La adjetivación permanente utilizada por los dueños de los medios de comunicación en Venezuela para referirse a su relación con el gobierno bolivariano no tiene desperdicio. Según ellos, son perseguidos y hostigados y todo ello `erosiona la libertad de expresión’ en el país. Cualquier medida que se implemente o solicite, tanto en Caracas como en el interior, ya sea en el ámbito fiscal o financiero, es asumida como una agresión contra esta `libertad’.
Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa en su octava visita al país, ha manifestado una vez más, sus aprehensiones con respecto a la situación de `la libertad de expresión en el país’ y de lo que denominan la `prensa libre’.
Según la SIP, el Gobierno insiste en crear mecanismos que generan autocensura en los periodistas. Menos mal.
No han variado las apreciaciones de la SIP desde 1999. Bueno, han recrudecido. Ahora, definitivamente, la SIP condena al país y se siente agraviada porque no fue recibida por las autoridades del estado Bolívar ni por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. No se destaca, empero, que el Vicepresidente de la República se reunió con su delegación.
Voceros de Copei, olvidando casos emblemáticos de persecución a periodistas y medios de comunicación, así como de implementación de la censura durante sus quinquenios, han señalado que "el gobierno nacional quiere silenciar a la prensa". Dueños de medios impresos locales insisten en manifestar que "hay una amenaza latente a la libertad de expresión en Venezuela". Irónicamente, vemos que sus diarios siguen circulando sin problemas.
A las palabras agresión, ensañamiento, amenaza, intimidación, hostigamiento, persecución, se suma ahora la de acoso. Los diarios han publicado una `cronología del acoso’, a propósito de la investigación abierta por el Consejo Legislativo del estado Bolívar sobre la propiedad del terreno donde funciona un periódico de aquella localidad. Sobre esto se habla de acoso judicial y fiscal, por parte del Gobierno. El ministro Willian Lara ha señalado que dicha solicitud no comporta una expropiación.
Cualquier excusa es válida para que la SIP se traslade a Venezuela y aproveche para injuriar y descalificar al gobierno nacional. La libertad de expresión da para todo.
Periodista / Prof. universitaria
