Como ya habíamos señalado en anteriores artículos, expresábamos que nuestro afán de impulsar a las instituciones del Estado Venezolano, ante lo que hemos considerado varias y diversas formas de violación de los Derechos Humanos no cesaría. Hemos acudido al Ministerio Público, y hasta ahora, hemos tenido respuesta. El pasado día miércoles, 27 de noviembre, acudimos a la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, presidida por el diputado larense, Julio Chávez, en virtud de que a un poco más de 40 organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, pero con una visión crítica, y defensoras del Estado Democrático y Social, de Derecho, pero sobre todo de Justicia, se nos otorgó un derecho de palabra, a los fines de explicar a los honorables diputados integrantes de la misma, el motivo que nos ha impulsado estas diversas y múltiples acciones en contra de algunos medios impresos en nuestro país.
Algunas de la organizaciones presentes tenemos:Periodistas por la Verdad, la Araña Feminista, Embajada de Derechos Humanos, Alumnos para los Alumnos (APLA), Psicológos por el Socialismo, Fundalatin,Los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos y Humanas del Área Metropolitana de Caracas, Frente de Mujeres "Argelia Laya", Cátedra Educación Social y Derechos Humanos y humildemente, este servidor, como Vicepresidente y en representación del Consejo Nacional Bolivariano de los Derechos Humanos (CONABDH). Ofrezco mis disculpas por aquellas organizaciones que por no tenerlas a la mano, haya dejado por fuera.
Una vez recibidos dentro de dicha Comisión, dicha sesión estaba siendo presidida por la Vicepresidenta de la misma, la diputada Tania Díaz, el vocero por este conjunto de organizaciones presentes fue Fernando Bello, Presidente de Embajada de los Derechos Humanos, en donde señalo nuestras denuncias formuladas a un conjunto de primeras páginas e informaciones que medios impresos privados como "Tal Cual", "El Universal", "El Propio", y "El Nacional", en forma de titulares, gráficas y caricaturas, crean zozobra en nuestra población, y fundamentalmente en nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, que fue en esta última donde el CONABDH se sumo a la denuncia formulada ante el Ministerio Público, y designado los Fiscales 99 y 106 del Área Metropolitana de Caracas, para la interposición de la Acción de Protección.
En esos medios, además de sus afirmaciones temerarias, tendenciosas, siempre son con el ánimo de generar zozobra, incertidumbre en la población de nuestro país. En anteriores artículos, escribimos algunos de los artículos de nuestra Constitución y demás leyes, que a nuestro criterio, constituían la vulneración de Derechos Humanos y Humanas de nuestros niños, niñas y adolescentes, incluso, la presunción de la comisión de hechos punibles.
No sólo eso, sino que incluso la actitud de los referidos diarios, violan nada más y nada menos que disposiciones de la Convención Internacional de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes que, como tratado internacional, suscrito y ratificado válidamente por nuestra República, tiene rango constitucional y prevalece en nuestro orden interno, primero por ser un tratado de derechos humanos que dio nacimiento a la Ley Orgánica de Protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, segundo, porque en sus disposiciones contienen normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en nuestra Carta Magna y demás leyes de la República, por lo tanto, son de aplicación inmediata y directa por nuestros tribunales y demás órganos del Poder Público, tal y como lo señala el artículo 23 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otro lado, otro de los fundamentos de nuestras acciones, la podemos encontrar en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 4 de diciembre de 2012, con ponencia de la Magistrada Luisa Stella Morales Lamuño, del expediente 07-0781, en demanda que por intereses colectivos y difusos interpuso el abogado Gilberto Rúa en relación con la publicación de fotografías de color y accidentes y asesinatos en dos diarios regionales en el Estado Bolívar, específicamente "El Luchador" y "El Progreso".
Indica la Sala del TSJ que se declara parcialmente con lugar la demanda por protección de intereses difusos y colectivos interpuesta por Gilberto Rua por lo que ordenó a los diarios El Progreso y El Luchador a disponer en una de las páginas de los respectivos periódicos, una sección dedicada a la información cultural y educativa, dirigida a fomentar la creación, producción y difusión de actividades educativas, libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, así como la publicación de actividades dirigidas a promover los valores de paz, democracia, libertad, tolerancia, igualdad entre las personas y sexos, y a su identidad nacional y cultural.
Asimismo la Sala Constitucional ordenó a ambos diarios al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 74 y 79 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el fallo también se ordena a la Secretaría de la Sala Constitucional enviar copia de la presente sentencia al Ministerio Público para que califique si existe el delito de desacato, en los hechos a que se refiere la decisión.
Finalmente la Sala Constitucional impuso a los diarios El Progreso y El Luchador, multa de 200 unidades tributarias a cada uno, equivalente a nueve mil doscientos bolívares (Bs. 9.200,00 calculados según la unidad tributaria vigente para cuando ocurrió el desacato), correspondientes al límite máximo establecido en el referido artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En esencia, esas son parte de los fundamentos de nuestras acciones impulsadas, y lo que se señalo en nuestro derecho de palabra y en los documentos y anexos entregados ante la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional.
Luego de ello, la diputada Tania Díaz, mostró la imagen de la caricatura del periódico Tal Cual contra el Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas y candidato a la reelección, Jorge Rodríguez, en la que se violenta el derecho a la vida. En la caricatura, el mandatario municipal aparece herido de muerte por dos flechas que le atraviesan el corazón, y se ven sus gestos de dolor y agonizante. En dicha reunión, estaban dos diputados opositores, Biaggio Pillieri, y Omar González, la postura de éste último fue lo que más me llamó la atención, y voy a reproducir sus expresiones, para que vean la catadura moral de la derecha venezolana. González, además de tratar de faltarnos el respeto, y que afortunadamente no le "mordimos el peine", señalo que nuestras reacciones eran "exageradas e hipersensibles", porque con acciones como las nuestras o por la caricatura del alcalde Jorge Rodríguez, en otros países lo hubiesen tomado a risa, o como unos flechazos de Cupido y que lo que buscamos es la censura de la prensa escrita". Una muestra de mal chiste e irrespeto por parte de este diputado vinculado a Primero Justicia, sin duda alguna.
Solamente le señalo al diputado González que, por poco menos que eso, por los lenguajes sexistas de El Propio y otros diarios, por las imágenes violentas y de sangre, y por la caricatura de Tal Cual al alcalde Jorge Rodríguez. Esos diarios en otros países no estuvieran ni siquiera multados. Hubiesen sido cerrados de manera inmediata. No es nuestro planteamiento ni es lo que buscamos, estimado diputado con nuestras acciones.
Lo cierto es que, luego de este debate, se acordó que nuestra solicitud pasará a la Subcomisión de Medios de Comunicación, Alternativos y Comunitarios que preside el diputado Earle Herrera, a lo que accedimos y estaremos pendiente de las próximas convocatorias que nos hagan desde esa Comisión y de la Subcomisión.
Una vez que salimos, rendimos declaraciones ante varios medios de comunicación. Recuerdo que estaban presentes El Nacional, El Universal, El Carabobeño, ANTV, Correo del Orinoco, TVR y Globovisión.
Recuerdo que una de las preguntas que formuló el periodista de El Universal era el por que acudimos a esta Comisión y que esperábamos de la misma. La respuesta la podemos encontrar en los artículos 222, 223 y 224 de nuestra Carta Magna, pero solo me voy a permitir transcribir el último, que es uno de los que más ilustra la respuesta que le di al periodista.
"Artículo 224: El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces y juezas están obligados y obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la Asamblea Nacional o sus Comisiones". (Resaltado nuestro).
En este artículo, y si aporrea.org, ensartaos y otros que siempre han tenido la gentileza y la deferencia de publicarnos así lo consideran pertinente, agregamos las fotografías de nuestras declaraciones, para que, evalúen la posibilidad de que las mismas sean publicadas, una de ellas la tome de El Universal, y la otra, la tomamos de el Correo del Orinoco.
Para concluir, es justicia señalar que nuestras declaraciones, por lo menos este servidor solo las observo en El Correo del Orinoco, El Carabobeño y El Universal, el resto de los medios, bien gracias, no publicaron nada. Pero eso no desmaya nuestro empeño y nuestra lucha, y que seguiremos informando de próximas acciones.
Abogado,Activista por los Derechos Humanos,Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas (RENTSOC). http:// juanmartorano.blogspot. com / http://juanmartorano. wordpr ess.com/ .jmartoranoster@gm a i l .com , j_martorano@hotmail.com ,juan_ martoranocastillo@yahoo. com. ar . @juanmartorano (Cuenta en Tuiter).
