29 de abril 2011.-Una de las tantas pérdidas que sufrió la clase obrera antes de la llegada de la Revolución Bolivariana fue el carácter retroactivo de las prestaciones sociales, una reivindicación eliminada por las cúpulas empresariales y sindicales, que fue propiciada por el gobierno de Rafael Caldera.

En ese entonces, el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, aseguró al país que la eliminación del beneficio para la clase obrera, "ayudaría" a la generación de empleo y "estimularía" al aparato productivo. Sin embargo, los indicadores de diciembre de 1997 dijeron lo contrario.

Para el cierre de aquel año, los índices mostraban un decrecimiento económico del país en 4,8%, un salario mínimo por debajo de los 100 mil bolívares, que sólo permitía adquirir 22,94% de la canasta básica, y una tasa de desempleo que superaba el 12%.

Acuerdo tripartito

La propuesta que eliminaría el carácter retroactivo de las prestaciones se negoció en una comisión tripartita conformada por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Petkoff, este último como representante del Ejecutivo.

Los movimientos sindicales se negaban a aceptar algún tipo de modificaciones a sus beneficios o la eliminación de los conceptos que conformaban el régimen de prestaciones sociales, porque los mismos constituían "un derecho individual e irrenunciable y formaban parte del patrimonio de la familia".

Una de las principales solicitudes que proponía la clase obrera era ponerle freno a la política gubernamental de aumentar el salario por la vía de bonos, que finalmente, no incidían en el cálculo de las prestaciones.

No obstante, el gremio empresarial alegaba que la exigencia de los trabajadores "sobrepasaban la realidad económica del país", y anunció la elaboración de un proyecto que elevarían a la comisión tripartita.

Los intereses del empresariado prevalecieron y fue así como el 2 de marzo de 1997, la comisión acordó la eliminación del carácter retroactivo de las prestaciones sociales y tres meses más tarde, Rafael Caldera firmó el ejecútese de la Ley del Trabajo (LOT).

El nuevo instrumento dejó en manos del sector privado cualquier aumento salarial y el presidente Rafael Caldera se mostró convencido de que los empresarios iban "a responder a su sagrado compromiso de abrirles nuevos caminos, nuevos medios de remuneración a los trabajadores venezolanos", tal como lo recoge el libro Cronología de una Implosión.

Más para el patrono, menos para el trabajador

El triunfo de los empresarios por encima de la clase obrera significó que los trabajadores aceptaran recibir la liquidación anual de sus pasivos laborales, la eliminación de la retroactividad y el pago fraccionado de lo que les adeudaban los patronos.

Si bien la reforma laboral obligaba a redefinir el concepto de salario con la inclusión de los bonos en el sueldo normal, el gremio empresarial había logrado su cometido: evitar que las compensaciones, por lo general mensuales, tuvieran efecto retroactivo.

Una nota publicada en el diario El Tiempo a mediados de 1997, destaca que "los empresarios se abstenían de efectuar aumentos de salarios por temor al pasivo laboral que generaba el cálculo retroactivo de las prestaciones o cesantías".

"Esa distorsión había hecho que los salarios se mantuvieran en sólo 32 dólares calculables para la antigüedad por cesantías, mientras que el resto del ingreso eran bonos de transporte y alimentos", refiere la nota.

Luego de la aprobación de la reforma a la LOT, Miguel Rodríguez, ex ministro de Cordiplan y del Banco Central de Venezuela, declaró a los medios que los sindicalistas habían aceptado la eliminación de las prestaciones "a cambio de simples promesas".

La realidad que se vivió meses después le dio la razón a Rodríguez. Aunque el gobierno de Caldera había expresado su confianza en que el gremio empresarial incrementaría voluntariamente el sueldo a los trabajadores luego del cambio de régimen de prestaciones, no hubo aumento salarial ni más empleo.

El Balance de la Comisión de Asuntos Sociales señaló que durante el año 1997, más de 80% de la población fue sometida a un salario que se mantuvo alrededor los 75 mil bolívares (sueldo mínimo para la época).

Las medidas en perjuicio de los venezolanos continuaron el año siguiente. El 26 de febrero de 1998, el Ejecutivo ordenó congelar los aumentos de jubilaciones y pensiones, por debajo del salario mínimo porque "no había condiciones para la homologación".

Asimismo, Caldera acordó incrementar el rango de edad para ingresar en el sistema de seguridad social, mientras más de 800 mil ancianos vivían en pobreza crítica y apenas 300 mil recibían pensión.

La opción socialista

Con la llegada del Presidente Hugo Chávez Frías en 1999, las políticas para la clase trabajadora han dado un vuelco. Desde hace 12 años se ha garantizado la estabilidad del empleo, impulsado el aumento del salario mínimo e implementado políticas sociales integrales que permiten el acceso gratuito a la salud, la educación y la recreación.

Sólo en 2011, el Ejecutivo decretó un aumento de 26,5% para el sueldo mínimo, que en septiembre sobrepasará los mil 548 bolívares fuertes, monto que mantiene a Venezuela en el tope de los salarios en comparación con el resto de América Latina.

La medida beneficiará a 345 mil 877 empleados de carrera, a 62 mil 441 obreros, a 2 millones 52 mil 295 jubilados de la administración pública y pensionados del Seguro Social y a 98 mil madres del barrio.

En total, serán 2 millones 558 mil 613 venezolanos (sin contar los empleados del sector privado) quienes que se beneficiarán con este incremento del salario mínimo.

El Ejecutivo también decretó la modificación a Ley de Alimentación para los Trabajadores, regla que obligará a todas las empresas a pagar el beneficio aunque sólo tengan un trabajador.

Adicionalmente, a partir del 1 de mayo, el Gobierno venezolano incrementará en 45% la escala salarial para los empleados de la administración pública, lo cual se hará sobre el salario básico actual.

Entre el ajuste de la escala y el tabulador, así como el incremento del salario mínimo, el Gobierno venezolano invertirá más de 12 mil millones de bolívares.

Igualmente, ayer fue aprobado un aumento salarial de 40% para el sector universitario, conformado por profesores, personal administrativo y obrero.

Unos cuatro mil 180 millones 120 mil 103 bolívares fueron asignados para honrar, a partir del 1 de mayo, el trabajo de los que contribuyen a la educación universitaria en el país.