El hecho de que el comandante guerrillero colombiano Raúl Reyes haya sido ejecutado en territorio ecuatoriano es la mejor demostración de que el prolongado conflicto armado amerita mecanismos de solución que escapan a las partes directamente involucradas en esta guerra, vale decir el Estado colombiano y la principal agrupación guerrillera neogranadina.
El bombardeo efectuado en territorio ecuatoriano coloca al gobierno de Álvaro Uribe en nuevas dificultades con sus principales vecinos, y muestra de cuerpo entero el poco entusiasmo y el poco respeto que le inspira al mandatario colombiano una salida que no sea la estrictamente militar al tema de los secuestrados por las FARC. Es obvio que la vida de los guerrilleros muertos en esa operación quirúrgica no le importa ni al presidente Uribe ni a los mandos militares que sonreían de oreja a oreja cuando el ministro de la Defensa anunciaba la muerte de Reyes y de sus subalternos. Pero es que al parecer tampoco le importa la suerte de los secuestrados ni la angustia de sus familiares.
La operación en la que murieron Reyes y otros 16 guerrilleros estaba destinada a dar de baja a ese contingente, pero también a asestar un tiro de gracia a cualquier posibilidad de avance del canje humanitario, y por ende impedir la perspectiva de iniciativas de paz incluso con una mediación internacional que diera cabida a nuevos actores. Por si fuera poco, la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, y a espaldas del gobierno del presidente Rafael Correa, revela que la estrategia de Uribe no se detiene ante formalidades como los límites fronterizos. En nombre de una acción de autodefensa se justifica la violación a la soberanía del vecino, y sobre todo si quien actúa de esa forma se siente guapo y apoyado por el big brother del hemisferio y del mundo.
Si bien el gobierno de Uribe ha asestado un duro golpe a las FARC, grupo armado que realiza actos repudiables como el secuestro de civiles, todo el mundo sabe que en este momento habían renacido las esperanzas de que luego de ordenarse la liberación de varios secuestrados se abriera una mínima ventana para avanzar un poco más , incluso en casos como el de Ingrid Betancourt, cuyo estado de salud es cada vez más precario, según contaron los rehenes liberados la semana pasada.
Con este comportamiento del gobierno de Uribe existen sobradas razones para que la Organización de Estados Americanos intervenga en el asunto, y adopte medidas destinadas a condenar e impedir acciones militares colombianas fuera del territorio del hermano país . La OEA no debería seguir mirando para otra parte mientras el conflicto armado en uno de sus países miembros ya comienza a afectar más directamente la soberanía de los vecinos. Si la incursión militar en territorio ecuatoriano, con bombardeo y todo, queda registrada por el organismo regional como una falta sin menor importancia, pudiéramos estar ante la inminencia de situaciones similares que comprometan seriamente la estabilidad política y militar en Suramérica.
En consecuencia, lo ocurrido es tan grave que a estas alturas del juego lo que pudiera crear condiciones para reactivar mecanismos de diálogo es que un grupo de países amigos, como ocurrió en Venezuela en tiempos del referendo del año 2004, intente hacer algo para impedir nuevos niveles de violencia interna y escenarios de mayor riesgo para las personas secuestradas por las FARC, organización que ojalá no tenga en mente devolverle a Uribe y a su gobierno el tremendo golpe recibido con el asesinato de Raúl Reyes, sino seguir buscando fórmulas para resolver, al menos en esta etapa, el caso de los secuestrados y de los prisioneros. Lo otro es, estimados señores de la OEA, dejar que la violencia se siga derramando y termine por instalarse más allá de Colombia.
