4 de noviembre de 2024.- En lo que algunos expertos consideran como una reconfiguración de la política puertorriqueña, los dos partidos que han dominado la política en esa isla caribeña durante décadas están perdiendo su influencia al enfrentar la competencia más férrea hasta la fecha de una generación más joven harta de la corrupción local, los constantes cortes de energía y la mala gestión de los fondos públicos.

Por primera vez en las elecciones de gobernación de la isla, un candidato de un tercer partido se posiciona en un fuerte segundo lugar en las encuestas previas a la votación de este territorio estadounidense programada para el martes, y algunos expertos consideran que tiene posibilidades de ganar.

“Esta elección ya es histórica”, dijo el analista político y profesor universitario Jorge Schmidt Nieto. “Ya marca un antes y un después”.

Una reciente encuesta internacional de Gaither de este mes indica que Juan Dalmau, quien se postula por la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, está cerrando la brecha con Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista y actual comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU. González superó al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias de su partido en junio.

La encuesta de Gaither muestra a Dalmau con el 29 % de apoyo frente al 31 % de González, ya que él casi la alcanzó desde que una encuesta diferente en julio le mostró con sólo el 24 % en comparación con el 43% de la congresista. En tercer lugar se ubicaba Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático, seguido por Javier Jiménez del Proyecto Dignidad, un partido conservador fundado en 2019.

La política puertorriqueña gira en torno al estatus de la isla. Hasta 2016, el Partido Nuevo Progresista, que apoya la estadidad, y el Partido Popular Democrático, que respalda el status quo, se repartían al menos el 90 % de todos los votos durante las elecciones generales, detalló Schmidt.

Pero ese año, el Congreso estadounidense creó una junta de control federal para supervisar las finanzas de Puerto Rico después que el gobierno anunciara que no podía pagar una deuda pública de más de 70 000 millones de dólares. En 2017, Puerto Rico se declaró en la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos.

La deuda se acumuló a través de décadas de corrupción, mala gestión y solicitud excesiva de préstamos. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico aún lucha por reestructurar su deuda de más de 9 000 millones de dólares, la mayor de cualquier agencia gubernamental.

Los puertorriqueños han rechazado y resentido en gran medida la presencia de la junta, creada un año antes de que el huracán María azotara la isla con fuerza de categoría 4, arrasando la red eléctrica.

En 2020, Pierluisi ganó pero recibió apenas el 33 % de los votos. Su oponente del Partido Popular Democrático obtuvo el 32 %. Fue la primera vez que ninguno de los partidos alcanzó el 40 % de los sufragios.

Los cortes de energía que han persistido desde las elecciones, junto con el ritmo lento de la reconstrucción después del paso del huracán, han frustrado y enfurecido a los votantes.

Bajo Pierluisi, el gobierno firmó contratos con dos compañías, Luma Energy y Genera PR, que juntas supervisan la generación, transmisión y distribución de energía. Los cortes han persistido, y las compañías han culpado a una red que ya se estaba desmoronando antes de que el huracán golpeara debido a falta de mantenimiento e inversión.

“Han ocurrido cosas desastrosas durante este mandato de cuatro años, especialmente con la energía eléctrica”, dijo Schmidt. “Ha afectado a todos, independientemente de la clase social”.

Los votantes, dijo, están viendo las elecciones del martes “como un momento de venganza”.

Dalmau ha prometido expulsar a ambas compañías de manera ‘organizada’ en seis meses si se convierte en gobernador. Ortiz dijo que cancelará el contrato de Luma, al tiempo que González ha pedido la creación de un ‘zar de la energía’ que revise posibles incumplimientos contractuales de Luma mientras se encuentra a otro operador.

Sin embargo, ningún contrato puede ser cancelado sin la aprobación previa de la junta de control federal y el Negociado de Energía de Puerto Rico.

Los candidatos también están bajo presión para crear viviendas asequibles, reducir las facturas de energía y el costo general de la vida, disminuir los crímenes violentos, impulsar la economía de Puerto Rico la isla está bloqueada en los mercados de capitales desde 2015 , y mejorar un sistema de salud ruinoso mientras miles de médicos emigran al territorio continental de Estados Unidos.

Dalmau que suspendió su campaña durante dos semanas a mediados de octubre luego que su esposa se sometió a una cirugía cerebral de emergencia también ha dicho que eliminará las exenciones fiscales para los estadounidenses adinerados que vienen del territorio continental de Estados Unidos.

A pesar de sus promesas de cambiar Puerto Rico, los candidatos enfrentan una persistente apatía de los votantes.

En las elecciones de 2008 participaron 1.9 millones de un total de 2.5 millones de votantes registrados, en comparación con 1.3 millones de un total de 2.3 millones en 2020.

Este año, casi 99 000 nuevos votantes se registraron y más de 87 000 reactivaron su estatus, según la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

“Se esperaba un número mucho mayor”, subrayó Schmidt.

Señaló que los de mediana edad y mayores favorecen a González y su partido proestadidad, mientras que los menores de 45 años “abrumadoramente” favorecen a Dalmau, lo que significa que si una mayoría de votantes jóvenes participan el martes y menos de los mayores lo hacen, él podría tener una oportunidad de ganar.

Los meses previos a las elecciones del 5 de noviembre han sido conflictivos.
A los votantes el martes también se les consultará por séptima vez cuál debería ser el estatus político de Puerto Rico.