Después del plebiscito promovido por las entidades político-sociales organizadas por la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra, una maniobra intentó emparedar al gobierno del MAS con el ex –líder cocalero al frente. Según la medida propuesta –aprobada por el Senado boliviano- a través de la bancada del partido Podemos, todos los mandatarios ejecutivos en Bolivia, irán a referendo revocatorio. A partir de este punto, el tema “autonomía” se nacionaliza, yendo más allá del discurso chovinista de la llamada Media Luna.
La oligarquía Cruceña empuja en los departamentos de Beni, Pando y Tarija. Estos redactaron los estatutos autonómicos sin tener como base un principio de federación y pluralismo político. Justo lo contrario. Su base es fortalecer a los ejecutivos locales, con apertura para determinar los impuestos, el comercio exterior y la Justicia. Bolivia pasaría a ser una colcha de retazos y no un Estado-Nación. En contraposición, la propuesta de los movimientos sociales camina por el lado izquierdo de la vía. Yendo a la ofensiva, el Ejecutivo de La Paz apuesta por un mecanismo clásico de democracia participativa.
Debería ser una norma de cualquier DEMOCRACIA con mayúsculas, desarrollar su musculatura institucional de manera que la población pueda ratificar a sus gobernantes electos. En la mitad del mandato, y no necesariamente en el momento electoral, un referendo es bienvenido para este propósito. De esta forma, Evo Morales (presidente), Álvaro García Linera (vicepresidente) y los nueve “prefectos” (gobernadores departamentales) serán avalados en un referendo el 10 de agosto. La jugada de Branko Marinkovic, presidente del Comité Pro Santa Cruz es tratar de sabotear el referendo y adelantar elecciones generales. Así, la idea de “autonomía” de los terratenientes exportadores es circunstancial y táctica.
La vía estratégica de “autonomía” pasa justamente por un pacto nacional distinto. A mi modo de ver, las medidas fueron bien tomadas. Los cinco puntos pactados con los prefectos de Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, con la presencia de observadores de países “amigos” fueron los siguientes: La redistribución impositiva, con un impuesto directo sobre los hidrocarburos; la autonomía basada en la Constitución, transfiriendo inclusive la posibilidad de legislación comunal para los Malku; una medida que apuesta a la vía productiva y alimentaria, considerando el alza de los alimentos en el mundo (fruto de la especulación) y la urgente reducción de la pobreza en la tierra de Inti Peredo; el fortalecimiento de las instituciones del Estado democrático, institucionalidad amenazada no sólo por los narco-oligarcas, sino también por el experimentalismo popular; y finalmente el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral.
De todo lo propuesto en el pacto con la mitad del país, en las dos últimas medidas es dónde se encuentra la debilidad. El fortalecimiento institucional resulta simplemente imposible en este momento, pues justamente es el Estado el que se encuentra cuestionado. La regulación social será tomada en cuenta por la mayoría de los pueblos originarios transformada en hegemonía, y pasará por el espacio público popular y no por el estamento del servicio público.
Por suerte, tampoco los auto-proclamados “cambas” quieren una institución estatal fortalecida. Su meta es seguir acumulando y haciendo aquello que bien saben hacer. Apuestan a anticipar las elecciones generales con el incentivo del “clima de caos” del país. La maniobra del MÁS fue acertada, trasladando al campo del diálogo y de los debates de fondo, yendo más allá del falso pragmatismo de la elite cruceña. En esta guerra, la batalla actual fue vencida por Evo y su equipo.
El adversario real de la oligarquía cruceña no es el centralismo estatal, que apenas existe, sino el pluralismo político y organizativo protagonizado por los movimientos populares y las coordinaciones de los pueblos originarios de Bolivia.
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Traducción Miguel Guaglianone
