Ahora si es verdad que la puerca torció el rabo. La oposición toda, incluida aquella que nunca abrió la boca para protestar por nada durante los cuarenta años de la malhadada democracia de papel, donde se persiguió hasta la muerte a los enemigos del gobierno, donde la tortura no tuvo piedad con nadie, donde se censuró a los medios a través de sujetos que colocó en sus oficinas de redacción, como el famoso Alcántara que por allí anda como si no hubiera roto un plato. Donde se despilfarró y se robó a manos llenas que hasta todas las instituciones de financiamiento del Estado fueron a la quiebra, como la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Agrícola y Pecuario, Corpomercadeo, Mersifrica, etcétera, etcétera; donde una docena de banqueros estafaron a sus clientes e hicieron quebrar las instituciones financieras (1.994/95, gobierno de Caldera II), en lo que fue la mayor crisis bancaria de toda la América Latina en más de medio siglo; donde se engañó al pueblo hasta más no poder, donde el hambre y la desnutrición hacían de las suyas en los sectores más desprotegidos del país, los cuales representaban más del 70% de la población, donde la inflación llegó a superar los tres dígitos (Caldera II) y resulta que hoy se para en bloque y dice estar dispuesta hacer lo que sea sino no se les permite a los inhabilitados por corrupción ser candidatos en las elecciones regionales de noviembre venidero.
El mundo al revés, como lo ha dicho Eduardo Galeno. Sin duda, parece increíble que quienes mal uso hicieron de los dineros y bienes públicos, que incurrieron en malversación y en graves ilícitos administrativos, como el otorgamiento de contratos sin licitación o fraccionados para evadir el control previo, alegando emergencias, con lo cual ellos mismos se habilitaban para ordenar pagos con sobre precios escandalosos, son excelentes, según la oposición cohesionada y bien unida (¿?) que hoy tenemos, para optar a seguir siendo administradores públicos. ¿Cómo les parece?
No creo que haya país democrático alguno en el mundo donde esto haya ocurrido alguna vez. Quizás en alguno que otro caso y de forma aislada se haya colado un sujeto como esos, tal y como ocurrió en Perú con Alan García o aquí en Venezuela con Carlos Andrés en 1989, pero de forma masiva que un grupo de delincuentes intenten de nuevo volver a ser administradores públicos, es impensable que pueda pasar en otro lugar del mundo. Pero lo más inaudito aún, es que esta oposición está planteando el asunto en el exterior, como si en Venezuela se estuviera atropellando a alguien; por Dios bendito…!, como decía mi abuelita, no es posible que se llegue a tales extremos…
Durante toda la etapa del puntofijismo las leyes del control público no contemplaban sanción alguna al funcionario que se le declaraba “responsable en lo administrativo”. Se producía dicha decisión, la cual sólo afectaba moralmente a los implicados y era suficiente, se afirmaba, pero a nadie eso le satisfacía, pues la gente lo que quería era castigo ejemplar para los corruptos. Con ese tipo de respuesta institucional frente a la corrupción, era obvio que el pueblo viera en ello un engaño más de parte de las mafias que detentaban el poder.
Fue luego en noviembre del 2001 cuando el Poder Legislativo, integrado entonces por parlamentarios de muy variados partidos (Leopoldo Puchi, militante de Podemos, ocupaba la primera vicepresidente), que hoy hacen causa común y absoluta con la oposición, acordó incluir la inhabilitación como una sanción que pudiera aplicarse a quien mal uso hizo de los dineros y bienes públicos. Se le dijo al país, entonces, que era lo menos que podía contemplarse como sanción en esa instancia administrativa y todos, sin excepción, aplaudimos la decisión como un paso importante que daba el poder legislativo en la ruta hacia el adecentamiento de la función pública. Pero hay más, hace escasos dos o tres años, la oposición asida de dicha norma cuestionó la designación de unos chavistas para altos cargos, los cuales habían sido inhabilitados por la Contraloría para ejercerlos (creo que uno era para la cancillería) y como resultado de tal propuesta, legítima por lo demás, los designados tuvieron que declinar.
De manera que no podemos menos que expresar nuestro asombro y el mayor rechazo ante tanto caradurismo de una oposición que cada día da muestras de ser menos reflexiva y más falaz.
Estamos convencidos de que más allá de que la oposición intente con estos casos imponer su criterio de la mayor inmoralidad, lo que se busca es crear zozobra y generar un ambiente guarimbérico frente a los vaticinios bien probables de que su derrota en las elecciones de noviembre será estruendosa.
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