Después que el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dio a conocer en el seno del parlamento, los resultados de un estudio realizado sobre la situación actual de los servicios de radiodifusión sonora, TV abierta y difusión por suscripción, los ataques mediáticos han sido implacables contra Venezuela. A pesar de que aún no está decidido revocar concesión a algún medio de comunicación, son innumerables los titulares que anuncian “el cierre de medios en Venezuela”.
Tal como ocurre en el Reino Unido, el Reino de España, en el resto de la Unión Europea y los EEUU, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estudia y revisa el espectro radioeléctrico no sólo para regular el ejercicio legal de los medios de comunicación, sino para garantizar la libertad de expresión. De ese estudio quedó claro que 240 emisoras radiales no cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones; 940 emisoras de radio son operadas por los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan 27 familias; 154 emisoras están ilegales; y hay personas (naturales o jurídicas) que tiene hasta 3 y 4 concesiones.
Como cualquier estado democrático se aspira poner fin al monopolio del espectro radioeléctrico y distribuirlo entre quienes, con capacidad para ello, nunca han tenido la opción de participar en la producción y difusión de información.
A principios de junio se solicitó la actualización de datos a quienes se les han dado concesiones para el uso de espacio radioeléctrico, con el fin de determinar la realidad y el mapa del sector. A quienes no cumplieron con el deber de asistir a la convocatoria se les abrió un procedimiento administrativo. En efecto, esta actitud demuestra, por omisión, el desinterés de los representantes de algunos medios de comunicación de no mantenerse dentro de la legalidad o eludir la obligación de ajustarse a derecho o bien de estar incursos en irregularidades administrativas o situaciones delictivas.
No, no son víctimas de persecución, ni de ataques a la libertad de expresión. Sólo se aspira democratizar el espectro radioeléctrico. En Venezuela, 940 emisoras de radio las operan los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan tan sólo 27 familias; 154 emisoras no dieron información porque simple y llanamente se encuentran ilegales. Hay, por lo demás personas jurídicas o naturales que tienen 3 y 4 concesiones.
El Gobierno venezolano no posee el manejo de la mayor parte de las comunicaciones. El informe también ha demostrado que el estado no tiene más del 10% de las emisoras en frecuencia modulada y menos del 13% de las concesiones radiales en amplitud modulada. Por lo demás, apenas el 6% de las concesiones de televisión son parte de la estructura gubernamental.
Hace un par de semanas innumerables denuncias señalaron a algunos “circuitos” (sectores asociados) de interferir la señal de las televisoras estatales para evitar el reporte de noticias sobre el golpe de estado en Honduras, condenado internacionalmente sin distingos de causas.
Es evidente que grupos mediáticos establecidos a través de redes están dándole un mal uso a la frecuencia. Se ha puesto en evidencia el manejo arbitrario y abusivo de sectores que se han apropiado del espectro radioeléctrico con ese fin. La decisión firme de regular estas desviaciones confirman la defensa de la libertad de expresión Por lo demás, lo justo es que los usuarios formen sus propias opiniones a través de la información que obtienen de los medios y no a la inversa.
kellyarean@gmail.com
