alcanza un monto sideral de 336.000 millones dólares reconocidos y una cifra adicional desconocida. Ese drenaje descapitaliza a la economía y recrea el estancamiento.

Como esta deslocalización involucra a los segmentos más enriquecidos de la clase dominante, Argentina ocupa el tercer lugar (luego de Rusia e Inglaterra), en el ranking de países con fortunas expatriadas en los paraísos fiscales. Nueve de las diez familias más acaudaladas figuran en los Pandora Papers, que recientemente destaparon la titularidad de esas tendencias.

Macri no revirtió esa tendencia porque desde hace décadas encabeza la fuga de capital. Su familia figuró en el listado anterior de millonarios con fondos depositados en las guaridas fiscales (Panamá Papers). Además, todos sus ministros declararon más propiedades e inversiones en otros partes del mundo que en el propio país.

El endeudamiento público de Argentina volvió a expandirse, con la práctica de manejar al estado como un mecanismo de resguardo de grandes patrimonios en el exterior. La clase dominante complementa con esa conducta su baja inversión, reducida competitividad y elevada remarcación de precios.

Es falso que la deuda se ha tornado incontrolable por el "desbordante gasto público" de los gobiernos "populistas". Ese repetido slogan omite precisar el destino de las erogaciones. El grueso de los recursos del estado subsidia los negocios de los enriquecidos. El gasto social involucra una suma muy inferior al total capturado por los dueños del poder.

La derecha presenta al endeudamiento como un problema ajeno que podría resolver en "5 minutos". Macri prometió erradicar la inflación a esa misma velocidad y cerró su gestión con un récord de carestía. Auguró una "lluvia de inversiones" que dio lugar a la mayor retracción productiva de las últimas décadas.

Ahora propicia un expeditivo acuerdo con el FMI sin especificar los compromisos que asumiría en ese arreglo. Si repite lo negociado con los Fondos Buitres, el país se desembolsaría de entrada 15 mil millones de dólares para congraciarse con los acreedores.

Vidal propone retomar el endeudamiento para solventar las dificultades de pago con el FMI. No aclara las tasas, plazos o garantías de ese insólito crédito privado, para saldar pasivos con un organismo internacional. Propicia una aventura que resultaría más inmanejable que la propia refinanciación con el Fondo.

La derecha propaga esos disparates en los medios de comunicación, con la misma liviandad que promete reactivar la economía retomando el endeudamiento. Afirma que el propio crecimiento reducirá el peso porcentual del pasivo, olvidando cómo la carga de acreencias que arrastra el país obstruye ese despegue.

Las economistas de la derecha repiten tonterías mientras actúan como voceros directos del FMI. Comparten ese rol con el nuevo embajador de Estados Unidos, que debutó en su cargo con insultantes declaraciones hacia el país ("Argentina es un lindo bus turístico al que no le andan las ruedas"). Marc Stanley despliega esa altanería a nombre del Fondo para forzar la rendición del oficialismo, ante su principal acreedor.

ILUSIONES Y COMPROMISOS DEL OFICIALISMO

El gobierno ha denunciado las anomalías del crédito concertado por Macri y es consciente de sus dramáticas consecuencias. Recurre a términos muy altisonantes para calificarlo ("deudicidio") y a impactantes promesas sobre el manejo del problema ("no nos arrodillaremos ante el FMI).

Pero hasta ahora sólo ha buscado ablandar las exigencias del gran acreedor, apostando a la sensibilidad del poder internacional. Fernández realizó varias giras por el Primer Mundo, se reunió con los principales mandatarios, publicitó fotos, abrazos y sonrisas, comprometió al Papa y halagó a Giorvieva.

Pero también Macri desplegaba un intenso activismo diplomático y recibió bofetadas de los financistas. Ninguna galantería conmueve a los gobernantes del planeta y el FMI es particularmente inmune a esas cortesías.

La cúpula del Fondo no ensaya actualmente una cara más amable por remordimientos con Argentina. Se sumó a la monumental inyección de liquidez que propiciaron las grandes potencias para gestionar la pandemia. Pero ese aflojamiento sólo atemperó coyunturalmente las obligaciones de la periferia endeudada. En la renegociación de esos compromisos el FMI exige los ajustes de siempre. Recientemente impuso por ejemplo a Ecuador, fuertes aumentos de tarifas y drásticos recortes del gasto social.

Fernández supuso que Argentina recibiría un trato preferencial e incluso imaginó la posibilidad de una condonación o quita de capital, semejante a los canjes acordados con los acreedores privados. El FMI no sólo rechazó esa eventualidad, sino que propició la acelerada reestructuración de títulos con los bonistas de ese sector, para reafirmar su status de acreedor privilegiado.

El gobierno tanteó también un compromiso del Fondo con la publicitada conversión de deuda pública por obligaciones climáticas de la periferia, pero el FMI pospuso esa posibilidad. La sustitución de viejos títulos nacionales por nuevos bonos verdes es por el momento un acotado experimento en las finanzas internacionales.

La mayor apuesta oficial estaba centrada en la extensión a 20 años de los inminentes vencimientos. El FMI descartó esa prolongación y sólo acepta posponer el plazo actual (3 a 5 años) por otra temporalidad igualmente agobiante (4 a 10 años). De esa forma afloja muy poco la soga sobre el mismo cuello. Se postergará un monto impagable a partir del 2022 por una obligación imposible de abonar desde el 2026. En ese momento habrá otra negociación con mayores exigencias de cobro.

El FMI sólo acepta discutir la sobretasa de 1000 millones de dólares que se recargó en el crédito por su exorbitante volumen. El organismo violó su estatuto y le impuso al deudor un cargo adicional por esa anomalía. Ahora revisaría esa punción para legitimar toda la operación. La sobretasa es igualmente un monto muy bajo en comparación al total de pagos involucrados en ese crédito.

El gobierno ya sugiere su conformidad con esa concesión y presentaría como un logro de la negociación. El mismo éxito le asigna al eventual compromiso del organismo con cambios en el nuevo contrato, si en el futuro la institución introduce normas más contemplativas. Esta insustancial promesa no modifica en un ápice las nuevas obligaciones que contraerá el país.

La fogosa retórica oficial contra el objetado crédito contrasta con el puntilloso cumplimiento en el pago de los intereses. El gobierno ya abonó 4.604 millones de dólares y en diciembre pagará otros 1.900 millones.

Fernández desechó la gran oportunidad para revertir esa sumisión, cuando Argentina (al igual que todos los socios del FMI) recibió la cuota correspondiente a la ampliación del capital de esa entidad. Algunas voces del oficialismo propiciaron destinar al gasto social esos 2.311 millones de dólares nominados en DEGs. Esa suma habría permitido otorgar, por ejemplo, una asignación adicional de 50.000 pesos de IFE a 3,7 millones de personas. En lugar de concretar esa mejora, el gobierno optó por devolverlos al Fondo como parte del pago de la deuda legada por el marcismo. La propia Cristina fue vocera de una decisión, que complementó con otros mensajes de resignada aceptación de la estafa.

La investigación de ese fraude está paralizada, luego de un veredicto que el Banco Central emitió en tiempo récord. La lista que elaboró esa entidad de las empresas beneficiarias con la conversión del crédito en fuga de capital, duerme en los tribunales.

En el mismo laberinto está cajoneada la querella criminal contra Macri y sus cómplices (Dujovne, Caputo, Sturzenegger, Sandleris) por el desfalco cometido con el mega-crédito. Los 20 años que arrastra la irresuelta estafa que realizó el ex presidente con el Correo ilustra el destino de esos pantanos judiciales.

Pero el silenciamiento de lo ocurrido con el préstamo del FMI también obedece a compromisos del oficialismo con sus socios capitalistas. La transferencia del discutido crédito a paraísos fiscales involucra a varios grupos allegados al gobierno (Eskenazi, Petersen, Filiberti, Benedicto, Héctor Cruz Achával). Por esa razón la negociación con el Fondo también incluye un salvoconducto para ese grupo sostén del Frente de Todos.

LA FANTASÍA DE CRECER, DISTRIBUIR Y PAGAR

El gobierno afirma que negocia un acuerdo que "nos permita seguir creciendo". Sostiene que ese convenio favorecerá a ambas partes, al facilitar los pagos futuros con la previa expansión de la producción y el consumo. También asegura que en la pulseada con el Fondo no resignará la prioridad del gasto social.

Pero nunca aclara cómo logrará esos objetivos. Es evidente que los recursos transferidos a los acreedores se sustraen de la acumulación local, obstruyendo tanto el incremento sostenido del PBI como su redistribución con criterios de progresividad.

La gestión económica del 2021 ya anticipó las consecuencias del ajuste negociado con el FMI. Durante este año fue introducido un severo torniquete fiscal, para comenzar a encarrilar las conversaciones con el acreedor. Ese apretón comenzó con un cambio en la fórmula de indexación de las jubilaciones. Todos los engaños difundidos para justificar ese recorte fueron recientemente desenmascarados por la diputada Vallejos, que describió cómo fue inducida a votar una ley que afectaba en forma premeditada al sector pasivo.

El ministro Guzmán forzó en los primeros seis meses del año una reducción del déficit primario. Ese porcentual no sólo fue drásticamente inferior al imperante en el 2020, sino también al promedio del 2016-2017. El recorte fue consumado mediante la generalizada sub-ejecución de partidas y se suprimió el IFE cuando aún persistía el impacto de la pandemia. El presupuesto del 2022 -ya diseñado pero aún no votado- persiste con ese lineamiento de menos de lo mismo.

Esta gran restricción de gastos salió a flote luego del tsunami electoral de las PASO. Muchos sectores del kirchnerismo culparon a Guzmán por el enojo de los votantes y exigieron un inmediato aflojamiento del cerrojo a las erogaciones del Estado. Hubo autocríticas, promesas de cambio, llamados a escuchar al electorado y convocatorias a "mejorar el bolsillo de la gente". Pero la canilla del gasto social siguió goteando al mínimo y los incrementos dispuestos en las jubilaciones, el salario mínimo y la AUH han quedado nuevamente licuados por la inflación.

La inflexibilidad de Guzmán está motivada por las tratativas con el FMI. Como todos los economistas del poder juega con los números y la discrecionalidad de las interpretaciones. Afirmó que el déficit fue reducido milagrosamente sin ningún recorte y por el mero efecto del incremento de la recaudación o la postergación de vencimientos con los acreedores privados. Pero omitió que incluso en ese caso el estado forzó un ahorro destinado a saldar la deuda con el FMI.

Lo ocurrido durante el 2001 demostró que la economía puede rebotar, sin ninguna mejora para las mayorías populares. Esa desventura obedece a las restricciones que impone la negociación con el Fondo. La expectativa de crecer, distribuir y pagar al gran acreedor no tiene hasta ahora ninguna correspondencia con la realidad. ¿Cambiará ese escenario en el futuro?

UNA HIPOTECA PARA VARIAS GENERACIONES

Cualquier acuerdo con el FMI quedará regido por la norma de generar un creciente superávit comercial, que provea al Estado de las divisas adquiridas con el excedente fiscal. Con esos recursos se pagarán intereses de una deuda periódicamente renegociada e invariablemente impagable.

Guzmán negocia con Giorgieva los ritmos, plazos y montos de esa infernal atadura. En lo inmediato el Fondo exigirá mayor equilibrio de las cuentas públicas, a través del incremento de las tarifas y la devaluación. Demandará que el Estado recorte los subsidios que otorga a las empresas de luz, gas o transporte, para mantener el precio de esos servicios por debajo de la inflación. Esas tarifas han subido menos del 10% frente a una carestía que bordea el 50%. Un desfasaje mayor se verifica entre el tipo de cambio oficial y su equivalente en el mercado paralelo.

Durante el 2021 los precios se han desbocado con las tarifas prácticamente congeladas y la paridad cambiaria cuasi inmovilizada. La inflación escaló por la presión de los agro-exportadores y el complejo alimenticio, que intentan equiparar la cotización interna de los alimentos con su apreciación internacional. Ya han ganado fortunas con una remarcación que destruye la mesa de los argentinos. Si esa andanada inflacionaria es potenciada por el ajuste de las tarifas y el tipo de cambio que reclama el Fondo, el empobrecimiento de la población no tendrá piso.

Con el promedio actual de carestía, la pobreza se ha expandido al 42% y la indigencia al 10%. El desplome del salario persiste y ya acumula una terrible pérdida del 20,1% desde el 2015. El gobierno no explica cómo revertirá ese escenario suscribiendo el acuerdo con FMI. Esos convenios invariablemente entrañan nuevos ajustes.

El oficialismo promete resguardar la tasa de crecimiento. En el 2020 Argentina sufrió una caída del PBI (10%) muy superior al promedio internacional o regional. Ese desplome fue consecuencia de la total orfandad de recursos que dejó la previa gestión del macrismo. No hubo reservas, ahorros, ni forma de financiar las erogaciones exigidas por el "Gran Confinamiento".

Ahora que la economía rebotó, el acuerdo con el Fondo amenaza introducir un nuevo techo a la recuperación. Si el gobierno logra posponer los pagos, podría quizás evitar la recaída del PBI. Pero será empujado a acordar algún inicio de las "reformas estructurales" que demanda el FMI.

La drástica amputación de los derechos laborales es el principal cambio de mediano plazo que exige el Fondo. Ese recorte no figura en la agenda inmediata, pero sobrevuela todos los pasos que seguirán a esas tratativas.

Los derechistas de Cambiemos preparan el clima de ese atropello, publicitando la conveniencia de flexibilizar los contratos y eliminar las indemnizaciones. Prometen alentar una rápida generación de empleo, olvidando lo ocurrido durante el menemismo. Esa gestión pulverizó las conquistas laborales, sin ninguna contrapartida en la creación de puestos de trabajo. Los capitalistas simplemente incrementaron la tasa de explotación, sin aportar ninguna inversión multiplicadora del empleo. Esa ampliación de puestos de trabajo no ha requerido alteraciones en la vida laboral, en las coyunturas de expansión del mercado interno y el poder adquisitivo.

El FMI no toma en cuenta esos resultados. Busca cobrar sus acreencias mediante la aplicación de las recetas neoliberales. Por eso presionará al gobierno para que profundice el desmonte de una legislación laboral conquistada al cabo de una centuria de luchas. La forma de conversión de los planes sociales en empleo será la primera pulseada en ese delicado terreno.

El Fondo exigirá también que Argentina incremente sus exportaciones agro-mineras. De allí emergen los dólares destinados a pagar la deuda. Reforzar esa primarización del país es una prioridad del gran acreedor de Washington.

El FMI retomará, además, las auditorias periódicas del Ministerio de Economía. La misma conducción kirchnerista que en el 2005 saldó los pasivos con ese organismo para liberar al país de esos controles, ahora se dispone a restaurar ese dominio foráneo de la contabilidad nacional.

El nuevo acuerdo encadenará a varias generaciones de argentinos a una pesadilla sin fin. Es el mismo destino que ha padecido Grecia en la última década y que nuestro país conoce desde los empréstitos suscriptos en el siglo XIX con la firma Baring Brothers. El FMI priorizará sus propios cobros, pero también garantizará el puntual cumplimiento de otras infames acreencias, como el bono a 100 años que emitió el financista predilecto de Macri (Caputo). La nueva hipoteca tendrá consecuencias lapidarias para el país.

ALTERNATIVAS SILENCIADAS POR LA CAMPAÑA DEL MIEDO

El sombrío panorama que augura el endeudamiento argentino induce a reconsiderar la conveniencia de suspender los pagos de intereses, para retomar la investigación del fraude y redefinir la relación con el FMI. Esa alternativa es frontalmente impugnada en los medios de comunicación, como un suicidio equivalente al fin del mundo.

Las objeciones no abundan en argumentos sino en imágenes de catástrofe. La derecha resucita viejas campañas del miedo para invalidar la discusión sobre alternativas contrapuestas al curso actual. Descalifica esas opciones sin considerar sus antecedentes, ni balancear los riesgos, las adversidades o las conveniencias que entraña. Esa ceguera es habitual entre conservadores acostumbrados a favorecer a los poderosos, pero es más novedosa dentro de oficialismo.

Los voceros del gobierno convalidan la negociación actual no sólo endulzando su contenido. También rechazan un camino alternativo, propagando los mismos mensajes de espanto que difunde la derecha. El principal argumentador de las posturas oficiales ha descripto reiteradamente las aterradoras consecuencias de un rechazo de la deuda.

Pero en sus escalofriantes advertencias suele omitir el familiar antecedente legado por la propia gestión de Néstor Kirchner. Ese gobierno fue precedido por una cesación de pagos proclamada en el Parlamento, que se prolongó durante los cinco primeros años de esa administración.

Durante ese lapso rigió un alivio de erogaciones externas que facilitó la recuperación de la economía. En el canje posterior de títulos que sucedió a esa tregua, los bonistas aceptaron un significativo recorte, a tono con la desvalorización que afectó a sus papeles durante el prolongado impago.

Este antecedente ilustra que un default no desencadena la catástrofe. Suele más bien irrumpir como consecuencia de un previo colapso financiero. En la experiencia del 2001-2006 contribuyó a la recuperación productiva por la simple suspensión de los pagos pendientes. Este caso retrata un ejemplo de numerosas experiencias internacionales de drástico reordenamiento del endeudamiento.

Santoro omite un antecedente tan próximo porque está imbuido del pánico que la derecha ha logrado introducir en el oficialismo. Ese sometimiento distingue el escenario político actual del imperante en el 2001-02, cuando los políticos tradicionales estaban atemorizados por el levantamiento popular. Por eso razón declararon enfáticamente desde el Congreso un default de la deuda, que ahora no se atreven siquiera a sugerir.

Actualmente detallan todas las desventuras que acompañarían a la suspensión de pagos, sin mencionar las adversidades que entraña el sendero en curso. Por esa omisión, el infierno queda unilateralmente situado en un sólo camino, ocultando los padecimientos que impondrá el rumbo concertado con el FMI. Esas penurias pueden quedar coyunturalmente atenuadas si se logran posponer los próximos vencimientos. Pero el ajuste será un dato de los próximos años por la simple renegociación forzosa y permanente del pasivo.

El oficialismo rehúye constatar que Argentina está entrampada en el círculo vicioso de la deuda. Para pagar sus compromisos debe generar un inalcanzable superávit comercial y fiscal. Ese incumplimiento deriva en mayores exigencias de ajuste, menores ingresos y decreciente capacidad de pago, que a su vez obligan a suscribir convenios más adversos de refinanciación. Esa interminable calesita aprisiona al país.

Dos cálculos recientes ilustran este asfixiante callejón. Si en la negociación actual el FMI concede cuatro años de gracia y se reinician los pagos en el 2026, la confluencia de vencimientos de los títulos canjeados a los bonistas privados exigirá una corriente de pagos de 12.000 millones de dólares al año. Argentina no tiene a menor posibilidad de reunir ese monto. Otro cálculo eleva esa suma a una cifra más inalcanzable de 16.500 millones de dólares.

El enmascaramiento oficial de esta dura perspectiva ya fue anticipado en el acuerdo del 2020 de canje de títulos con los acreedores privados. En ese momento se cuantificaron los "ahorros" logrados en el pago de una deuda que nadie revisó. También se proclamó la "sustentabilidad" de una refinanciación incumplible. No había ninguna necesidad de implementar ese canje en plena la pandemia y no hay ninguna urgencia real de suscribir ahora el acuerdo que se negocia con el FMI.

OPCIONES EN UNA COYUNTURA FAVORABLE

Los economistas heterodoxos prenden las alarmas contra las alternativas propuestas por la izquierda. Afirman que ese camino obstruirá la captación de nuevos préstamos, desencadenará inmanejables tensiones financiero-cambiarias y afectará por décadas la credibilidad crediticia del país.

¿Pero esas adversidades no se verifican en la actualidad? ¿No repiten lo sucedido en incontables circunstancias anteriores? ¿Las convulsiones aludidas derivan de actitudes sobernas o de la sumisión a los acreedores? La legitimación de una deuda fraudulenta olvida la historia de Argentina y no detecta la oportunidad para transitar por un camino diferente.

El país cuenta con importantes márgenes para suspender los pagos de intereses, revisar el pasivo y discriminar entre compromisos válidos y fraudulentos. Puede al mismo tiempo mantener las relaciones comerciales y financieras necesarias para garantizar la reactivación de la economía.

En el contexto actual de aislamiento crediticio, la penalización financiera externa no tendría implicancias superiores. La canilla de préstamos está cerrada y las excepciones se tramitan a altísimas tasas de interés. El rechazo a las exigencias de FMI no modificaría esta adversidad legada por las aventuras del macrismo.

Tampoco tendrían gran impacto los juicios en el exterior que podrían entablar los acreedores para embargar los bienes del estado. Argentina ya transitó varias veces por ese laberinto y el monto de esos activos es bajo en comparación a los pagos demandados.

La amenaza de boicot comercial tiene poca credibilidad, si se observa la cartera de clientes del país y el tipo de bienes exportados. No existe ninguna razón para que China reduzca sus compras de soja o carne, mientras dura la confrontación jurídica con el FMI por la ilegitimidad de la deuda que pretende cobrar. Tampoco los valorizados insumos básicos que Argentina ofrece en el mercado mundial perderían atractivo o competitividad por esa controversia con el Fondo.

Es cierto que el país necesita dólares para su desenvolvimiento, pero carece de esas divisas por su malgasto en indebidos pagos de la deuda, o por su mera sustracción del circuito productivo. La firmeza frente al FMI no debería afectar la afluencia de esos recursos, en el contexto actual de gran superávit comercial.

Los términos de intercambio exhiben los indicadores más favorables de últimos veinte años y el volumen de las exportaciones se expande con su apreciación, frente a una oleada contraída de importaciones al cabo de varios años de recesión. Además, el tipo de cambio actual induce un gran aluvión de visitantes extranjeros, con poco movimiento opuesto de turistas argentinos en el exterior.

Es igualmente realista suponer que una pulseada con el FMI acentuará la demanda de dólares, que actualmente obedece a un generalizado pronóstico de devaluación. Sin embargo, el impugnado control de cambios (cepo) -que el marcrismo debió introducir y el gobierno mantiene- ha limitado drásticamente los canales de adquisición de la divisa.

La restricción al ahorro individual (con el tope de 200 dólares) ha sido en gran parte naturalizada, sin provocar ningún colapso de la sociedad. El perfeccionamiento de esas modalidades de control permitiría gestionar el uso racional de esa moneda. Argentina no fabrica dólares y debe administrar su uso priorizando la adquisición de los insumos requeridos por la actividad industrial. La suspensión del pago de la deuda evitaría la dilapidación de las divisas en la bicicleta de los intereses y aumentaría su provisión para solventar los procesos productivos.

Como la demanda de dólares de la industria se despega en forma muy intensa con las coyunturas de reactivación, esa racionalización estatal en la distribución de las divisas facilitaría su utilización, cuando la capacidad instalada opere a plano. El malgasto de esos recursos en especulación y fuga de capital quedarían definitivamente bloqueados.

DOS RUMBOS CONTRAPUESTOS

La suspensión de pagos de la deuda es una decisión soberana cualitativamente distinta a los defaults que ha padecido Argentina. Anticiparía la imposibilidad de afrontar los vencimientos, evitando el conocido colapso cambiario o bancario que acompaña a ese desenlace.

Es necesario optar por ese rumbo para dotar a la reactivación en curso del componente redistributivo ausente. Este rebote afianza en la actualidad la desfachatada desigualdad, que retratan las fortunas del agro-negocio en un escenario de indigencia.

Si la gran corriente de dinero que se destinará en los próximos años al pago de interés es dirigida a aumentar los salarios, el ingreso universal y las jubilaciones, el consiguiente incremento del consumo podría aceitar el esperado círculo virtuoso del crecimiento inclusivo. Esa dinámica podría a su vez estimular la ansiada creación de empleo genuino en el sector privado. La expansión del mercado interno se asentaría en este caso en la ampliación de los derechos laborales.

Pero la reintegración a la vida laboral de la enorme masa de desocupados, precarizados e informales sólo es factible con cuantiosas inversiones del Estado. Si se reviere el derroche del dinero público entre los banqueros resulta viable planificar un gran despegue de la obra pública.

Ciertamente ninguna de estas alternativas es sostenible con tasas anuales de inflación del 50%. Esa elevada depreciación monetaria mantiene a la economía al borde del precipicio y pulveriza la recuperación del poder adquisitivo. Sólo un control efectivo de los precios, ejercido a través de la autoridad del estado y la vigilancia popular puede domesticar el flagelo de la carestía.

Es totalmente falso que ese control "siempre fracasó". Lo que nunca ha funcionado es la opción opuesta del salvajismo de mercado, que asegura ganancias récords al puñado de empresas que maneja el abastecimiento de los consumos de primera necesidad. Un control de precios administrado con decisión es el complemento indispensable de la gestión soberana de la deuda.

Esta misma supervisión es insoslayable en el terreno cambiario y bancario. En cualquier pulseada con el FMI, el sistema financiero actual será un instrumento de los acreedores. Mantiene una cartera reducida de créditos genuinos, canaliza la fuga de capital y simplemente lucra con la refinanciación del estado.

Por esa razón procesa un explosivo desenlace de la periódica renovación de la Leliqs, que reemplazaron a la inmanejable bola de nieve de las Lebacs. La suspensión del pago de la deuda sólo puede ser positivamente gestionada, si al mismo tiempo se nacionalizan los depósitos, estableciendo una severo control oficial de todos los movimientos del sistema bancario.

Un replanteo de la deuda requiere por lo tanto un plan general de reconstrucción popular de la economía. Todas las frases en boga sobre la "necesidad de un programa integral" que supere los parches de la gestión actual, se aplican también a un viraje de resistencia soberana al FMI.

Pero este nuevo rumbo exige superar el adormecimiento que impera en torno a la deuda. La desprestigiada derecha neoliberal ha recuperado la iniciativa con sus mitos exculpatorios del FMI por la resignación y el inmovilismo que impera en el oficialismo.

El campo popular puede retomar la iniciativa, si se renueva la campaña de esclarecimiento del fraude perpetrado con el crédito del FMI. Ese viraje incluye la exigencia de recuperar el dinero ilegalmente transformado en fondos fugados del país. Partiendo de la investigación realizada por el Banco Central, se debe discutir que el pago de las sumas expatriadas quede condicionado a su recuperación. Si los beneficiarios de ese fraude se niegan a restituir el dinero, habría que rastrear de su destino en los paraísos fiscales.

Algunos legisladores del oficialismo han considerado iniciativas de este tipo en la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda. Propusieron incluso que los funcionarios de Macri afronten con su propio patrimonio, el desfalco originado con el préstamo del FMI. Este mismo planteo debería extenderse al conocido grupo de empresas que se enriqueció con esa estafa.

Pero ninguna de estas ideas cobrará fuerza mientras sólo circule en los pasillos del Congreso o se mantenga cajoneada en algún tribunal. La batalla contra los beneficiarios de un desfalco que paga el pueblo cobrará sentido en la calle bajo la presión popular.

El gobierno rechaza este rumbo, pero el kirchnerismo crítico añora recrear el giro cristinista del 2009, cuando un resultado electoral adverso de medio término fue sucedido con la ratificación de la nacionalización de los fondos de pensión (AFJP). En esa oportunidad fue introducido el ingreso universal (AUH), se promovió la ley de Medios y se votó el Matrimonio Igualitario. Una contraofensiva equivalente frente a la reciente paliza electoral exigirá el replanteo de la deuda. Ninguna otra iniciativa tendrá sustento suscribiendo el acuerdo con el FMI.

Si ese convenio es ratificado en el Parlamento a través de un voto consensuado con la oposición derechista, las consecuencias serán más serias. Esa convergencia diluirá la retórica oficial de contraposición del modelo heterodoxo actual con su rival del la ortodoxia neoliberal. Ambos cursos quedarán hermanados por su aval al monitoreo que realizará el Fondo en los próximos años.

Por ese camino la derecha tendrá abierta todas las compuertas para recuperar el sillón de la Casa Rosada. Forzará al gobierno a comenzar el "trabajo sucio" que exigen los ajustes demandados por 0el FMI y tendrá la opción de acelerar esa presión con el despegue del dólar o alguna corrida bancaria. Macri y cia son expertos chantajistas de la hoja de ruta que diseña el Fondo.

Pero bajar los brazos y resignarse no es la única opción. También resulta posible transformar las críticas contra el FMI en acciones prácticas de resistencia. Sólo este rumbo permite imaginar una salida para el pantano de la deuda.