Esta situación de agotamiento se debe, en buena medida, a una estrategia inicial planificada con base a errores de cálculo: según los halcones que dominan la rama ejecutiva y de política exterior del Imperio, el nombramiento de Juan Guaidó el 23 de enero sería un revulsivo para la violencia y la guerra país adentro; en paralelo, la presión económica y diplomática mediante sanciones generaría condiciones favorables para la fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cristalizar un golpe contra el presidente Nicolás Maduro.

En enero, la Casa Blanca veía este giro político en Venezuela como una cuestión de trámite. Incluso no habría que utilizar la fuerza militar directa, aunque fuese necesario insinuarlo como una posibilidad real para generar terror en el chavismo. A corto plazo, la empresa funcionaría bien por la poca inversión que requería.

Bajo ese esquema, lanzaron al mercado de la opinión pública un producto de marketing hecho a la medida del momento. El desconocido diputado Juan Guaidó, extraído de las canteras del partido Voluntad Popular, y que por su «juventud», «valentía» y tanto dinero invertido en publicidad, lograría finalmente socavar la base social-popular del chavismo, unificaría a una oposición con divisiones endémicas y convencería a la FANB de derrocar a Maduro y entregarle el poder a él.

Guaidó fue en sí mismo esa operación psicológica que dio inicio a otro intento de cambio de régimen.

Luego, vendría lo que ya es de conocimiento público. Guaidó esperaba la orientación en cada paso a tomar, escenificando ante las cámaras y redes sociales su liderazgo por delegación, mientras los planificadores de la Casa Blanca asumían la gerencia efectiva de cada aspecto estratégico del golpe.

En un revelador orden de prioridades, y con rapidez, configuraron institucionalmente el saqueo y secuestro de los activos nacionales como Citgo en los Estados Unidos y Monómeros en Colombia, entre otros. Luego avanzaron en profundizar el bloqueo total de transacciones de la República Bolivariana en el sistema financiero internacional (incluyendo las relacionadas a medicinas y a los productos de las cajas CLAP), combinando el aislamiento comercial del país con el asedio diplomático, en un intento de otorgarle legitimidad internacional al gobierno fake de Guaidó.

Sumado a esto, Rusia y China reducirían sus apoyos a Caracas al ver a John Bolton, Mike Pompeo y Mike Pence encabezar una maniobra geopolítica de gran calado. Desde esa perspectiva, la Orden Ejecutiva N° 13884 del 5 de agosto, la cual legaliza el embargo integral a la economía venezolana, busca extender a China, Rusia, Turquía e India los costos de las sanciones contra Venezuela. Una forma de penalizar la alianza multipolar de estos países.

EL PLAN FRACASÓ, PERO LAS SANCIONES CONTINÚAN HACIENDO DAÑO

A grandes rasgos, los halcones se jugaron todo en una sola carta. Un artículo de Michael J. Camilleri para la revista Foreign Affairs retrata las consecuencias de esa decisión: «Estados Unidos continúa insistiendo en sus demandas, apostando a que la presión máxima -aislamiento diplomático, intensificación de las sanciones y amenazas de fuerza militar- eventualmente derribará a Maduro, a pesar de su fracaso hasta el momento».

El resultado de esto, advierte el autor, «es una política desarticulada, con socios estadounidenses confundidos por la estrategia de Trump y Guaidó sorprendido por algunas de las medidas de la administración».

Un artículo publicado en Latin Trade profundiza en estas consideraciones. El texto, firmado por Cynthia Arnson, apunta que las sanciones generan daños económicos a Venezuela, potenciando, entre otras cosas, su flujo migratorio hacia los países vecinos, quienes se han enfrentado a las restricciones administrativas de la Casa Blanca para sus programas de «ayuda» externa.

«Aplastar una economía venezolana ya moribunda a través de nuevas sanciones y restringir la asistencia a los vecinos de Venezuela es lo suficientemente perjudicial para los intereses nacionales de Estados Unidos», señala Arnson para ilustrar cómo la Administración Trump no tiene una política para contener los graves efectos que generan sus medidas de presión económica.

Casi nueve meses del punto de inflexión que generó el reconocimiento de Guaidó, las perspectivas de que la situación evolucione de acuerdo a los criterios iniciales son poco alentadoras para la Casa Blanca.

EL AISLAMIENTO DIPLOMÁTICO SE DEBILITA

Un reportaje recientemente publicado en Bloomberg, firmado por Samy Adghirni, recoge un conjunto de datos, detalles y opiniones con respecto a la interrupción forzada de las relaciones internacionales del país en el momento más álgido del golpe. Según el medio financiero estadounidense, hay síntomas de reversión en la situación de aislamiento diplomático impuesto desde Washington.

El autor afirma que los países de la Unión Europea y América Latina que apoyaron el «impulso» de Guaidó, ahora se ven en la obligación de retomar contactos con el gobierno legítimo de Venezuela. Una reunión entre el presidente de PDVSA y el Primer Ministro de Curazao, la renovación de credenciales diplomáticas de Brasil y otros movimientos poco visibles a la opinión pública, son interpretados por Bloomberg como un estancamiento en los apoyos fronteras afuera de Guaidó.

El escritor recogió la opinión de Oliver Stuenkel, un profesor de relaciones internacionales que trabaja en el grupo de expertos Getulio Vargas de Brasil. «Los europeos, por mucho que lo nieguen, ya han comenzado este proceso de volver a los negocios como siempre con Maduro. Los países de América Latina eventualmente tendrán que hacer lo mismo», sentenció Stuenkel.

Este mismo analista desarrolla un texto de opinión para la revista Americas Quarterly. Stuenkel afirma que «las frecuentes referencias de los formuladores de políticas estadounidenses a la Doctrina Monroe (el principio que orientó la traumática historia de las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina), predeciblemente avivó el miedo y fue rechazado por los latinos».

Uno de los problemas de la agresiva estrategia de la Administración Trump es, paradójicamente, la propia figura de Trump. Para el analista, sus continuos amagues de una intervención militar y la sobre-exposición de su figura para darle fuerza a la figura de Guaidó, ha provocado que el resto de países se manejen con cautela ante los evidentes costos políticos que implica cooperar con Trump.

LOS HALCONES DESARTICULAN SU FRENTE INTERNO

La intransigencia y agresividad con la que la Administración Trump asume su estrategia hacia Venezuela, también ha removido la política local y el funcionamiento interno de la vanguardia que debe asumir el protagonismo del golpe.

Los efectos negativos que están generando las sanciones en el conjunto de la vida económica y social del país han precipitado el quiebre del antichavismo en dos toletes muy bien definidos: el lado ultra que las apoya, y las interpreta como un preludio de la intervención militar, contra los «moderados», que la ven como una oportunidad para debilitar el apoyo al chavismo y beneficiarse en un próximo evento electoral.

En el lado más extremista, la sobre-estimación avanza y genera una enorme frustración. Ven la intervención militar estadounidense o multilateral a la vuelta de la esquina, y cada día que pasa sin que ocurra se traduce en un gran encono, interpretan que el resabio de los partidos tradicionales del siglo XX (Acción Democrática y sus derivaciones) son los responsables de que se postergue la llegada de los Marines a las costas venezolanas.

En un acto reflejo similar, el lado menos esquizofrénico del bando antichavista ve a los ultras como el principal enemigo de una solución negociada que pasaría lógicamente por un evento electoral pactado. Interpretan la exigencia de una intervención militar como un mecanismo de ascenso al poder de un sector que cuenta con una representación electoral minoritaria dentro de la población venezolana.

Esta fractura, aunque no es nueva, sí ha recrudecido a causa del obcecado comportamiento de los halcones. Dos movimientos recientes sirven para realizar esta radiografía.

Elliott Abrams dijo a The New York Times la semana pasada que Estados Unidos no apoyaría a Guaidó en una eventual elección presidencial. Esto ocurrió días después de reunirse in situ con los representantes opositores ante el diálogo con el chavismo, lógicamente para indicarles que debían retirarse de ese espacio.

En Maracay en un acto de la maquinaria del vetusto partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup alzó la mano de Juan Guaidó y lo anunció como su candidato presidencial. El gesto del dirigente adeco hizo reventar las redes, en medio de especulaciones sobre acuerdos electorales y negociaciones que no representaban la totalidad de intereses que orbitan en el antichavismo.

La sobre-exposición de los dilemas de la oposición ante la opinión pública se ha traducido en una nueva oleada de desencanto que reduce la masa crítica del golpe y favorece la desconfianza en la dirigencia. En parte, la política de «máxima presión» ha generado una enorme confianza en una parte del antichavismo que considera que la intervención es inminente, mientras los demás sectores ven limitadas sus demandas y parámetros de negociación frente al Gobierno Bolivariano.

EL ATAJO DE LA VIOLENCIA EN EL FRENTE COLOMBIANO

Esta desarticulación del frente interno genera un redireccionamiento lógico de prioridades: Colombia vuelve a convertirse en el punto caliente del golpe.

El Estado venezolano reaccionó convocando ejercicios militares en el área fronteriza durante todo el mes de septiembre, tras la activación de una alerta naranja debido a la amenaza que representa el Estado vecino para la seguridad nacional de Venezuela.

Recientemente fue desarticulado un plan terrorista que contaba con el auspicio del gobierno colombiano, horas después de que las FARC-EP, representada por Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciara su regreso a la lucha armada.

Confirmando que es el uribismo quien maneja las palancas de la política exterior colombiana, el presidente Duque argumentó que el presidente Maduro, supuestamente, protege a guerrilleros y narcoterroristas. Acompañó este pronunciamiento convocando apoyos de la comunidad internacional, y en específico del gobierno estadounidense, para enfrentar la «amenaza» que implica esta situación.

Guaidó tuvo que moverse con rapidez y desde la Asamblea Nacional hizo del imperativo histórico del uribismo (exterminar a la guerrilla con plomo), la sustancia de su alicaído interinato. Un intento desesperado de no quedarse atrás, mostrándose todavía útil ante las maquinaciones que provienen desde afuera.

Pero la transferencia de la vanguardia del golpe hacia Colombia, nuevamente, hay que observarlo desde un cambio en la dialéctica del poder que históricamente ha sostenido Nariño con el paramilitarismo. Aunque todavía ejerce como brazo ilegal del Ejército colombiano, ha logrado cotas de independencia mediante la integración con las contratistas militares estadounidenses, el narcotráfico y las economías sumergidas.

El contexto actual augura una mayor militarización y una expansión del caos generado por el conflicto interno colombiano, lo cual se traduce en el aumento del radio de acción del paramilitarismo.

De cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas a mediados de septiembre, la porosidad y atrofiamiento de la frontera se muestra favorable para la reedición de hechos de violencia o para alguna operación de bandera falsa relacionada al expediente que busca vincular a las FARC/ELN con el gobierno venezolano.

Así, podrían proyectar a lo interno del foro multilateral la «imperiosa necesidad» de una acción de fuerza multinacional, «humanitaria» y «contra el terrorismo en América Latina».

No en balde operadores de Voluntad Popular planifican guarimbas y secuestro de gandolas a escala tachirense, con el objetivo de bloquear el acceso del gas a la población en la frontera.

Pero a la ideología de los halcones le ha caído como anillo al dedo la situación actual en Colombia. Es una regresión eficaz a los tiempos de los Documentos de Santa Fe, elaborados por la CIA en la década de 1980, en los cuales el «narcoterrorismo» fue posicionado como la principal amenaza regional.