«El pago estaba contenido en las leyes aprobadas la semana pasada por la Asamblea Nacional», informa AP, refiriéndose al órgano paralelo formado por Juan Guaidó en enero pasado, después de que el ente legislativo escogiera a Luis Parra como su presidente. Según AP, la Asamblea Nacional paralela creó un «Fondo de Liberación» de 80 millones de dólares a partir de los activos venezolanos que la administración de Donald Trump se apoderó, como parte de las «sanciones» con las que intentan presionar al Presidente Nicolás Maduro para que renuncie como mandatario venezolano. Estas sanciones ilegales han sido calificadas por el gobierno venezolano como un robo y un secuestro de sus recursos.
Este fondo -explica el artículo- es extraído a su vez de los más de 11 mil 600 millones de dólares en activos venezolanos congelados en el extranjero, provenientes de las ganancias de la empresa Citgo, la subsidiaria de Pdvsa que la administración Trump prácticamente le robó al gobierno venezolano como parte de las «sanciones» o medidas coercitivas ilegales contra Venezuela.
El periodista de AP critica que los detalles de estas leyes han estado envueltos en secreto. «El texto de la nueva medida, que implementa una ley general aprobada en febrero para crear el fondo, no se ha hecho público. Y el anuncio oficial no menciona los salarios, diciendo que solo el 17% de los 80 millones de dólares en activos recuperados se destinarán a ‘la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus miembros’. Ni Guaidó ni nadie de la oposición ha ofrecido públicamente una explicación».
Según Goodman, dos diputados y tres asistentes de Guaidó confirmaron el plan salarial. Los cinco hablaron bajo condición de anonimato para no ser vistos transmitiendo detalles de lo que describieron como «un debate feroz de meses que amenazó con dividir la coalición anti-Maduro».
El artículo señala que habrá 13,6 millones de dólares en fondos para la Asamblea Nacional paralela, lo que sería el segundo elemento más grande en la «Ley Especial para el Fondo Venezolano de Liberación y Atención a los Riesgos Vitales». En primer lugar estaría un desembolso del 45% en el gasto social para aliviar la crisis humanitaria, que incluiría el bonode 100 dólares para médicos y enfermeras, cuyo pago se haría a través de «billeteras digitales» en un sistema administrado junto a la Organización de los Estados Americanos, que dirige el férreo opositor Luis Almagro.
Otro 11% estaría destinado a supuestos «enviados diplomáticos» de Guaidó en los países que reconocen como supuesto presidente interino venezolano. También hay dinero para «fortalecer el alcance de las comunicaciones de la oposición y la cooperación judicial en el extranjero», dice el texto.
Por su parte, el Centro Nacional de Comunicaciones de Juan Guaidó, que es dirigido por Alberto Federico Ravell, emitió un comunicado este jueves en la noche negando la veracidad del sueldo de 5 mil dólares. Juan Pablo Guanipa, diputado opositor, admitió en una entrevista que sí se van a entregar fondos a los diputados opositores, pero que la cantidad supuestamente no se ha discutido. Dice que ellos deben sufragar diferentes gastos de seguridad y oficina, y que deberán explicar en qué se gastará el dinero.
Acusaciones recurrentes de mala repartición de los fondos
No es la primera vez que surgen controversias por el pago a diputados por parte de Juan Guaidó y su equipo. El pasado mes de enero, documentos de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ente del gobierno estadounidense que recibe lineamientos del Departamento de Estado) admitió haber entregado casi 435 millones de dólares en «asistencia humanitaria y de desarrollo» para Venezuela, supuestamente para atender los problemas que ocurren en el país. De ese dinero, 128 millones de dólares han sido entregados a programas propuestos por el diputado Juan Guaidó, quien es considerado por la administración Trump como supuesto «presidente encargado» de Venezuela.
En ese momento, la periodista Patricia Poleo, abierta opositora al gobierno de Maduro pero también crítica de Guaidó, admitió en una entrevista con Jaime Bayly realizada en Miami, Estados Unidos, que entre los diputados opositores «hay un gran resentimiento» debido a la forma como Juan Guaidó habría repartido los fondos entregados en 2019 por el gobierno de los Estados Unidos.
Los problemas de repartición de los recursos asignados por Estados Unidos habrían sido el desencadenante de las divisiones en la oposición, que provocaron que se eligiera una nueva junta directiva el pasado 5 de enero encabazada por Luis Parra, diputado a quien los aliados de Juan Guaidó acusan de estar implicado en escándalos de corrupción. En realidad, las acusaciones son mutuas.
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