Desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional (AN), representada mayoritariamente por la MUD, se colocó por encima de la Constitución, perdió absolutamente su legitimidad, es decir, el componente de la derecha fascista se ilegitimo, toda vez que éstos irrumpieron contra el Estado de Derecho y Justicia Social, al contravenir flagrantemente el fallo que le ordenaba desincorporar a los presuntos tres diputados investigados sobre su elección que está en tela de juicio. Por lo que, el Máximo Tribunal de la República sentenció:

“1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar; y 2. LA INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA por violación flagrante del Orden Público Constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos’”. Por tanto, una vez el Alto Tribunal de la República, en fecha 2 de septiembre de 2016, se pronunció, pero esta vez lo hace la Sala Constitucional:

“Se DECLARA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. Para aquellos que todavía dudan del golpe de Estado “suave”, con el desacato de la AN la institucionalidad democrática entró en un caos institucional de proporciones impredecible, salvo que se materialice el golpe de Estado con una injerencia estadounidense. La AN está repudiando el orden institucional que debe existir al desconocer el artículo 136 de la Carta Magna, el cual refiere que cada rama del Poder Público, “…colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. De la mis manera, conculcó un rosario de artículos constitucionales por violación flagrante del orden público constitucional. En ese sentido, vale citar, las normas contenidas en los artículos de la Ley de Leyes, conculcados por la AN bajo una postura contraria al Estado de Derecho: 1, 2, 3, 5, 7, 22, 23, 25,137, 139, 253, 266, 334, 335, 336 y 350. La AN subvirtió la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Actualmente el Ministerio Publico a instancia de la Sala Constitucional estudia las penalidades a que haya lugar en virtud del desacato de la AN, que tiene como propósito crear un caos institucional (que ya está en ejecución), en la República Bolivariana. Luego, tampoco hay dudas acerca de cuál será el pronunciamiento del TSJ en torno a la Ley de Presupuesto, pues si como ya se pronunció: “…la inconstitucionalidad dimanaría de la incapacidad de la Asamblea Nacional de dictar actos válidos mientras se mantenga en la situación de desacato declarada por el Poder Judicial”, entonces, el Ejecutivo Nacional ejecutará la Ley de Presupuesto, a través del poder concedido en la Ley Habilitante. Sin embargo, estos planteamientos no inciden para que la derecha fascista continúen insistiendo sobre el referéndum, la intervención y tantas otras marramuncias más, como la salida de Venezuela de MERCOSUR. Vayan a Argentina para que aprecien lo que es objetivamente la pobreza crítica y cómo la economía de mercado hace de las suyas en esa hermana nación suramericana, en manos hoy día del descontextualizado oligarca Macri, que ya entregó Las Malvinas y se alió al Fondo Monetario Internacional con sus recetas económicas neoliberales.