Desde que llegó a la Presidencia de la República por mandato del pueblo en 1999, el líder de la Revolución, Hugo Chávez, fue atacado por las élites del país, auspiciadas por actores externos imperiales, solo por gobernar en favor de los más vulnerables y liderar un proceso de cambios profundos para reivindicar a los venezolanos.

Uno de los ataques más criminales perpetrados por la oligarquía criolla fue hace 23 años, el 11 de abril de 2002. Ese día llegó con la violencia característica de la oposición venezolana, que a través de los medios de comunicación –quienes fungían como partidos políticos de estos grupos– radicalizó un mensaje de odio y bajo las consignas "Todos a Miraflores" y "Chávez, vete ya", generó caos y muerte.

La tarde del 11 de abril del año 2002 se convirtió en uno de los episodios más violentos ocurridos en la historia política del país.

Por un lado, un sector de la cúpula empresarial y comercial se reveló frontalmente a un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una Ley Habilitante creada por el presidente Chávez, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilitaba la lucha en contra del latifundio, así como la Ley de Hidrocarburos, que permitía el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera. Por otro lado, grupos apoderados de Pdvsa que no le perdonaron a Chávez el impulso de la meritocracia en la estatal petrolera, impulsaron una serie de hechos violentos comandados por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), representadas por Carlos Ortega y Pedro Carmona Estanga.

Estos personajes, junto a otros representantes de la oligarquía venezolana como Guaicaipuro Lameda, Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, María Corina Machado y un grupo de militares disidentes —todos ellos como parte del combo que se apersonó en Miraflores para instalar el Gobierno de Carmona "el breve"—, firmaron un documento titulado "Bases para un acuerdo democrático", con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en el que exigían al gobierno cambiar su Gabinete económico y que abandonara el sectarismo político.

Ante la negativa del presidente Chávez en aceptar dichas exigencias, los empresarios, sindicatos y partidos de oposición crearon las alianzas fácticas para confabular un paro indefinido el 09 de abril que se convertiría en golpe de Estado, en el que los medios de comunicación privados jugaron un papel determinante antes, durante y después de la acción anticonstitucional.

Unión Radio, RCR, El Nacional, El Nuevo País, Venevisión, RCTV, Televén, entre otros, fueron algunos de los medios que articularon acciones de persecución social contra el Gobierno; se dedicaron a transmitir informaciones en las que referían supuestos ataques por parte del pueblo revolucionario a la marcha opositora que se dirigía a Miraflores, sin enfocar lo que ocurría al sur del Puente Llaguno, en la avenida Baralt.

En medio de una incertidumbre mediática, el 11 de abril de 2002, el presidente Hugo Chávez fue secuestrado a través de una ola de violencia que se desató en el centro de Caracas, signada por informaciones poco claras con las que se intentó hacerle creer a la población que el Gobierno había ordenado reprimir al pueblo y se incitaba a usurpar ilegalmente el poder.
 

Dando inicio a los planes violentos, el contralmirante Molina Tamayo llamó a una marcha que se dirigiera a las inmediaciones de Miraflores, con el objetivo de encontrarse con la manifestación popular que llevaba tres días en los alrededores del palacio en apoyo al proceso de cambio y en rechazo al paro cívico comandado por la patronal Fedecámaras y la CTV, y así se produjeron los primeros hechos de violencia con disparos a dos manifestantes a quemarropa, y con las pretensiones de callar lo que había pasado entre sus manifestantes, los medios privados omitieron los hechos, que terminarían en más de 20 muertos y decenas de heridos.
 

A las 4:01 de la tarde se iniciaron abiertamente los disparos al mando del comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas hacia Puente Llaguno, fracturando así la esperanza del pueblo bolivariano por varias horas, en las que se vería atacado por grupos anacrónicos (Fedecámaras, CTV, medios de comunicación privados, trabajadores de PDVSA, en coalición con la Coordinadora Democrática, así como la jerarquía de la iglesia católica) que confabularon en intento de derrocamiento del presidente Chávez.
 

El Golpe de Estado de 2002 es una prueba de que la derecha, con sus ansias de poder, ha empleado todos los métodos de sabotaje y conspiración habidos y por haber para derrocar a la Revolución Bolivariana con una violencia desmedida, bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Acción que dejó una larga lista de víctimas mortales y heridas.