El gobierno de Maduro, en la deriva autoritaria asumida luego de resultados inesperados en las elecciones presidenciales de julio, ha ido extendiendo en forma apresurada una serie de medidas anti democráticas, algunas de facto, como las que violentan el debido proceso judicial y atentan contra los DDHH, y otras con las que pretende incorporar nuevas limitaciones ciudadanas en la legislación vigente, como las que hoy están en marcha en la Asamblea Nacional para modificar las leyes electorales. No se trata realmente de perfeccionar la democracia, ni la legalidad existente en el país, con el propósito de hacerlo más vivible, seguro y estable de lo que actualmente es. Se trata en realidad de limitar cada vez más la participación política de los ciudadanos y sus organizaciones, con el propósito de no volver a ser sorprendido electoralmente, como lo fue en las presidenciales recientes y como lo había sido en otros momentos en el pasado.
No quiere revivir lo sucedido en 2007, cuando el pueblo soberano le negó al propio presidente Chávez su llamado a reformar la Constitución. No quiere tener que enfrentar de nuevo una derrota en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, como la ocurrida en 2015, cuando llegó incluso a perder la principal mayoría calificada, al ser electos por la oposición más de las dos terceras partes de los diputados asambleístas. Tampoco quiere sorpresas en las elecciones de gobernadores, ni en las de alcaldes, ni en ninguna otra, para no verse obligado a recurrir a inhabilitaciones individuales particulares, ni mucho menos a invalidar procesos comiciales, repetir elecciones, como hizo en Barinas, o recurrir a acusaciones penales, que terminen en la detención de algunos de estos funcionarios, como hemos visto recientemente.
La última y más importante de las sorpresas fueron los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales han desquiciado al PSUV y al gobierno, que han iniciado una serie de acciones que lucen desesperadas y muy dañinas para la nación venezolana y para el propio gobierno. Represión indiscriminada, apresamiento de unas 2 mil personas hasta ahora, violaciones del debido proceso judicial y de los DDHH, acusaciones a diestra y siniestra de traición a la patria, terrorismo y fascismo, entre varias otras, acompañadas de expulsiones de diplomáticos acreditados en el país y llamados a romper relaciones de todo tipo con España, además de una urgencia legislativa para modificar las leyes electorales y unas amenazantes advertencias de que quienes no estén de acuerdo con los resultados del proceso electoral, quedarán al margen de las próximas elecciones de Asamblea Nacional y cualesquiera otras que estén por realizarse.
De ahí, que no me extrañe que el gobierno, ante unas opiniones del economista José Guerra sobre la crisis económica, haya deslizado una declaración en la que afirmaba, que la ONG dirigida por éste estaba usurpando las funciones del Banco Central de Venezuela, lo cual constituía un delito. Delito que significa una investigación, una imputación al supuesto delincuente, una orden judicial de detención y un enjuiciamiento por haber opinado. Y esto, en un país donde no existe, o no existía, el delito de opinión. La locura parece total, pues no se ven rastros de sindéresis por ninguna parte. Nadie, por opinar, puede ser calificado de usurpador del organismo que critique. Esto es lo más absurdo que he oído en mi vida. ¿O sea, que, si opino sobre la existencia de una alta mortalidad materna o infantil en el país, que de hecho existe, soy un usurpador de las funciones del Ministerio de Salud? ¿En qué cabeza cabe esto?
Usurpar las funciones de un organismo no es simplemente criticar las mismas, ni denunciar la falta de acciones adecuadas, ni demostrar estadísticamente su mal funcionamiento. Para usurpar hay que estar en capacidad de ejecutar las acciones básicas propias del organismo usurpado. Cuando Guaidó tomó el control de CITGO, estaba usurpando las funciones del organismo designado por los poderes venezolanos, pues estaba en capacidad de manejar la empresa, de decidir la cuantía, el destino y el precio de venta de su producción, así como la apropiación de sus recursos. Es decir, tenía a la empresa en sus manos. ¿Tiene José Guerra al BCV en sus manos? Obviamente no. Igualmente, no tengo ningún control sobre las acciones del Ministerio de Salud, por lo que no puedo ser calificado de usurpar sus funciones, por denunciar la existencia de cifras muy elevadas de mortalidad materna, mucho mayores que las del año 1998.
El gobierno debería de cuidarse de no llegar a estos absurdos extremos. El daño a la nación venezolana de seguir por esta vía sería incalculable.
La Razón, pp A.3, 13-10-2024, Caracas;
