El jueves 28 de enero de 2016 la mayoría calificada de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un proyecto de ley que amenaza la estabilidad de la familia venezolana en los hogares adjudicados por el Estado a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y atenta contra el carácter de figura social de la vivienda al, solapadamente, reinstaurar el viejo esquema de propiedad privada y capitalista que le permitirá a las voraces empresas inmobiliarias hacerse finalmente con las edificaciones construidas por el gobierno.

El texto de marras se denomina “Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela” y en su argumentación propone la oferta engañosa de que los adjudicados por la GMVV no son propietarios del inmueble que ocupan, por un lado, y políticamente, por el otro lado, busca descaradamente hacer méritos a partir del trabajo de otro. Algo así como que el gobierno construye las casas, pero es la derecha política quien las adjudica.

A semejante mentira hay que salirle al paso y llamar pendejos a quienes embaucados por la estupidez se crean el cuento. Lo primero a resaltar es que la GMVV tiene un carácter de protección y un lineamiento de aplicación de justicia social, en correlación con el estatus declarado de la vivienda como figura social: sus beneficiados, entre otros varios tipos de la debilidad jurídica, son precisamente aquellas familias que en su tiempo fueron estafadas por empresas inmobiliarias que presuntamente les iban a construir sus casas. Lo segundo es que cuando la GMVV adjudica una de sus dignas viviendas emite un título que literalmente dice que la propiedad es entregada “en venta pura y simple, perfecta e irrevocable”, lógicamente en medio de una contextualización que impide que de inmediato el adjudicado disponga de su propiedad (social) para venderla al capital privado como si el principio de la dotación de vivienda del Estado fuese favorecer el lucro de un particular por encima de la necesidad de techo de la familia venezolana. Lo tercero es que tal miramiento y “sensiblería” de protección social del Estado venezolano es un impedimento para que el adjudicado pueda vender de inmediato su vivienda a quien le dé la gana, situación que empaña la fiesta comercial de la empresa capitalista.

Semejante aspiración es el punto crucial de la ley que busca promulgar definitivamente la oposición venezolana: quitarle los matices de protección social que tienen los títulos entregados por la GMVV para que los beneficiarios puedan vender ipso facto y, ¡Eureka!, las ávidas cámara inmobiliarias se apropien progresivamente de todas las edificaciones que construyó el gobierno. Tal es la estafa, lógicamente basada en el engaño, como toda estafa: ¡Toma, tonto, tú título de propiedad, ahora véndeme y, si te vuelves a quedar en la calle, como pendejo que eres, ya sabes dónde encontrarme para alquilarte lo que antes era tuyo o revendértelo a un precio mayor!

La ley es una olla destapada donde puede contemplarse con indignación el guiso putrefacto. Llanamente es una propuesta de implementación del libre mercado en materia inmobiliaria donde grandemente el gran ganador, como siempre, es el capital privado, las colosales empresas que compran, alquilan o venden, los más fuertes, en fin, como se corresponde con la doctrina darviniana capitalista. La vivienda al fin se habrá mercantilizado y el país se retrotraerá a los estadios violatorios de los derechos humanos del pasado. El sueño opositor para el caso, el de las corporaciones de la construcción e inmobiliarias que están detrás de los diputados testaferros, es apoderarse de los ingentes bloques habitacionales de la GMVV porque en su criterio representan las edificaciones que ellos debieron haber construido en los pasados quince años. ¡Caramba, sí que es una buena tajada! ¡Un millón de hogares!

Apenas usted coloca su cabeza por encima del guiso descubre que con la nueva ley se tendría que derogar:
(1) La Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas
(2) la Ley de Determinación del Justiprecio de Bienes
(3) la Ley de Bancos que estipula tasas y condiciones favorables para la adquisición de viviendas.

Leyes cuyos solos nombres traducen el beneficio para el sector social eventualmente afectado. Al ya no existir propiedad social, no es posible realizar tomas o expropiaciones de terrenos para la construcción de viviendas con precios asequibles, y el ente determinador de los precios sería el latifundio urbano, monstruo que estaría a punto de ser liberado por la ignorancia del venezolano.

¿Qué hacer?
El presidente Nicolás Maduro ya dio un primer paso, previendo la aprobación de la mencionada ley-estafa: creó el Sistema Nacional de Registros Públicos Inmobiliarios de la GMVV, organismo que velará por la conservación del dicho rasgo social de la adjudicación de vivienda, su protección como valor contentivo de la familia venezolana, ante el empuje de la troica política adversa: partido de derecha, AN y empresarios.

Pero ¿qué ocurre? ¿Es todo? ¿Es suficiente? ¿Resta ahora sentarse y esperar la cosecha de los frutos? Sabido es que no.

El gobierno solo no podrá, a menos que como poder constituido disuelva a ese otro poder también conformado en las pasadas elecciones, la AN. Nadie se sentará a esperar. Dada la paridad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el llamado lógico es activar e incorporar a la lucha un tercer poder, el popular, de manera urgente. Es el último muro de contención ante la pretensión mercantilista de la derecha política, ante su afán terrófago urbano.

El alto gobierno, en declaraciones del diputado Elías Jaua, ha dicho que “el bloque parlamentario de la patria se desplegará en todos los urbanismos de la GMVV para informar sobre el engaño que pretende hacer la derecha al pueblo, para levantar un poderoso movimiento en defensa de la tierra urbana y la vivienda digna para el pueblo.” (Últimas noticias, 28 ene 2016, “Diputado Jaua: Ley aprobada por AN intenta iniciar la restauración capitalista”)

Propuestas:
(1) Considerando que los propietarios de dichos inmuebles hasta dónde se conoce no están organizados gremialmente para defenderse de una eventual amenaza contra su estatus y los inquilinos sí (los inquilinos están en permanente lucha), se propone formar un grupo de apoyo y acompañamiento para vehiculizarse con el Poder Ejecutivo y expresar en los foros que la amenaza es potencial también contra los inquilinos.

(2) Solicitarle al ejecutivo una medida de protección a favor de las familias en situación de alquiler (¿500 mil=2 millones de personas?), sector vulnerable, desposeído y de padecimiento silente ante el acoso inmobiliario que, perpetuamente, se burla de la ley y no tiene reparos en dejarlas en la calle.

(3) Contraatacar y empezar a realizar tomas o propuestas de tomas con orientación social allí en los sitios donde el capital inmobiliario “engorda”, oculta o dilapida terrenos con capacidad de soluciones habitacionales. Esta última propuesta se enarbola como bandera activa y operativa de lucha para recordarle al la facción política que audazmente ha declarado la guerra a la familia venezolana que los inquilinos como poder popular son también audaces y están dispuestos a la lucha por una causa hoy más que nunca amenazada. Autocrítica: si como movimiento social en plenitud, con el apoyo de la ley y de Hugo Chávez, el inquilinado no se atrevió, hoy que hay mengua necesario es que lo haga.

¿Entonces cuándo, si no?. ¡Basta ya de tanta charla sin audacia y sin concreciones sobre la realidad!