29 de julio de 2024.- Familiares y amigos de la subteniente Aidita Pamela Ati, quien apareció muerta el pasado mes de junio en un cuartel militar en Ecuador, exigieron hoy justicia a un mes del crimen.
“Si los militares nos hacen daño, quiénes nos protegen”, corearon las personas cercanas a la víctima, quienes se concentraron frente al Ministerio de Defensa en esta capital con pancartas para continuar denunciando el hecho.
Luis Ati, padre de la víctima pidió al presidente Daniel Noboa que el crimen no quede en la impunidad y lamentó que hasta la fecha, ninguna institución ni autoridad los ha contactado para dar información.
El pasado 5 de julio, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador se sumó a las investigaciones de posible femicidio de la subteniente Ati.
Representantes del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Brigada de Selva Napo, donde se produjo el deceso de Ati, acudieron a la sesión de la mesa legislativa.
El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no estuvo presente, pero envió una carta en la cual pidió a los asambleístas declarar la sesión reservada para no interferir en la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía.
El vicepresidente de la Comisión, Leonardo Berrezueta, del movimiento Revolución Ciudadana, cuestionó el pedido porque no se trata de un tema de seguridad nacional y en su opinión parecería que se intenta ocultar algo o proteger a los responsables.
«Esta comisión se está volviendo cómplice de un silencio que no necesita el país», aseveró Berrezueta.
Si bien finalmente la reunión fue a puertas cerradas, a su salida, el comandante Marco Guerrón, aseguró que el sábado 29 de junio Ati estuvo en una fiesta sin autorización que hubo en el destacamento militar.
En un inicio, el Ejército informó que la muerte fue por asfixia, aunque luego la autopsia reveló signos de posible violación y estrangulamiento y la Fiscalía investiga el hecho como un presunto femicidio.
El caso ha causado indignación en el país, pues sería el segundo femicidio en una institución de seguridad del Estado en los últimos dos años, luego de que en septiembre de 2022 fuera asesinada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía.
En un pronunciamiento, organizaciones feministas subrayaron que “cuando una mujer pierde la vida en un recinto policial o militar, el Estado no solo es responsable por la omisión de protección de su vida, sino que es un Estado fallido”.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se registraron en Ecuador 321 femicidios, según datos de la Fundación Aldea, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.
