Entre el 7 y el 15 de septiembre se realizaron en Venezuela dos jornadas de alcance nacional para censar el total de Comunas, Consejos Comunales, Salas de Batalla Social y los denominados “movimientos sociales”. El resultado fue sorprendente: 71.521 instituciones sociales de un poder popular creciente, iniciado en 1998, expandido y potenciado desde abril de 2002, madurado en los últimos cinco años y acelerado desde enero de este año.
De los procesos latinoamericanos que modificaron la geopolítica regional y la vida social e institucional de varios países (Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras, Paraguay), el de Venezuela fue sin duda el que más avanzó. El censo de movimientos sociales, realizado en la primera quincena de septiembre, es un signo clave de ese cambio.
La tarea del censo fue realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, a cargo del sociólogo Reinaldo Iturriza, como parte de un Plan Estratégico de la Comisión Presidencial para las Comunas, diseñado por el gobierno de Nicolás Maduro para cumplir el mandato que le encargara “como si fuera mi vida misma”, en palabras del Comandante Hugo Chávez, en aquel breve y póstumo Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2012, cuando ya sabía que el poder se le iba de las manos junto con la vida.
Una de las expresiones más tajantes del recordado presidente, cada vez más usada por el movimiento chavista desde su muerte en marzo es “¡Comuna o nada!”. Con esas palabras convertidas en consigna para la acción y la organización, el 22 de agosto de este año, centenares de delegados comuneros de la Capital se reunieron en asamblea con el presidente Maduro en el barrio 23 de enero, emblemático territorio y nicho cultural de la izquierda y del chavismo desde 1958, ubicado al oeste de Caracas. Allí anunció cuatro medidas: el censo del 7 de septiembre, la centralización del Ministerio de las Comunas, la puesta en marcha de una Comisión Presidencial para esa tarea y la implementación de “un poderoso sistema financiero comunal” que potencie la producción de alimentos y bienes livianos.
Se puede estimar con relativa cereteza la cantidad de militantes chavistas y de pobladores que participan de esos organismos. Podrían sumar alrededor de los 2 millones 250 mil personas. La ausencia de estadísticas estatales, académicas o de la izquierda en el país, hacen difícil obtener datos confiables para usar promedios rigurosos. De hecho, esta es la primera vez que se hace un censo de este tipo.
Un dato indicativo son los 70.000 voceros y voceras formados por el Ministerio de Información y Comunicaciones para atender la tarea comunicacional. Nos guiaremos para esta evaluación por la vivencia personal en algunas Comunas y Consejos y por informes de militantes en tres ciudades grandes: Caracas, Maracay y Barquisimeto.
Con esos limitados parámetros, podría arriesgarse que una Comuna agrupa alrededor de 120 personas promedio en cada reunión, mientras que en los Consejos Comunales la cantidad alcanzaría unos 30 activistas promedio. En cambio, a las Salas de Batalla Social, una entidad más militante, asisten más o menos unos 15 miembros regularmente.
El problema se presenta en los multiformes y diversos “movimientos sociales” del proceso político bolivariano; algunos pueden reunir a 15 vecinos de una cuadra de Caracas en un Comité de Agua, a 5 u 8 en un Comité contra la Especulación, a 5 o 6 en un Círculo Bolivariano, a 4 en una Milicia Bolivariana que cuida un barrio, a 3 en un Comité de Usuarios de TV (los que vigilan a los canales de televisión cuando emiten pornografía, timba o juegos de guerra y asesinatos simulados en las pantallas); pero si se trata de un Comité de Pobladores Urbanos o de un Comité de Tierras rurales en el campo podría agrupar a unos 150 miembros o mucho más.
Aunque no pasaran de la mitad los contabilizados aquí, resaltan dos datos. El primero es la masividad, el segundo es la clase social de pertenencia. Todos son trabajadores/as de algún tipo. Un ejemplo es el actual ministro del Poder Popular, Reinaldo Iturriza, sociólogo de clase media y militante del Movimiento Nacional de Pobladores Urbanos.
El legado más soñado de Hugo Chávez.
Aquel Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2012 pasará la historia venezolana por dos razones. Fue el último en pleno, algo así como el anuncio de su despedida final en el otro del 8 de diciembre. En él, Chávez postuló un cambio radical en el tipo de Estado y el régimen político. Más aún, lo hizo con la angustia existencial de quien sabía que el tiempo no era ya su mejor aliado, y menos el tipo de Estado que gobernaba.
El concepto lo abrevó de su amigo Ítzvan Mészáros, el teórico marxista húngaro, autor de la obra monumental Más allá del capital, y de otras fuentes y algunas experiencias latinoamericanas. Aunque Chávez nunca lo definió, se entiende, siguiendo las afirmaciones de Mészáros, que Estado comunal es la forma institucional, de carácter necesariamente transicional, que debe asumir una nueva relación social de clases dentro del país, determinada por la acumulación de fuerzas de los Consejos Comunales, Las Comunas y los demás instrumentos de organización, lucha y producción de los explotados y oprimidos venezolanos. Esa nueva relación social implica, al mismo tiempo, una nueva relación política de fuerzas con el poder establecido, un poder que se estructuró bajo comando de una nueva burocracia estatal y una nueva capa de propietarios o lúmpenes enriquecidos llamada "boliburguesía".
La transcripción de la reunión ministerial del 20 de octubre se denomina “Golpe de Timón”. Eso era, exactamente, lo que ansiaba propinarle al curso del proceso bolivariano para sacarlo del atasco en que se encuentra. Chávez comprendió ese riesgo, y eso lo convenció de entregarle lo que le quedaba de vida en la campaña electoral de 2012. Ese atolladero se manifiesta en una tendencia declinante del voto chavista desde diciembre de 2007 y en un peligroso alejamiento de varios miles de cuadros y militantes con 10 y 20 años acumulados de experiencia política, técnica o administrativa.
Su ruego por construir un “Estado comunal” que supere al corrupto e ineficaz actual, no fue el delirium tremens de un héroe derrotado, sino el clamor de una conciencia ante su propio destino y frente a una burocracia y una burguesía interna incapaces de dar un sólo paso progresivo en la sociedad.
En esa medida, el Estado Comunal es un dilema de vida o muerte para el chavismo. Y por eso, un acto de enorme responsabilidad histórica para el continente.
Además, así lo impone un contexto internacional de ofensiva militar, diplomática, económica y policíaca de Estados Unidos sobre los gobiernos díscolos, aunque algunos de ellos hayan sido socios, como los de Libia o Siria. Más peligroso aún cuando se trata de gobiernos independientes, como los de Irán, Ecuador, Angola, Bolivia o Venezuela.
En el caso venezolano, ese entorno internacional maloliente se cruza con una economía local atrapada en una altísima inflación que sobrepasa el 30%, la más alta del continente, un déficit presupuestario que mina la capacidad de ahorro estatal, una caída del 11% en los niveles de la reserva internacional, un creciente endeudamiento que pasó de los 40 mil millones a los 110 mil millones de dólares, además de las devaluaciones recurrentes, sin olvidar las consabidas conspiraciones comerciales de la burguesía venezolana. No hay salida estructural a este lío económico sin un Estado superior al actual.
“¡Comuna o nada!” parece brotar como un grito de las entrañas de un proceso social tan avanzado, que ya no tiene la opción de retroceder por el fangoso camino de la socialdemocracia o el neodesarrollismo.
A veces en la historia, las buenas ideas tarde respecto a las posibilidades. Y los tiempos valen oro en política. El imperialismo no le regalará al gobierno de Maduro ninguna oportunidad para consolidarse. Por eso ya aprestan las planillas para un Referéndum a mitad de mandato. Saben que tienen más opciones de ganar que en 2004. En esa exacta proporción, Hugo Chávez fue víctima involuntaria de un aspecto de su propia obra. El Estado Comunal es lo mejor que se le ocurrió como fórmula de salida y prevención, pero llega algo tarde, aunque en Venezuela hay suficiente fuerza social para reponerse. Luego de 13 años, el proceso continúa asediado, y desde adentro por esa capa social privilegiada y altamente jerárquica que usa las nacionalizaciones y el aparato político a su servicio.
El siguiente dato indica hasta dónde el comandante fue víctima de un aspecto de su propia obra. En 2001 había 1.345.000 funcionarios estatales para 14 ministerios. Diez años más tarde, crecieron a más del doble (2.530.000) dentro de 28 ministerios. En una sociedad de 30 millones de almas, es un despropósito, comparado con cualquier Estado más o menos ordenado.
Un poder cada vez más popular
En sentido contrario a esta reproducción del viejo Estado y sus malas mañas, desde el año 2002 se desató un fenómeno de poder social y formas de organización de los trabajadores y pobres. Aunque su carácter es aún inorgánico en lo político-institucional, y no adquirió una centralización nacional ni tiene un programa común, lo cierto es que ha ganado una fuerza social importante para frenar a la burocracia algunas veces en algunos lados y a los patronos privados en otros.
De hecho, y sin mucha conciencia de su propio proceso de conjunto, ese movimiento ha comenzado a practicar formas democráticas, no jerárquicas, de relación social, contrarias a las impuestas por el Estado existente. El propio presidente Maduro trata de cuestionar con la fórmula del “Gobierno de calle” ese modelo político, pero resulta una medida leve, subordinada al peso del Estado que administra.
En una entrevista reciente, el actual Ministro del Poder Comunal Iturriza dijo: “Sin el papel protagónico del poder popular no hay revolución bolivariana. Es simple. Tendríamos una democracia mejor o peor gestionada, pero nunca una revolución”. (Karg, J.M, Caracas, febrero 2013)
Al parecer, el impacto de la desaparición del líder del movimiento aceleró la conciencia de sectores organizados del proceso bolivariano. Desde 2012 han comenzado a asumir la necesidad de convertir el poder social difuso que tienen en sus lugares de trabajo y vida, en una capacidad política que ayude a trascender la fábrica, la aldea y la reivindicación parcial. Apenas comienza, pero ya es un proceso en marcha.
No debe ser casual que entre enero y septiembre de 2013 estas organizaciones hayan realizado una importante cantidad de encuentros de este tipo, superior a todo lo realizado desde 2002.
El 22 de abril, ocho movimientos sociales marcharon sobre las calles de la industrial ciudad de Valencia para sostener al gobierno de Maduro, atacado por bandas fascistas, y plantear la organización del poder comunal.
El 26 de abril, varios miles marcharon en Caracas, acompañados de centenares de acompañantes internacionales, hasta la vicepresidencia para denunciar las bandas fascistas que mataban chavistas y exigir el Estado Comunal.
El 21 de mayo, unos 500 representantes de trece organizaciones sociales se reunieron en Los Teques, una ciudad del Estado opositor de Miranda, al lado de Caracas. Bajo la misma consigna, “más de 300 voceros de las diversas organizaciones sociales y colectivos que hacen vida sociopolítica en los municipios del estado Táchira, en la frontera con Colombia, realizaron la Asamblea Fundacional del espacio de articulación “Patria y Soberanía”.
El 13 de agosto, más de 300 campesinos y obreros rurales de diez Comunas y Consejos Comunales del Estado Lara, decidieron fundar una “Comuna Socialista- Capitan Carmelo Mendoza, el nombre de un ex-oficial de las FF.AA. convertido en guerrillero en los años ’60. En la misma ciudad, el 18 de julio, 24 Comunas, 22 Consejos Comunales y 38 movimientos sociales se congregaron para debatir sobre política nacional. “La Asamblea del Poder Popular está convocada para discutir los temas que se identifican como estratégicos para esta etapa. Entre ellos, la situación política en el estado Lara y el papel de los cuadros en puestos de gobierno, tema dentro del cual incluyen “la transformación radical del Ministerio, una imperiosa necesidad: que sirva a las Comunas y a las comunidades, que esté en la calle y no detrás de un escritorio, que se llene de pueblo y no de elites”. Pero sobre todo, la construcción del Estado comunal, “el autogobierno del pueblo”.
En la lejanía oriental de un pueblo llamado Guiria, al borde de las aguas del Caribe, cerca de “300 jóvenes de diversos municipios se encontraron para discutir y construir un plan de actividades en función de las necesidades del país y de su región”. Uno de los dirigentes declaró: “No podemos seguir siendo vistos cómo máquinas de arrastrar votos, nuestra energía debe ser desatada para empujar nuestra región hacia una economía productiva en manos del pueblo”.
Las empresas estatales bajo control obrero han realizado tres encuentros. Pero entre el 21 y el 24 de junio de este año, organizaron el Primer Congreso de Trabajadores y Trabajadoras, y votaron un “Balance y desafíos por el control obrero y consejos de trabajadores a la construcción del socialismo”.
Entre 2009 y enero de 2012, los distintos movimientos y organizaciones de las Comunas y los Consejos, además de las enormes plantas fabriles expropiadas y puestas bajo control obrero, realizaron, aproximadamente, ocho encuentros, foros y congresos nacionales, además de 15 encuentros regionales o locales del poder popular. Los temarios develaban las preocupaciones del momento: la organización del trabajo, la producción, los derechos laborales, el voto por Chávez, la defensa contra la derecha, etcétera.
En ese mismo período reaparecieron, luego de haber desaparecido en 2005, los Círculos Bolivarianos. De un centenar de casos conocidos en tres Estados se multiplicaron hasta llegar, en 2011, a los 1.200 Círculos organizados en once Estados, según señalan sus publicaciones.
Durante el mes de agosto de este año vimos una de estas manifestaciones de rebeldía del movimiento chavista, un dato de ese nuevo poder ganado. Los trabajadores de la empresa de alimentos Diana, bajo control obrero, protestaron contra el Ministro del área por haberles impuesto un director de planta sin reconocimiento asambleario. Un mes de lucha bastó para hacerlo retroceder. El director impuesto se fue, aunque el nuevo fue designado por Maduro. Ese empate a favor de los trabajadores quedó en sus memorias grabado con la imagen de un video que muestra a Chávez en una asamblea diciendo: “No se trata de Capitalismo de Estado... Control Obrero es Control Obrero”.
Otras tres fábricas bajo control obrero, dos de ellas en la metalúrgica ciudad de Guayana, se rebelaron por la misma razón, y tratan de seguir los pasos de Diana, en un aprendizaje creativo de imprevisibles resultados para el desarrollo del poder popular en el país.
Uno de los datos de mayor interés en este movimiento por el Estado Comunal es la existencia de los medios comunitarios. La relación orgánica, estrecha entre ellos y las Comunas y los Consejos Comunales, hablan del espacio conquistado por los medios comunitarios, aún a pesar de sus debilidades y problemas. Muchos de los cuadros del poder comunal en marcha, son miembros de medios alternativos. Es un fenómeno dentro del fenómeno, que puede servir para visibilizarlo, o por lo menos, impedir que sea invisibilizado del todo.
En este ambiente casi subterráneo de construcción de poder popular, aparecen algunas de las contradicciones del proceso bolivariano, tan inevitables como en cualquier asunto de la vida social. Un sector del poder lo adversa, sobre todo entre los militares más conservadores, como el Ministro de Alimentación.
Un sector decepcionado del movimiento chavista lo ve de lejos, casi como una curiosidad antropológica; en esa actitud contemplativa lo acompaña una parte de la izquierda continental que prefiere confesar en sus canónicas revoluciones de bolsillo.
La burguesía opositora apuesta a una salida electoral que le permita desmontarlo con bajo costo. Y se manifiesta una unidad muda y sorda en el mismo objetivo, entre la burguesía opositora y una parte de la burocracia estatal.
A diferencia del surgimiento del poder popular en el Chile de Allende, o en la Bolivia de 1967, en Venezuela ese poder popular tiene la suerte de no enfrentar el riesgo inmediato de golpes militares o dictaduras que cierren a tiros su aprendizaje político. También es favorable que el gobierno tenga como programa de Estado el socialismo y el Estado Comunal, aunque eso no garantice por si solo la transición a nada superior. Es una pelea dentro del proceso.
Por ahora, los dilemas están dentro del poder y en lo que los propios trabajadores comprenden por poder popular. Para muchos, el llamado poder popular debe servir para aumentar la producción; para otros, debe tener la función de sostener la gobernabilidad y nada más, y luego están los que comienzan a aprender que puede constituir la base social de una nueva democracia política y un sistema institucional que facilite la transición al socialismo.
Una de las principales contradicciones de la burocracia para impedir o desmontar con facilidad el proceso de empoderamiento nuevo de los trabajadores y el pueblo, es que se trata de un mandato tan póstumo como desesperado de Hugo Chávez: “¡Estado comunal o Nada!”.
