06-03-21.-Una coalición de organizaciones indígenas de Colombia y Brasil y ONG internacionales ha presentado una demanda contra la cadena de supermercados del Grupo Casino por deforestación y violación de derechos humanos.
La demanda presentada el pasado 3 de marzo ante la corte de la ciudad de Saint-Etienne, al sur de Francia, es una primicia. De acuerdo a los demandantes, nunca antes se había llevado ante los tribunales a una cadena de supermercados por deforestación y acaparamiento de tierras. Se trata de una denuncia contra el gigante global minorista Grupo Casino por parte de once asociaciones representantes de pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana y organizaciones no gubernamentales de Francia y Estados Unidos. Los denunciantes reclaman que la empresa no ha tomado medidas suficientes para mitigar los daños medioambientales causados por sus proveedores, haciéndose así corresponsable de deforestación y vulneración de derechos indígenas.
En el punto de mira de la demanda está la producción de carne. Tanto en Colombia como en Brasil, la ganadería es responsable del 70 y el 80 por ciento de la deforestación amazónica respectivamente. Según muestra la investigación en la que se basa la denuncia, el Grupo Casino está vinculado a esta deforestación a través de sus marcas Pão de Açúcar (GPA) en Brasil y Grupo Éxito en Colombia. Estas representan en conjunto el 47% de los ingresos anuales del grupo.
Las investigaciones conducidas por las organizaciones Envol Vert, Centro de Analísis de Delitos Climáticos (CCCA, por sus siglas en inglés) y Repórter Brasil, muestran que Pão de Açúcar adquirió regularmente carne vacuna de tres mataderos propiedad de la empresa JBS. Según las evidencias de los demandantes, este frigorífico, el más grande de Latinoamérica, se abasteció de ganado de 592 proveedores responsables de la deforestación de al menos 50.000 hectáreas en la Amazonía de Brasil entre 2008 y 2020 - un área equivalente a cinco veces el tamaño de París. Esto afecta sobre todo a territorios de pueblos indígenas, cuyos derechos son violados al ser despojados de sus tierras. Las organizaciones alegan que en uno de los casos documentados, granjas de ganado que suministran carne vacuna al supermercado Pão de Açúcar invadieron la tierra de la comunidad de Uru Eu Wau Wau, ubicada en el estado de Rondônia en Brasil.
Transparencia de cada eslabón de la cadena de suministros
Debido a la complejidad y la ramificación de la industria ganadera, en el caso de Colombia es más difícil medir el impacto causado por el Grupo Casino. Sin embargo, sí hay evidencia de que la ganadería está ligada a la deforestación y la violación de los derechos indígenas. Fany Kuiru Castro, directora de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), una de la organizaciones indígenas denunciantes, resaltó el caso del pueblo indígena Nukak en el Guaviare. Sus territorios se encuentran cercados por la deforestación causada por la expansión ganadera y la población Nukak se ha visto diezmada en los últimos años. "Exigimos un plan de vigilancia de la cadena de suministros, para que se pueda garantizar que ningún eslabón de la producción de carne vulnera los derechos de los pueblos indígenas,” dice Fany Kuiru Castro.
También para Daisy Tarrier, directora de Envol Vert, una de las organizaciones demandantes francesa, la transparencia es la clave. "El Grupo Casino no puede demostrar que la producción de carne de sus proveedores no esté vinculada a la deforestación y el acaparamiento de tierras, ya que no ha habido suficientes políticas de control,” afirma Tarrier a DW.
Por lo tanto y según la ley francesa del "Deber de Diligencia” en la que se basa la denuncia, el Grupo Casino sería responsable de estos señalamientos al no vigilar todos los eslabones de su cadena de suministros. Según este estatuto, adoptado en 2017, las empresas con más de 5.000 empleados en Francia o más de 10.000 empleados en todo el mundo, se comprometen a monitorear tanto sus propias filiales, como las empresas subcontratadas. De esta manera deben garantizar la defensa de los derechos humanos, así como la protección del medio ambiente.
Indemnización simbólica por daños irreparables
El Grupo Casino no hizo referencia al proceso, pero contestó en un comunicado escrito a DW, que "la filial brasileña GPA tiene una política sistemática y rigurosa de control del origen de la carne de vacuno suministrada por sus proveedores, que tiene como objetivo identificar el origen directo y garantizar el cumplimiento de los criterios socio-ambientales.” En la declaración no hizo referencia a las acusaciones sobre Colombia, pero afirmó que "a través de sus filiales en América Latina, lucha activamente, y desde hace varios años, contra la deforestación vinculada a la ganadería en Brasil y Colombia, teniendo en cuenta la complejidad de las cadenas de suministro.”
Las organizaciones demandantes esperan que la audiencia contra el Grupo Casino se lleve a cabo en 12 a 18 meses. Reclaman una indemnización de 3,1 millones de euros, destinada principalmente a los pueblos indígenas afectados. Pero, tanto Fany Kuiru Castro como Daisy Tarrier coinciden en que el objetivo de la denuncia no es la compensación económica, sino sobre todo la concienciación por parte de los actores globales y los consumidores.
