1.- La administración Trump se siente profundamente preocupada e irritada por el hecho de que encontrándose de presidente de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países democráticos y libres de la tierra), Juan Guaidó en un lapso de tiempo tan corto en el poder (apenas unos siete meses), haya podido caer en una trama gravísima, al lado de uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos de Colombia, los Rastrojos. Y en esto, Estados Unidos es decidida, contundente y extraordinariamente, lo ha demostrado una y mil veces: estricta, sin contemplaciones, ni en capacidad de dar margen ninguno, como tampoco propiciar una criminal impunidad.
2.- Una importante delegación del FBI y de la DEA se encuentra ya trabajando intensamente en Colombia, para investigar los nexos de Juan Guaidó con el narcotráfico, algo que la justicia norteamericana, insistimos, NO LE PERDONA A NADIE EN EL MUNDO. Esta delegación se concentrará en varios lugares: en la Goajira, a lo largo de los más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela, todo el Norte de Santander, en Riohacha y en Bogotá. La administración Trump no se explica, por qué entregándole EE UU tantos recursos a la oposición venezolana ésta también le solicita ayuda financiera al narcotráfico colombiano.
3.- Así como Estados Unidos, es hoy, indudablemente, la mayor potencia moral, legal, justiciera y humanitaria de la tierra, no dejará pasar, sin tomar medidas contundentes, ante esas revelaciones clarísimas en las que el presidente “interino” Juan Guaidó aparece retratado con los poderosos narcos líderes de los Rastrojos: alias El Brother y el Menor. Así como el Departamento de Estado ha sido de exigente y contundente en los casos de Diosdado Cabello, “Jefe del Cartel de Los Soles” y Tareck El Aissami “prófugo número Uno de la Justicia norteamericana”, de igual forma procederá a enjuiciar sin cortapisas ni blandenguerías de ningún tipo al referido “presidente interino”. Que se tome: EE UU ha solicitado extraditar a su territorio a más de diez mil narcotraficantes en el mundo…
4.- Ayer mismo, la policía de Iván Duque, por exigencia de la embajada de Estado Unidos, procedió con una severa averiguación al mismísimo embajador de Venezuela en Colombia de Juan Guaidó, el plenipotenciario don Humberto Calderón Berti. Al ser interrogado, el señor embajador refirió enfático: “-En relación con las fotos publicadas hoy en las que se ve al presidente de la Asamblea Nacional venezolana junto con dos líderes de los Rastrojos: alias El Brother y el Menor, puedo decir que es una cuestión espontánea, que surgió ahí, que iban pasando y estos señores querían una foto. No tengo más nada que agregar, por favor, no me presionen que no soy presionable…".
5.- En Europa, miles de centros de información de prensa del MUNDO LIBRE, se dieron multitud de explicaciones claras y definitivas. El diario El País, fue muy diáfano al decir: “Luego de que se revelaran las fotos de Juan Guaidó en las que aparece en compañía de dos líderes de los Rastrojos, al momento de su llegada a Colombia el pasado 22 de febrero, pocos salieron a explicar lo ocurrido. De hecho, hasta el momento Guaidó no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Sin embargo, hace unas horas su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, restó importancia al hecho y aseguró: "Esa foto se la pudo tomar con cualquiera, como se las toma uno a cada rato". Luego, afirmó que "es normal que la gente se quiera tomar fotos, uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que piden una foto". Según el funcionario fue "una cuestión espontánea, que surgió ahí, que iban pasando y estos señores querían una foto". Del mismo modo dijo que "esta mañana tuve una conferencia en una universidad y creo haberme tomado 40 fotos con personas distintas… Además, para nadie es un secreto que hoy por hoy nadie puede tapar el sol con un dedo y que en las zonas fronterizas el ELN tiene control y presencia activa y la comunidad internacional no se ha dado cuenta de la gravedad", remató Berti.
6.- Otro de los interrogados por el FBI fue Carlos Vecchio, embajador de Guaidó ante Estados Unidos. Se le preguntó: ¿Existe colaboración al Parlamento venezolano del grupo narcoparamilitar colombiano Los Rastrojos? Y también fue enfáticos: “…son falsas… Yo tuve la oportunidad de ver al presidente Guaido en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima y nada de eso me lo mencionó. Más bien me dijo que fue muy riesgoso (el paso a Colombia) y que no fue fácil cruzar la frontera. Primera vez que yo escucho esto, de lo que conversamos sobre su salida en ningún momento me dijo que tuviera ayuda ese grupos irregulares, entonces no creo que esa versión sea ajustada con la realidad”, dijo Vechio. Fue insistentemente reiterativo en la defensa de su presidente: “No existe ninguna vinculación del gobierno interino de Juan Guaidó con ningún grupo paramilitar, guerrillero. Cero, cero. Nosotros hemos dado muestras claras de la posición firme que hemos tenido contra la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela", agregó el líder opositor.
7.- A ser interrogado por el FBI Juan Felipe Corzo, concejal de Cúcuta, éste refirió que acompañó el operativo de ingreso de Juan Guaidó a Colombia y dijo que las informaciones de una supuesta alianza entre el jefe del Parlamento venezolano y el grupo narcoparamilitar "puede que no tenga fundamento… Yo tengo conocimiento de que Guaidó venía desde Caracas en una camioneta Toyota azul con su esposa, Fabiana Rosales y el chofer. En la población de Guaramito lo recibimos Roberto Marrero y yo, como representante del Concejo. En ningún momento notamos personas extrañas. Fue una operación en la que participaron pocas personas, y en verdad que esas fotos son bien raras, estoy seguro que es un montaje", aseguró Corzo al FBI.
8.- En las fotografías difundidas este jueves en las redes sociales desataron duras acusaciones tanto a Guaidó como a Duque y amenazan con alimentar una nueva tormenta política en los dos países. En ellas, el político venezolano posa junto a dos hombres identificados como miembros de los Rastrojos, una banda de narcoparamilitares que opera en ese limbo legal que a menudo es la frontera. En las imágenes salen dos cabecillas de esa organización criminal: John Jairo Durán Contreras, apodado Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias Brother. Ambos fueron detenidos en Cúcuta el pasado mes de junio.
9.- Federico Alberto Ravell, portavoz de Guaidó, aseguró al FBI que "a todas las personas públicas le piden fotos". "Esas personas le pidieron un selfi, no sabía quiénes eran. El presidente Guaidó no le pide la cédula a la gente para tomarse una foto con ellos. ¿Crees que si el presidente Guaidó sabe que son unos paracos se hace una foto con ellos para que las difundan después?... Esas personas estaban en una alcabala, de las muchas que hay en las trochas con guardias venezolanos o gente armada, y le pidieron una foto y él no se negó. Ahí nadie le pregunta a nadie quién es, la gente que usa las trochas que quiere es pasar lo más rápido posible”. Sin embargo, uno de los criminales iba armado, al menos aparentemente.
10.- Wilfredo Cañizares, responsable de la Fundación Progresar en el departamento de Norte de Santander, aseguró al FBI que había alertado de esa circunstancia desde el primer día. "La entrada a Colombia el 23 de febrero del señor Juan Guaidó fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el Brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el Menor", afirmó al publicar las fotos en Twitter. A partir de esa denuncia, el senador Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición al Gobierno de Duque, fue quien más criticó ese supuesto vínculo con la banda narcoparamilitar, dándolo por hecho a raíz de que Guaidó lleva la misma ropa en esas imágenes y en los vídeos que documentan su llegada al Colombia. "Para quienes dudan: Duque y Guaidó se aliaron con el narcotrafico para su acto en [la] frontera. Señor Guaidó, ¿es usted consciente de quienes eran sus aliados en la frontera colombo/venezolana? Señor Duque, ¿usted va a ligar su política exterior con el narcotráfico?", cargó en las redes sociales. Afirmó que "Duque visitó puestos de botellas incendiarias y explosivos que manejaban los grupos pagados por los narcos".
11.- En el interrogatorio preliminar del FBI a Iván Duque, este respondió: “El Departamento de Estado avaló los esfuerzos del gobierno de Colombia en reducir las violaciones en DD.HH., algo que nos ha permitido acceder a recursos estadounidenses para apoyar la operación militar. De modo que no tenemos nada que ver con narcotráfico alguno ni con bandas criminales… Esta decisión por parte de Estados Unidos da luz verde a que las Fuerzas Militares puedan recibir y utilizar recursos provenientes desde Washington y así continuar labores de interés de ambos países como la lucha antidrogas.
12.- La certificación entregada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se realiza anualmente, advierte de situaciones que deben ser tenidas en cuenta para mejorar internamente, pero da solidez a las relaciones binacionales en materia de seguridad, luego de verificaciones conjuntas con diferentes entidades. “Fueron varios meses en los que el departamento de Estado recoge inquietudes de la sociedad civil, el Congreso y la embajada. Le hace unas preguntas al Gobierno colombiano de distintos temas. Cuando estas respuestas no están suficientemente claras o completas, devuelven eso para aclarar y en ese ir y venir que es un diálogo abierto, se resuelven problemas, responden inquietudes, quedan algunas cosas para trabajar más adelante y, a partir de ahí, el Departamento de Estado, si está satisfecho, da una recomendación y permite que puedan desembolsar los dineros que van para las Fuerzas Militares y la Policía”, explicó Francisco Santos sobre este proceso.
13.- Para conseguir la certificación intervinieron diferentes actores como el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Colombia en Washington, Cancillería y otras entidades del Estado colombiano como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía y demás. En ese diálogo interinstitucional se establecieron parámetros para tomar una hoja de ruta tras la rendición de cuentas. “Hace parte de los condicionamientos que tiene el Plan Colombia con el desembolso de recursos que hay que trabajarlo seriamente para que el Gobierno tenga las respuestas muy claras a las inquietudes que plantea el Departamento de Estado”, agregó Santos.
14.- En una carta enviada al Congreso estadounidense hace dos semanas, Mary Elizabeth Taylor, subsecretaria de Asuntos Legislativos en el departamento de Estado, afirmó que Colombia cumplió con los criterios que Washington le había establecido como condición para la entrega de hasta el 20 por ciento de los recursos militares que se aprobaron para el país en el período que va entre junio de 2018 y junio de 2019 (en total unos US$ 20 millones de dólares). El primero criterio fue determinar si, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como la justicia ordinaria, habían tomado decisiones adecuadas a la hora de condenar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos. El segundo se trataba de identificar si el Gobierno estaba tomando las medidas necesarias para proteger y reducir los ataques a líderes sociales, sindicalistas y periodistas y si se estaba castigando a los responsables. Y por último, si se estaba enjuiciando y removiendo de sus cargos a altos militares responsables por ordenar, cometer o encubrir las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados como "falsos positivos".
15.- En la carta, Taylor sostiene que el país cumplió en los tres frentes y proporciona razones para justificar su decisión. En cuanto al primero, la subsecretaria de Asuntos Legislativos, resalta los “progresos” de la JEP en su objetivo de procesar a aquellos bajo su jurisdicción. También destacó que no solo exguerrilleros se han sometido a la justicia transicional, sino también exgenerales del Ejército como Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, ambos vinculados con el escándalo de los "falsos positivos" cometidos durante los últimos años del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010).
16.- Sobre la protección de los líderes sociales, sindicalistas y periodistas, Taylor destacó que el gobierno de Iván Duque ha tomado pasos concretos e incluso asegura que se han disminuido respecto al gobierno Santos. Según la funcionaria los “incidentes” contra líderes sociales se redujeron un 21 por ciento entre agosto y diciembre de 2018 en comparación a ese mismo periodo de tiempo en 2017. No obstante, diferentes ONG y defensores de derechos humanos, especialmente Human Right Watch, han cuestionado este apartado, la considera "engañosa".
17.- “La metodología que usa el gobierno colombiano para proclamar que existe una disminución en el asesinato de líderes sociales es errada. Las autoridades comparan cifras finales del gobierno Santos con cifras preliminares del gobierno Duque e ignoran que existen decenas de casos recientes en proceso de verificación. Es lamentable que el Departamento de Estado este usando esta comparación errónea que no da cuenta del fenómeno real. El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para reducir los asesinatos constantes de líderes sociales, en lugar de buscar formas creativas de maquillar la realidad”, le dijo a el diario El Tiempo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta organización. Sobre la última condición, de castigar a los responsables de ordenar, cometer, o encubrir ejecuciones extrajudiciales, Taylor destaca se está castigando a los responsables y que el gobierno Duque ha tomado decisiones para evitar que esto ocurra. El informe recuerda la polémica desatada a comienzos de este año por una publicación de The New York Times que reveló una nueva directriz del Ejército colombiano de duplicar las bajas de combate y las medidas tomadas por el presidente colombiano, que ordenó derogar esa orden e investigar lo ocurrido.
