Facultado constitucionalmente para tomar esta medida, el gobierno venezolano ha recibido el ataque de la prensa privada del país, quienes argumentan que la medida atenta contra la libertad de expresión. Sin importarles que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asegurara que, no hay ilegalidad en la medida tomada por el Estado. No obstante, la frecuencia “canal 2” fue entregada a una fundación que operará el canal Televisora Venezolana Social (TVes) para cumplir con el mandato constitucional de crear una televisora de servicio público.
La escalada mediática, está dirigida internamente por los directivos de las empresas RCTV y Globovisión, y cuentan con el respaldo de partidos de oposición, la prensa de oposición, grupos empresariales, la jerarquía de la iglesia católica. En esta campaña, contra el gobierno de Venezuela participan activamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, sindicatos empresariales internacionales como la SIP y el grupo de Diarios de América, transnacionales de la información como CNN y FOX, dirigentes políticos de la derecha latinoamericana, y organizaciones que dicen defender la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, pero que nunca han calificado con objetividad la situación venezolana, dándole la espalda a las constantes violaciones cometidas por los medios privados contra la verdad y los derechos del pueblo venezolano.
Es una nueva etapa de lo que se presenta como un “golpe continuado”, cuyo principal escenario es la arena internacional donde se intenta presentar la medida como el “cierre de un canal de tv”, sin explicar que RCTV seguirá transmitiendo a través de las empresas cable operadoras.
Medios y desestabilización
Para el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, cuando lo medios hablan de “cierre de un canal de tv”, "…quieren hacer ver que se ha acabado el período de libertades, que ha comenzado una fase dictatorial donde los medios vivirán amenazados y no hay oportunidad de ejercer la libertad de informar y de opinar (…) eso es lo que han hecho creer en el exterior".
"Es totalmente falso”, agregó Díaz Rangel, “Venezuela sigue siendo el país donde hay más libertad para informar y para opinar…. ningún medio, ningún periodista, ningún editor, ningún dueño de radio o televisión puede mostrar una sola noticia que en estos ocho años de gobierno de Chávez, haya sido difundida por presión gubernamental".
El periodista venezolano fue enfático en manifestar que “…no están desvinculados con un intento de desestabilizar al Gobierno”
No aplica Carta Democrática
El Secretario General de Organización de Estado Americanos (OEA), José Miguel Insulza desestimó la relevancia que se quiere dar a la finalización de la concesión de Rctv y dijo "por importante o preocupante que sea para algunos", carece de envergadura para actuar en función de la Carta Democrática. La OEA “combina los aspectos de soberanía con la defensa de determinados principios. Y en este caso, creo que no es más lo que se puede hacer, salvo que el Consejo decidiera hacer algo, cosa que estimo difícil". La Carta refiere "graves rupturas o graves amenazas de ruptura de la institucionalidad democrática en su conjunto".
Decisión soberana
Consultado por la prensa extranjera acreditada en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, expresó que nada tiene que decir sobre las decisiones soberanas de una nación hermana.
''¿Qué tiene que ver Brasil con una concesión de televisión en Venezuela? Eso es un problema de la legislación y del Gobierno venezolano. De la misma forma que yo no quiero que ellos den opiniones sobre las cosas que yo hago aquí, yo no quiero (comentar eso)''.
En Nicaragua, el Canciller Samuel Santos aseguró que Venezuela "tiene pleno derecho a no renovar la licencia de operaciones de RCTV” la cual concluyó el 27 de mayo, y el Gobierno de Venezuela, con pleno derecho, no la renovó.
En Panamá, el primer vicepresidente y canciller Samuel Lewis Navarro, declaró a la prensa que “no se inmiscuirán en cuestiones jurídicas internas, y que ni a Panamá, ni a la Asamblea General de la OEA, les compete determinar si es o no una violación a los derechos humanos”.
El debate
El actual debate en Venezuela puede resumirse en lo que el ex Vicepresidente de la República José Vicente Rangel denominó la “Doctrina Granier”, en relación con las posiciones asumidas por el director de RCTV, Marcel Granier. Según Granier, cuando un grupo económico accede a una concesión del espectro radioeléctrico, por estar en favores con el gobierno de turno, esa concesión es para siempre y su cesión por parte de un gobierno democrático es un atentado a la libertad de expresión.
Hasta ahora, los dueños de las corporaciones mediáticas en Venezuela, intentan acreditarse la propiedad privada de la libertad de expresión, por encima de las mayorías populares… he allí el centro del debate.
Algunos cierres en Latino América
Uribe: Cerró en octubre de 2004 al estatal Instituto de Radio y Televisión (Inravisión) 3 señales abiertas con contenidos a menudo incómodos para el gobierno. Hizo el anuncio un lunes, y el jueves siguiente desalojó con policía a los trabajadores. Fue reemplazado por Radio Televisión de Colombia (RTVC), que contrata externamente.
Nicaragua: Enrique Bolaños revocó la concesión a Radio La Poderosa en 2002. Sus equipos fueron confiscados sin un proceso judicial. La emisora era crítica al gobierno y afín al ex presidente Arnoldo Alemán.
Uruguay: Lacalle, del centroderechista Partido Nacional, sacó del aire a CX 44 Radio Panamericana en 1994 por haber convocado a la población a una multitudinaria manifestación contra la extradición a España de tres acusados de pertenecer a ETA.
Chile: La libertad está restringida por la concentración de la propiedad. Felipe Portales, Universidad de Chile: "Con excepción de Cuba, Chile es el país con menos libertad de expresión en América Latina, en términos de pluralidad de medios", con una situación "peor a la que se vivía antes de que terminara la dictadura" de Pinochet, en 1990.
