Recordemos que el tema de las inhabilitaciones administrativas fue explotado al máximo por los medios de la derecha para atacar al gobierno de Hugo Chávez, dizque por atentar contra los derechos humanos y la libertad política de los venezolanos, consagrados en nuestra Constitución Bolivariana, una vez se conoció que Leopoldo López sería uno de ellos (fallo de la Contraloría de marzo/2008), apuntalados, como sabemos que siempre lo hacen, en la falsa información de que inhabilitación administrativa es igual a inhabilitación política.
Fue una campaña feroz y, por supuesto, tuvo eco y bastante en la OEA, en los predios del Departamento de Estado en Washington, en la Fundación Cubano Americana de Miami, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera…, hasta el punto de que la Corte Interamericana emitió un fallo en favor de López (09/2011), mediante el cual declaró ilegal y persecutoria a esa medida de inhabilitación en su contra, al tiempo que solicitó que nuestras Instituciones la dejaran sin efecto, a lo cual el TSJ “ripostó” (1) con decisión de fecha 10/20/11, declarando que ese pronunciamiento de la Corte es inaplicable, dado que a López sólo se le inhabilitó administrativamente, es decir que no podrá ejercer cargos públicos por seis años (hasta el 2014).
Lo cierto es que el sujeto, dándole la razón a nuestra máxima instancia judicial, lanzó su nombre a la presidencia en el “certamen” que organizó la MUD y se inscribió para ello en el CNE, sin tropiezos de índole alguna, de donde se infiere que esa afirmación de que se le habían vulnerado sus derechos políticos no era cierta. Es muy normal observar por esos predios de la “sociedad civil” que sus integrantes se desmienten así mismos, de manera persistente y este episodio así lo demuestra, además de que vale acotar que los ejemplos sobre esa conducta abundan como la hierba…
Ahora este personajillo decide retirarse de la contienda y poco sabemos de las razones que tuvo para hacerlo, porque nada nos indica que haya dicho en la oportunidad en que lo anunció al país (palabras más, palabras menos), esto: “Capriles es el camino para una nueva Venezuela (..) La unidad que se está construyendo es la más poderosa (..) Serás, Henrique, el próximo presidente de todos los venezolanos…” Y, ¿entonces, sus sonoros y vibrantes discursos ofreciendo a los venezolanos transformar el país en un Paraíso (lleno de autopistas, hospitales de primer mundo, etcétera) en campañas por todo el territorio nacional a un costo desmesurado, donde quedan? ¿Quién pagó esas giras y esa intensa e inmensa campaña publicitaria en diarios impresos y en televisión? Vale la pena que se averigüe, pues tanto dinero para ser botados así, sin más, no se afloja tan fácil dentro del país, aun cuando en el exterior, como sabemos, si es posible y en abundancia para derrocar gobiernos que no le gustan a los gringos, por ejemplo por parte de la NED, de la USAID y de otras fuentes de todo tipo y colores, como -por ejemplo- esas del PP de Aznar en España…!!!
Pero hagamos un breve recuento de ese melodrama llamado “Inhabilitados del Tirano Chávez”, propio de los horarios estelares de los canales de la televisión mediocre y asquerosa del capitalismo voraz e inmoral...
Pretendieron engañar al país con el cuento de que, efectivamente, Clodosvaldo Russián había violado la Constitución al acordar las inhabilitaciones, cuando ellos sabían y decimos ellos, porque hablamos no sólo de López, sino de sus compinches todos de la MUD y, por supuesto, del “state departament”, pues conocían que ya en el 2004 y luego en el 2005, por ratificación, nuestro más alto tribunal había fijado posición sobre la constitucionalidad de ese tipo de sanciones, así como también y he aquí una realidad bien relevante sobre la cual se guarda silencio sepulcral: La Convención Interamericana Contra la Corrupción suscrita en septiembre de 1996 (en pleno gobierno de Caldera II) y que entró en vigencia en junio del año siguiente de 1997 (2), propugna en términos muy claros, sin interferencia alguna en la soberanía de cada país, la adopción de disposiciones rigurosas para enfrentar el delito de la corrupción y, obviamente, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a quien haya incurrido en ellos es una de las tantas que no solamente la ha adoptado nuestro país a través de la Ley Contra la Corrupción, sino que igualmente lo han hecho otros países del Continente, entre los cuales destacamos al Perú, en donde, vale agregar, la Comisión Constitucional de su Parlamento aprobó el pasado año, en septiembre, el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, el cual será llevado este año para su discusión y aprobación final por parte del pleno del Congreso peruano, según lo informó a los medios, a finales de 2011, el congresista y presidente de la Comisión, Fredy Otárola, alto dirigente del partido de Ollanta Humala, Gana Perú.
No somos jurisconsultos ni nada que se le parezca, pero el sentido común nos indica que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en favor de Leopoldo López, acusado de recibir de modo indebido dineros de PDVSA y malversar fondos de la Alcaldía de Chacao, le está haciendo un flaco servicio a todo esfuerzo para reducir al mínimo los actos de corrupción en nuestros países. ¿O no es así…?
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(1) Término de uso habitual en Colombia: responder con vehemencia. Ver la decisión en esta página: http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=8847
(2) http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
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