Nuestro país ha entrado en una vorágine mediática en la que usuarios y usuarias alzan sus voces, tratando de no ser absorbidos por el vórtice del remolino demencial de la prensa diaria, sobre todo la de oposición, que permanentemente irrita a los lectores con comentarios cáusticos, por una parte para mantener disociados a sus seguidores y por la otra para insultar a la gente que acompaña el proceso.
Los Comités de Usuarios y Usuarias poco logran, porque son apenas amagos y para lograr institucionalizarse falta tiempo. Mientras tanto nuestras voces solitarias se alzan en medio del barullo para alertar sobre prácticas perversas que a diario vemos en las salas de redacciones y que son por la medida chiquita cruentas violaciones a la ética y a la justicia.
Cada vez que a una sala de redacción, por la vía que sea, llega una denuncia en contra de una empresa de servicio público, sea esta del sector privado o estatal o de alguna institución, indefectiblemente esa denuncia, antes de su publicación es notificada a la empresa o institución objeto de la denuncia o reclamo. Así que prevenidas con antelación las empresas, elaboran sus respuestas y las envían al medio para su publicación. Hasta aquí todo parece en orden, pero si detenemos el proceso y lo analizamos, vemos que nunca el medio notifica con antelación al usuario sobre el contenido de la respuesta de la empresa, que el medio publicará.
Así las empresas siempre están en ventaja frente a las denuncias de los usuarios y usuarias, porque nunca el ciudadano común ha de conocer, con tiempo previo los argumentos de su oponente, un oponente que por demás cuenta con un complejo equipo de especialistas, empleados para destruir en lo posible el contenido de la denuncia, siempre con la intención de degradarla, hasta hacer de ella algo insignificante y de poca credibilidad.
Esto se explica porque las empresas son ANUNCIANTES y cualquier publicación o transmisión que aparezca en los medios, cuyo contenido sea contrario a los intereses de alguna empresa o institución (pública o privada), puede ser percibida por estas como una actitud hostil por parte del medio, una especie de traición a su benefactor (léase: Anunciante). Aquí aparece el desequilibrio entre el servicio público como razón preponderante de todo medio de comunicación y del medio de comunicación como negocio, como fin de lucro.
De ninguna manera consideramos justa la ventaja que el medio otorga a las empresas e instituciones frente a usuario o usuaria; eso sí es una traición a la ética y a la justicia, porque finalmente se inclinan a favor del más fuerte y al ciudadano común siempre lo arrinconan, le impiden una confrontación justa.
La nueva Ley del Ejercicio del Periodismo debe contemplar aspectos como este, ya que de lo contrario se seguirá perpetuando esa costumbre perversa que tanto practican muchos periodistas en nuestro país, además este aspecto debe considerarse en la Ley RESORTE.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un verdadero monumento a la justicia y persigue en cada uno de sus artículos la equidad, todo medio que continúe incurriendo en esa práctica, seguirá indefectiblemente alimentando una atmósfera que impide que se impongan los principios que nuestra Constitución propugna para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Se trata de una nueva cultura que debe instalarse en la mente de los periodistas. Lo contrario no es justo ¿verdad camaradas?
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