Cuando se habla de Guerra No Convencional, nos referimos a un tipo de confrontación que enfrenta a contrincantes que intentan imponer sus decisiones, mediante mecanismos o acciones que aprovecha cualquier gama de instrumentación, sin respeto de ninguna regla. La Guerra No convencional, implica la violación sistemática de reglas de combate, irrespeto en los objetivos de la guerra, tomando como objetivo cualquier blanco civil sin detenerse en las consecuencias o daños causados.
En Venezuela, se asiste desde el año 2014, con la denominado opción “la salida”, a la aplicación de tácticas transgresoras, con uso excesivo de la violencia, que ha sido legitimada a través de los apoyos suscitados en medios digitales, impresos o audiovisuales. Es no sólo una Guerra No Convencional, sino que además encaja en la definición de Guerra Híbrida, entendida como: “…una amenaza que, susceptible de ser utilizada tanto por estados como por actores no-estatales, aprovecha toda la gama de modos y estilos de lucha disponibles. Éstos pueden incluir formas convencionales; tácticas y orgánicas irregulares, actos terroristas fundamentados en el uso de la violencia y la coerción de forma indiscriminada; e incluso actos criminales”. La Guerra Híbrida ha causado ya en Venezuela más de 80 muertos, de los cuales el 64% no ha tenido nada que ver con actos de manifestación o protesta. Es decir, que estamos siendo testigos de un instrumento utilizado con el objetivo y propósito especial de desestabilizar y causar grandes conmociones (políticas, sociales, económicas y por supuesto, psicológicas).
Es Leopoldo López, y la organización política que encabeza – Voluntad Popular (VP)- la responsable de introducir este tipo de acciones de Guerra en Venezuela, sin embargo las demás organizaciones de la denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), no se han diferenciado de estas tácticas y por el contrario, las han hecho suyas en estas etapas de la confrontación. Por eso hablamos de tácticas trasgresoras, que utilizando la existencia de una brecha cultural – o disputa- manifestada entre concepciones diversas sobre la democracia – representativa vs participativa- han generado un conjunto de mecanismos violentos, que teniendo influencia en el conflicto y la realidad colombiana, han sido introducidos en Venezuela, amenazando la convivencia entre los ciudadanos.
No es casual, que entre las víctimas mortales, se observen linchamientos, quemados, sicariatos y otras formas, que insistimos, no son típicas de los conflictos políticos experimentados por la sociedad venezolana. Lo peor, es que estas formas son legitimadas a través del tratamiento mediático dado. No se trata de asesinatos políticos o crímenes de odio, son sencillamente “guerreros o libertadores” que luchan por “salir de una tiranía”, “una dictadura” oprobiosa.
UN RECUENTO HISTÓRICO DEL PROCESO TRASGRESOR EN VENEZUELA (2002-2016)
Sí bien, señalamos que el inicio formal es el año 2014, no se puede ignorar la vinculación – en términos de laboratorio vivencial- que tienen los hechos de abril de 2002. En el conflicto sostenido entre el Gobierno de Chávez, por la aprobación de 49 Leyes habilitantes, que en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) implicó la reformulación de áreas tan claves como el régimen de propiedad de la Tierra (Ley de Tierras), Económico (Ley del BCV y Ley Orgánica de Hidrocarburos), pero que en definitiva confrontaba dos modelos de país: el existente entre 1958-1998 y el impulsado en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Entre 2001-2004 se implementaron diversas acciones que encajan dentro de las denominadas Operaciones Psicológicas (OPSIC), que fueron utilizadas como mecanismo de “ensayo y error” para lo que experimentamos los venezolanos en la actualidad. Es con la convocatoria a una reforma constitucional, en el año 2007, cuando se concretan estas operaciones psicológicas en contra de los venezolanos, insistiendo en un “choque cultural”, que se adelantaría de producirse la aprobación de la propuesta formulada por Hugo Chávez. En ese momento, se demostró la fragilidad afectiva y psicológica del venezolano, sometido a un incansable bombardeo mediático. Una enseñanza primordial, para lo vivido hoy en día.
Entre enero de 2014 hasta fines del año 2016, se asistió a una etapa de conflictividad, que tuvo dos características primordiales: 1) la elevación de la violencia simbólica en cada ámbito de la vida ciudadana y 2) el reforzamiento de n marco referencial, que señalaba la “incapacidad” del Gobierno encabezado por Nicolás Maduro para solucionar la crisis. Ambos se conjugan para implantar la idea de un “estado Fallido”, que es aquel incapaz de mantener el orden y asegurar la convivencia entre sus ciudadanos. La figura del Estado Fallido es clave, pues a través de él, se puede – empleando el derecho internacional humanitario- hablar de “injerencia humanitaria”. El denominado “derecho de injerencia”, conlleva la violación de un principio esencial del derecho Internacional: la soberanía. Sin embargo, el derecho de injerencia deja claramente establecido la posibilidad de violentar este principio en nombre de otro mayor: “la intervención humanitaria”.
Es por ello, que desde todo el año 2016, se observó la insistencia de la oposición venezolana en el sentido que el Gobierno de Nicolás Maduro reconociera una situación de “crisis humanitaria”. ¿Por qué es tan importante la aceptación de una crisis humanitaria por parte del Gobierno de venezolano? Esencialmente por qué la aceptación, abriría las puertas para permitir abordar el caso Venezuela en organismos supranacionales como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA). Sí alguno de estos organismos lo tratará, como efectivamente se intentó, se podría justificar la conformación de una fuerza multinacional que actuará, ante la “emergencia”. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) asume esa posibilidad cuando la situación en un país sea tan crítica, que amenace a sus ciudadanos de “tratos inhumanos”. En esos casos, una fuerza multilateral es posible, ante la imposibilidad de solucionar por otras vías “diplomáticas” la situación.
Instituciones en Venezuela, como la Asamblea Nacional, la federación Farmacéutica u otras como partidos y líderes políticos, clamaban por la declaratoria de la “crisis humanitaria”. Esa declaratoria, sin duda abriría el camino para una salida no democrática del conflicto de poder en Venezuela, necesario para disponer y acceder sin restricciones a los cuantiosos recursos naturales que están presentes en Venezuela. El interés geopolítico trasnacional y las presiones de los denominados “imperialismos colectivos” sobre Venezuela, han sido denunciados con anterioridad, a través de diversas aproximaciones.
La conflictividad del Poder Legislativo, bajo control de la oposición venezolana desde diciembre de 2015, contra el Poder Ejecutivo ejercido por el Presidente Maduro es notorio durante todo el año 2016. Comenzando por el hecho, que el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática (AD) anunciaba que en menos de seis (6) meses habría una opción de salida del mandato del Presidente Constitucional de Venezuela, hasta las opciones de convocatoria de un refrendo revocatorio, una inhabilitación para ejercer el cargo o un juicio político, todas ellas esbozadas en el transcurso del 2016, buscando elevar la ingobernabilidad y exaltando la existencia de un Estado Fallido en Venezuela.
La estrategia, es parte de la ejecución de un “manual de procedimientos”, basados en diversos elementos. Uno, los propios documentos del Pentágono y el Departamento de Estado, tales como el denominado “Guerra No Convencional y Fuerzas Especiales”, hecho publicó en noviembre de 2010. Ahí se establece que busca la Guerra No Convencional (GNC) en la estrategia de seguridad de EEUU. Directamente se señala que “los esfuerzos de EEUU con la Guerra No Convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades sicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de EEUU”. Se busca desarrollar lo que denominan un “movimiento de resistencia”, entendido como “esfuerzo organizado de alguna porción de la población civil de un país, para ofrecer resistencia contra un gobierno legalmente constituido… y alterar la estabilidad y el orden civil”. Esta estrategia de impulso de una acción transgresora, encaja perfectamente con los resultados de las protestas adelantadas desde inicios de abril de 2017 en una parte de Venezuela (particularmente en seis (6) de las 24 entidades federales del país).
El segundo elemento en que se basa la estrategia de GNC, es el un tanque pensante: Gene Sharp y su obra “de la Dictadura a la democracia”. Este autor define más de 193 métodos “no violentos” para generar el debilitamiento de un gobierno. Subrayamos lo de “métodos no violentos”, pues una característica esencial de su aplicación en el país, ha sido precisamente la violencia de sus acciones, con un saldo muy lamentable de muertos, la mayoría sin ninguna vinculación o participación en las manifestaciones.
El equipo de investigaciones que encabezamos, adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPES) ha logrado identificar de los 193 métodos sugeridos por Sharp, para desestabilizar, un total de 89 aplicados en el caso Venezuela. A saber entre otros:
Discursos públicos
Cartas de oposición
Declaraciones de organizaciones o instituciones
Peticiones masivas
Lemas, caricaturas o símbolos
Banderas, carteles, pancartas
Volantes, folletos
Escritura en el cielo o la tierra
Despliegue de banderas
Usar símbolos en el vestido
Oración y culto
Desvestirse en público
Pintura como protesta
Nuevos letreros y nombres
Gestos groseros
Acoso a funcionarios
Mofa de funcionarios
Vigilias
Sátira y burlas
Marchas
Desfiles
Duelo político
Funerales-manifestaciones
Mitines de protestas
Boicot social
Desobediencia social
Quedarse en casa
Estas acciones se han venido incrementando durante todo el mes de mayo, junio y lo que ha pasado de julio, como parte de los esfuerzos de debilitamiento psicológico, que busca fraccionar los apoyos sociales y políticos del Presidente Maduro.
EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA SELECTIVA Y LA CREACIÓN DE CAOS
La estrategia trasgresora ha venido en aumento. Siendo focalizada en algunas de las principales ciudades del país (Maracaibo, Caracas, Maracay, Barquisimeto, San Cristóbal, Coro, Barcelona, Lecherías, Puerto Ordaz, entre otras). No obstante, se debe señalar que esta violencia no representa sino un total de siete (7) de las veinticuatro (24) entidades del país. No obstante, la representación – el marco interpretativo- que la prensa nacional e internacional muestra, intenta señalar un país sumido en el caos incontrolable. De nuevo la tesis del “estado fallido”, en donde se genera una “crisis humanitaria” incontenible.
Algunos analistas vinculados al departamento de estado en EEUU, como Robert Ellis, han señalado la imposibilidad del Gobierno de Maduro de controlar esa violencia y han dejado entrever la necesidad de una “intervención”, no directa a través de los vecinos de Venezuela, específicamente Colombia, Aruba- Curazao o Guyana, para evitar un “desbordamiento de la violencia en la región”. No obstante, la diplomacia del petróleo desplegada por el Gobierno de Chávez y heredada por Maduro, han impedido todos los esfuerzos por bloquear diplomáticamente a Venezuela en el escenario internacional. Esto en vez de ser un elemento de contención, ha acelerado en nuestro criterio los esfuerzos de los EEUU y los imperialismos colectivos, así como de países colaboradores (España, Colombia, Perú, México, Paraguay, Argentina. Brasil, Panamá, Costa Rica) por avanzar en una escalada final, cuyo resultado buscado es la salida del poder, por medios no democráticos de Nicolás Maduro.
Esa salida, por medios violentos, es necesaria para poder controlar los recursos naturales estratégicos que posee Venezuela. Hemos advertido, junto a otros analistas como Fernando Travieso, de esta hipótesis de acción. El incrementó de la rabia, la violencia sistemática contra instituciones y bienes del Estado, los llamados irracionales en las redes, son sólo una parte de esas estrategias trasgresoras implementadas, en perfecta articulación con los manuales de guerra del Departamento de Estado, tal como lo señaláramos.
En esta etapa, ya no se trata sólo de mostrar la insatisfacción con problemas esenciales que aparecen en todos los estudios de opinión (situación económica, disponibilidad de alimentos, impunidad, inseguridad), sino de propiciar escenarios de conflicto urbano que deriven en acciones subversivas, entendidas como ejecuciones que buscan socavar la moral, la política y la fuerza de un gobierno. En esta etapa, entran las acciones denominadas o conocidas como “trancazo”, que conllevan el cierre de vías de comunicación, la quema de vehículos o edificios, pero complementados con acciones paramilitares como el cobro de vacuna para permitir el tránsito o simplemente la extorsión para circular. Es una mezcla de métodos de diversa naturaleza, característicos de la Guerra Híbrida.
En esta etapa, la MUD, ha anunciado un plebiscito, que pretende ser confundido con los diversos mecanismos de participación establecidos en la constitución nacional. Lo primero que hay que decir, es que su implementación conlleva la violentación de las formas permitidas para la consulta y participación ciudadana. Ningún artículo de la Constitución lo establece como un mecanismo permitido. De hecho, este fue un aspecto esencial tratado en el denominado “espíritu constituyente”, pues en los diarios de debates digitalizados, quedó expresamente establecido su no inclusión entre las formas de participación, tal como puede consultarse en las Actas de la Sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 15 de noviembre de 1999, ahí se estableció que “no va a haber en nuestra constitución como medio de participación el plebiscito como una forma de legitimar alguno de los poderes”.
No obstante, como se trata es de manipular y tergiversar los medios venezolanos ya han comenzado a justificar la medida, señalando que es “una forma legítima” de consulta, que no es una elección y por ello el órgano encargado de los procesos electorales en Venezuela (Consejo nacional Electoral) no participará. Se esconde un esfuerzo – otro más- deslegitimador de la acción del Estado Nacional, a través del desconocimiento de uno de sus Poderes establecidos, como es el Poder Electoral.
Para la oposición es vital este llamado por diversas razones. Una, no pueden en la práctica real, impedir la realización de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Dos, como no acudieron a inscribir candidatos, saben que corren el riesgo de no tener ninguna representatividad en su convocatoria y con ello, no tendrían capacidad política de oponerse a debates claves sobre la soberanía o el aspecto del sistema económico. Tres, deben dar una demostración de fuerza, de número, de movilización de voluntades pues es notorio el rechazo que ha causado el cierre de calles y la violencia irracional causada hasta ahora. Finalmente, lograr una convocatoria exitosa, sería el preámbulo para la conformación de un “gobierno paralelo”, que incrementaría la violencia y haría posible una intervención extranjera o en el peor de los casos, la salida violenta del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro.
No tenemos dudas, que la jugada contará con la anuencia de la prensa internacional y un conjunto de voceros de los gobiernos de Nuestra América, alineados con los intereses de EEUU. Sin duda, que la convocatoria a una Constituyente, que permita dirimir esta controversia, es una opción sin duda válida, en estas circunstancias históricas.
