PRIMERO: La Asamblea Nacional deberá sancionar una Ley, con carácter de urgencia, que castigue severamente, con penas de presidio, a quienes reciban dinero de países y organizaciones de fachada como la Ned, la Fride, etc, que actúan con el disfraz de ONG u organizaciones de paz, recabando dinero de los países interesados en desestabilizar nuestro País, de manera de que estos no aparezcan involucrados. Esto lo digo, porque en nuestro Código Penal existe un Artículo, que es el 142, del Capítulo I, que contempla los delitos de traición a la patria y otros delitos contra ésta, que trata esta materia, pero sólo para el caso de una Nación que se halle en guerra con Venezuela; debe entenderse que ha de existir una declaración de guerra o el inicio de hostilidades militares para que pueda aplicarse este Artículo; pero, cuando se está en una situación de pre-guerra, como la que estamos viviendo en estos momentos con los EEUU, entonces no existe una norma que castigue este tipo de delitos.
Hay que recordar que ese imperio tiene entre sus planes varias hipótesis de hostilidad con nuestro País; a saber: el genocidio de nuestro Presidente; la desestabilización interna del País; ataques mediáticos a nivel internacional y nacional, para desacreditar nuestro Gobierno y hacer ver que se trata de un gobierno dictatorial, que no respeta los derechos humanos ni las normas del derecho internacional; o sea, GUERRA DE CUARTA GENERACIÓN, la cual ha causado ya un desquiciamiento y disociación importante en un grupo de los componentes de la oposición venezolana y en algunos propietarios de medios internacionales; contempla también la invasión militar, bien sea a través de Colombia o en forma directa. No olviden que las siete bases militares que tienen en Colombia y las de Curazao y Aruba, han sido creadas y armadas con esta finalidad. Ya hemos visto las declaraciones del embajador imperial en Colombia declarando que las fuerzas militares de los EEUU habían participado directamente en la liberación de unos militares que eran rehenes de las FARC; o sea, que ya están interviniendo en los asuntos internos de ese País vecino.
Todo esto revela, en forma por demás clara, que existe una situación de preguerra imperial contra Venezuela; pero no existe una Ley nuestra que tipifique y castigue los delitos contra la independencia y la seguridad de la Nación que estén orientados a facilitar las acciones de guerra en contra nuestra. Se puede ver claramente como viajan constantemente miembros de la oposición al exterior a mal poner nuestro País, es más, lo han hecho aquí mismo en frente de nuestras narices y la Fiscalía no parece darse cuenta de ello a pesar de que se trata de hechos comunicacionales notorios. Acabamos de ver los videos proyectados en la televisión donde aparece un venezolano, por todos conocidos por ser uno de los dueños de un canal ya extinto, que viajó al Congreso de los EEUU en busca de ayuda para una causa posiblemente contraria a nuestra soberanía; y, la impunidad sigue campeando.
La conclusión sobre este punto es que, es imprescindible la existencia de esa Ley que castigue este tipo de delitos, pero quizás más importante, que exista voluntad jurídica para sancionarlos, porque de nada vale tener los instrumentos jurídicos aplicables y no hacerlos valer.
SEGUNDO: Neutralizar los intentos apátridas de Globovisión tendientes a desestabilizar a nuestro País. Todos hemos sido víctimas de las acciones que a diario emite ese canal de televisión llamando a delinquir; no hay un solo programa donde no se manipulen las noticias en forma grosera; se trastoquen los hechos o se ofenda, en forma continua, a los funcionarios del Gobierno, haciendo ver una situación ficticia que engaña y enferma a sus seguidores, pero que también trasmite al exterior una falsa imagen de nuestra Nación, que tiene que ser penada a través de un instrumento jurídico idóneo para ello; y, aquí hago un llamado, respetuoso, a La Asamblea Nacional para que se aboque, de inmediato, a crear dicho instrumento jurídico, tal y como aparece enunciado en el punto anterior. CONATEL tiene una gran responsabilidad en esto, debe hacer un monitoreo permanente sobre este canal y pasar a la Fiscalía General de La Nación cualquier hecho que pueda constituir delito, con los soportes correspondientes, de manera que ésta pueda ordenar la investigación pertinente.
Otra acción orientada en este sentido, sería la de absorver ese canal; bien sea embargando las acciones del dueño del Banco Federal, pasándolas al Estado, y si estas no llegan al 51% del total de las acciones de la empresa, entonces negociar un número de estas hasta llegar al porcentaje expresado. Esta forma de acción tiene la ventaja de que no hay que cerrar el canal, evitando así que la canalla alegue una supuesta violación al derecho a la información.
Otra manera de proceder sería la de revocarle la concesión por el daño continuado a la salud mental del venezolano. Cuantos casos de disociación psicótica existen en el País por causa del veneno inyectado a un amplio sector de la población, que ya está creando un cisma difícil de revertir; y, es obligación del Estado velar por la salud de la población, tal y como lo establece La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Artículos 83, 19 y 156 entre otros; por manera, que el Estado está obligado a actuar para resguardar la salud mental del venezolano.
Pero no sólo está afectando el renglón salud, sino que está incitando a la violencia física, a la violación de los preceptos legales, a la convivencia pacífica y al orden público en general, lo cual obliga al Estado, como garante de la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos a actuar en consecuencia; de no hacerlo, no sólo se estaría violando nuestra Constitución, sino que a la larga la situación en torno a la seguridad llegaría a extremos críticos difíciles de manejar.
TERCERO: Pasar de la defensiva a la ofensiva; aquí convendría recordar una máxima de la guerra que dice, “la mejor defensa es la ofensiva”. Por qué nosotros tenemos que esperar que se nos “acuse de algo”, para actuar, que se nos ataque para defendernos; todos estamos al tanto de los errores y violaciones permanentes a los derechos humanos del imperio y sus acólitos, sin embargo, esperamos que nos ataquen por cualquier motivo no sólo fútil sino falso, para que entonces actuemos. Nuestra Cancillería, y lo digo con mucho respeto porque está haciendo un gran papel, debe estar pendiente de las acciones del imperio y sus lacayos, que lesionen los derechos humanos o los derechos internacionales de otros pueblos y lanzarles una andanada de ataques sin cuartel, de manera que sientan en carne propia lo que hacen a otros y piensen bien antes de actuar, que van a recibir la misma medicina. Sin embargo, esta no es sólo materia de la Cancillería, se requiere de otros órganos del poder público para el estudio y análisis de estos hechos. Esto nos lleva al punto siguiente.
CUARTO: Crear una organismo que se encargue de planificar y ejecutar la Guerra de Cuarta Generación; este debe ser un organismo multidisciplinario dependiente de la Vice Presidencia de la República, donde converjan representantes de los Ministerios de la Defensa y de Interiores y Justicia; con la doble misión de: neutralizar las acciones de guerra de cuarta generación que nos vienen tanto del exterior como de los medios de comunicación internos; así como generar ofensivas destinadas a mantener en zozobra al enemigo. Recordemos que la guerra de cuarta generación no son más que acciones dirigidas a la captación de la mente humana con la finalidad de imponer criterios de dominación. Un ejemplo clarificador del concepto sería aquel que nos hace desear la necesidad de ser invadidos, o a creer que el magnicidio es necesario e indispensable como tabla de salvación. Esta guerra de cuarta generación también está dirigida, a través de mentiras y manipulaciones, a hacer ver que nuestro Gobierno es un Gobierno dictatorial, que no respeta los derechos humanos ni los derechos internacionales, de manera tal, que justifiquen acciones desestabilizadoras en el País, todo ello en el marco de la guerra de cuarta generación.
CONCLUSIÓN: Podemos decir, que el fracaso nuestro en el manejo de estas operaciones se debe a la creencia de que el adversario actúa siempre de buena fe, por aquello de que la buena fe se presume invariablemente; pero lo cierto es, que ellos nunca han actuado de buena fe. Toda la actuación de ellos, en este sentido, se encuentra encuadrada en hechos comunicacionales notorios, de manera que es muy fácil probarlos ante los tribunales de Justicia; pero como nadie puede ser enjuiciado por hechos que no se encuentren tipificados como delitos en nuestro derecho positivo(constitución Nacional y demás Leyes de la República), entonces, mientras no se creen estos instrumentos legales, estos sólo serán hechos bochornosos e indeseables, y por tanto, sus autores continuarán libres para seguirlos cometiendo. Por ello se habla de impunidad de los órganos de justicia, pero la verdadera impunidad está en los organismos encargados de crear los instrumentos legales aplicables a esta situación. Y para finalizar les dejo el refrán deportivo que dice, “el que no hace goles se los hacen”.
(*) Coronel en situación de retiro de la Aviación Militar Bolivariana y abogado.
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