19 de octubre de 2023.- Mediante un comunicado, el gobierno nicaraguense informó de la liberación de 12 sacerdotes que tenía en sus prisiones desde hace varios meses, y algunos que fueron detenidos hace dos semanas.
Según detalla el comunicado «luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro Pueblo que se logró un Acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 Sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados, y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde».
Los sacerdotes liberados fueron el padre Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes, y según el mismo parte oficial, todos «serán recibidos en Roma, según coordinaciones, por Personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede».
El primer sacerdote de la lista de desterrados es el padre Manuel Salvador García, de la parroquia de Nandaime, quien había sido encarcelado bajo la acusación de agresión física contra una mujer, la que luego se retractó de acusar al religioso y el régimen, en represalia, la acusó a ella por falso testimonio. La mujer responde al nombre de Martha Candelaria Rivas y aun permanece encerrada en el penitenciario de mujeres conocido como «La Esperanza».
El segundo de la lista es el padre José Leonardo Urbina Rodríguez, también acusado por delito común, de supuestamente haber abusado sexualmente de una menor en Boaco. Durante la audiencia judicial, incluso, la dictadura llevó a supuestos parientes de la niña víctima y los lanzó a insultar e intentar agredir físicamente al cura. Todo ese supuesto proceso judicial habría quedado enterrado y la presunta víctima, sin justicia por la santa voluntad de Ortega, que lo único que demuestra es que todos estos casos responden al deseo de perseguir a la iglesia y de instrumentalizar al sistema judicial para esas maniobras.
Los otros sacerdotes fueron capturados por pronunciarse y pedir oración a favor del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Los religiosos fueron secuestrados en municipios tan alejados como Mulukukú; El Cuá, Jinotega; y otras zonas alejadas de Estelí y Nueva Segovia.
También van en la lista varios sacerdotes que estuvieron ligados a la extinta ONG social Caritas, la que fue desmantelada por el régimen y luego sus sacerdotes encargados fueron encausados en una presunta investigación de lavado de dinero. Tampoco esas acusaciones progresaron, pero los religiosos fueron recluidos en las prisiones o incluso mantenidos por varios meses en el Seminario, en Managua.
Como es costumbre y en un derroche de cinismo, el comunicado del régimen Ortega-Murillo señala que «El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, no ha agotado recursos para asegurar y defender la Paz que tanto atesoramos las Familias nicaragüenses, y este Acuerdo logrado con la intercesión de Altas Autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la Voluntad y el Compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta Fé y Esperanza que anima siempre a los Creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría (sic)».
En la lista no se incluye al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien sigue encarcelado en la prisión Jorge Navarro, conocida como «La Modelo», por lo que se da por descontado que el alto jerarca católico volvió a rehusarse al destierro, que ya había rechazado el nueve de febrero pasado, cuando la dictadura intentó expulsarlo hacia Estados Unidos, junto a 222 prisioneros políticos que envió a ese país en un avión proveído por Washington.
