El Tribunal Supremo de Justicia en mayo del pasado año dio a conocer a través de su página en internet la decisión que tomó la Sala Constitucional de prohibirle a RCTV la transmisión de “publicidad de imágenes con alto contenido sexual”, luego de la demanda interpuesta por el abogado Juan Garantón.
Veamos partes de esa ejemplarizante sentencia:
“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estela Morales, y en votación unánime, se declaró competente y admitió la demanda, por protección de intereses difusos y colectivos, interpuesta por el abogado Juan Garantón Hernández, actuando en su propio nombre, contra la publicidad de imágenes de alto contenido sexual, mediante las cuales se ofrece un servicio a través de números telefónicos, transmitidas por el canal de televisión Radio Caracas Televisión, C.A. (RCTV), diariamente a partir de la 1:00 a.m. aproximadamente”.
“Adicionalmente, se acordó la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, se ordenó la prohibición de la emisión de publicidad de imágenes de alto contenido sexual, mediante las cuales se ofrece un servicio a través de números telefónicos, por el canal de televisión RCTV, en virtud de que preliminarmente se apreció que la divulgación reiterada de dichos anuncios televisivos producen un efecto que degenera y perturba”.
“Además la Sala observó, de forma preliminar, que tales anuncios atentan contra los elementos morales y rectores de la sociedad por un medio comunicacional como lo es la televisión, la cual sin duda alguna tiene una amplia difusión en nuestros tiempos, ya que la divulgación de tal contenido televisivo (contiene) un mensaje persuasivo y no apto con los valores morales”.
“En la demanda además de señalar que este tipo de publicidad se transmite de manera insistente y constante, donde aparecen "mujeres desnudas ofreciendo sus servicios como prostitutas, pidiendo que se envíen mensajes de texto por celular o que se llame a números telefónicos que aparecen en la pantalla, los cuales tienen un costo en bolívares a cambio de sus servicios"; dice el accionante que "al ver esta publicidad transmitida por el canal de televisión RCTV se aprecia cómo objetos sexuales a cambio de dinero, lo que evidencia una promoción ilegítima e inmoral a la prostitución".
Sigue la sentencia señalando que con ello “se viola lo dispuesto en el artículo 46 constitucional (del respeto a la integridad física y moral de la persona)” y que, igualmente, se viola la prohibición de trata de mujeres establecida en el artículo 54 constitucional y que ”los hechos denunciados configuran una violación a la garantía establecida en el artículo 108 de la Carta Magna que señala que los medios deben contribuir a la formación ciudadana y que los hechos encuadran dentro del tipo penal establecido en el artículo 381 del Código Penal”.
Evidencias determinantes que dejan en claro una de las tantas aberraciones en que ha incurrido RCTV como para que ahora la llamada “sociedad civil”, aquella misma que decidió en el 2001 transitar el camino de la conspiración y el golpismo y que no ha dejado de hacerlo desde entonces (incluidos allí muy altos jerarcas de la iglesia católica), esté abogando a favor de que el gobierno deje sin efecto su decisión de no renovarle la concesión a dicho canal y que la misma le sea extendida a lo que no es posible calificar de otra manera sino como una auténtica basura televisiva. Es realmente sorprendente que ese caso donde abiertamente RCTV incurría en gravísimas faltas a la moral pública, los altos dignatarios de la Conferencia Episcopal se excluyeron de ser actores de primera línea en esa demanda del abogado Garanton, lo cual demuestra más allá de un gran fallo en sus responsabilidades cristianas de pregonar y ser custodios de la moral pública, la más grotesca y condenable complicidad.
Menos mal que ya quedan escasos días para que salga de nuestras casas ese dañino y peligroso intruso…
Decíamos hace más de dos años y vale la pena recordarlo para cerrar esta nota, refiriéndonos a los sucesos del año dos mil dos (golpe de Estado y bestial paro terrorista), que nos producía inmensa rabia que a cuatro años de tanta barbaridad cometida, los dueños de los medios impresos y radioeléctricos que desempeñaron papel preponderante y decisivo en la caída del gobierno Bolivariano y la pérdida de incuantificables recursos públicos y privados, no hayan sido llevados a la cárcel ni siquiera por un día y lo que genera mayor indignación es que aún continúan conspirando como si nada hubiera ocurrido al frente de sus mismos medios, ahora más repotenciados con el incremento de las ayudas en dólares que reciben de la NED y la USAID, tal y como lo confesaron altos funcionarios del gobierno norteamericano. Con el mayor desparpajo prosiguen con sus campañas desestabilizadoras a base de la mentira repetida mil veces, mientras que paralelamente y a muy altos decibeles le dicen al mundo que en el país no hay libertad de información y que los periodistas continúan siendo sometidos a una bárbara persecución y represión, sin que hayan podido mostrar hasta el momento una sola evidencia de ello.
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