Más que una solicitud, hago esta exclamación como un grito, como una pregunta: ¿Por qué la contraloría, procuraduría y Fiscalía, además del defensor del pueblo no inhabilitan políticamente a esta gente?
¿Por qué la inhabilitación política solo es o, mejor dicho, ha sido, solo bajo investigaciones de corrupción ligada con el erario público?
¿Acaso un diputado, o un alcalde o un gobernador que se le compruebe participación y reincidencia en eventos y/o actos contra la paz y la república no puede ser inhabilitado?
¿Acaso una malversación o un peculado de uso es mas dañino que un complot para matar la democracia… o al Presidente?
¿Acaso dejaremos que una persona como María Corina Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López, Julio Borges puedan lanzarse a diputados una vez más, aun a sabiendas de que son personas que riñen con la democracia y le hacen guiños al terrorismo y al golpismo?
¿Por qué siento que los demás poderes del estado no están a la altura del compromiso y coyuntura de la patria?
¿Por qué no tenemos un Juez del Tribunal Supremo al estilo Garzón de la Audiencia Nacional de España que se tome los casos y conduzca las investigaciones con la fiscalía?
¿Por qué no tenemos todavía un Fiscal o Fiscales al estilo de Danilo Anderson, que en las coyunturas salieron al paso a enfrentarse con los colmillos de las bestias?
El poder moral que debería liderizar estos acontecimientos, no lo hace, quizás si lo hiciese se le diese a las investigaciones un soporte “judicial” y no solo “político” con los jefes políticos tomando la iniciativa.
Que sea la fiscal y la presidenta del tribunal supremo las que en una entrevista especial o programa o rueda de prensa surjan y nos aclaren con la verborrea judicial, además de aclararnos los temas sobre los allanamientos, la cadena de custodia y lo demás. Ya que con solo la parte política, solo quedaría como un mazazo y no como una investigación seria que arroja resultados y tiene responsabilidades descubiertas y complicidades declaradas por sus inculpados.
…Quizás solo soy yo que quiero más de lo que ellos pueden dar.
Pero sin conocer las leyes del poder moral y lo que pueden o no pueden hacer, me atrevo entonces a proponer al legislativo que haga una ley de inhabilitación política en casos comprobados de participación en crímenes contra la paz y contra la democracia. Ya en la constitución existe la base para reglamentar este muy particular tema.
¡El pueblo legislador!
Que se inicie esta, y valga la redundancia, INICIATIVA LEGISLATIVA.
joedracco@yahoo.es
