La sanción impuesta a Globovisión, aunque algunos la vean como una locura, porque se están tocando intereses peligrosos, era necesaria hace mucho tiempo. Ya basta de darle largas al abuso mediático. Hay que parar a los delincuentes de la tinta y del espectro electromagnético, de lo contrario estaremos amparando la impunidad de quienes conspiran abiertamente contra las instituciones de la república y contra la salud y la dignidad del pueblo.
Se necesita ser una pieza del otro bando para condenar airadamente, lo que simplemente es cumplir con un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente y demás instrumentos legales, que nórman la responsabilidad ciudadana frente al ejercicio y disfrute de derechos y de manera especial el referente a la libertad de prensa y expresión.
Globovisión (Léase Globoterror), en cualquier país de este planeta, incluyendo el “Paraíso de la Democracia y los Derechos Humanos” con su nicho en Guantánamo, Estados Unidos de Norteamérica; ya estaría cerrado y sus propietarios y editores purgando largas condenas por su presunta asociación para delinquir, por la siembra de odio, terror y zozobra en la población, por mantener abiertamente un llamado a la conspiración y a la insurrección, por traición a la patria, por irrespeto a la majestad de los poderes de la república y a dignatarios de países amigos, huéspedes de nuestro gobierno y paremos de contar las actividades presumiblemente delictivas que a través de ese canal se ejercen en perjuicio del buen decoro del país y de la dignidad del pueblo venezolano.
Bien estúpido será el revolucionario, o el venezolano honesto, inteligente, con sentimiento nacionalista que se indigne y se vaya del proceso, o vaya a sentirse ofendido y conculcados sus derechos, por la sanción impuesta a esa amenaza pública, que lo único que ha hecho es llevar a la disociación a miles de venezolanos y a muchos de ellos a la disociación psicótica, que causan pena cuando se expresan de su país y de quienes abrazamos este proceso como una decisión soberana de ser libres.
Rómulo Betancourt durante cinco años gobernó con una mordaza sobre los diarios, radioemisoras y televisoras del país, que prohibía mencionar organizaciones y hasta nombres de personalidades por considerar ese hecho como propaganda de guerra. Raúl Leoni, quien le sucedió, le secundó en esa política represiva contra los medios de comunicación y los periodistas en ejercicio. Carlos Andrés Pérez, ordenó el asalto contra Radio Rumbos y nombró censor (Lápiz Rojo) a su amigo Pedro Pablo Alcántara, quien decidía que se publicaba o no sobre las protestas y el gobierno, Jaime Lusinchi controló los insumos para los medios, como una medida para presionarlos, Rafael Caldera, ni se diga, cuanto control ejerció sobre el espectro comunicacional. Hasta Luis Herrera Campins, siendo periodista, desde la presidencia de la república impuso férrea censura, cuando lo consideró necesario, tal como lo hizo cuando el paro de protesta nacional por un día convocado por la CTV, que no permitió que el Canal 8, ni sus periodistas dijeran nada. Eso le costó un disgusto a Martín Pacheco reportero del Canal del Estado , que para cumplir con su misión de comunicador social, se salió de la línea e informó por otro medio sobre la actividad en Maracaibo.
Ahora resulta que en este gobierno donde no solo existe la mayor libertad de prensa y expresión, que se haya observado en la historia de la república, sino que se ha dado rienda suelta al libertinaje irresponsable a través de los medios de difusión, no se puede tocar a este sector ni con el pétalo de una rosa. ¿Aplicar una sanción administrativa para frenar el abuso desmedido es contrario a los ideales del proceso? Quien así piense, seguramente se ha fumado una lumpia, o juega para el equipo contrario, Porque debemos dar gracias, que al fin alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato.
Periodista CNP 2414
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