25 abril 2019 - Entre el estado Portuguesa y Distrito Capital media una distancia cercana a los 480 kilómetros de asfalto, que en tiempo suman en promedio seis horas de recorrido en carro.
El relieve topográfico del estado Portuguesa determina las capacidades productivas de sus territorios, muy distintas a la de Distrito Capital, bordeada de empresas e industrias, mientras que allá se observa el crecimiento de Píritu, un lugar rodeado de campos para la siembra con unos silos ubicados en su carretera.
Esta manera de graficar responde a lo que algunos autores llaman reordenamiento territorial, resultado de un modelo de desarrollo, en el cual la ciudad y lo rural se contradicen.
Nilver Álvarez, campesino, maestro y vocero de la Ciudad Comunal Katugua, en la que hacen vida cuatro comunas con sus respectivos consejos de base, en Portuguesa, vino en recorrido hasta la sede principal del Ministerio Público, de la ciudad de Caracas, a expresar esta paradoja.
Nueve comuneros y una comunera, desde el 23 de marzo hasta el lunes 22 de abril, habían sido encarcelados en el Centro Penitenciario José Antonio Páez y la Comisaría Baraure de Campo Lindo, respectivamente.
Durante 71 días, afirmó Álvarez, estas comuneras y comuneros fueron detenidos y procesados como criminales bajo la acusación de boicotear, irrespetándoles sus derechos constitucionales, así como las relativas a las leyes del Poder Popular, razón por la cual decidió movilizarse hasta la capital.
En la entrada del Ministerio Público fue recibido por vocerías de los diversos movimientos sociales que hacen vida en la ciudad, entre los que destacaron: el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, la Alianza Popular Revolucionaria del estado Miranda, el Movimiento de Pedagogía Insurgente, entre otras organizaciones.
Con comunicado en mano, solicitó ser atendido por el fiscal general Tarek William Saab. Sin embargo, fue la fiscal Johana Itriago, responsable de la Dirección de Delitos Comunes; y Ángel Fuenmayor, fiscal de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente, quienes lo recibieron.
Destacó Nilver Álvarez que acudió a esta instancia buscando justicia y la liberación de la compañera y demás compañeros detenidos, pues habían sido acusados arbitraria e injustamente. Igualmente, refirió que las actuaciones de la fiscal Amarilis Pérez, de Portuguesa, habían sido irregulares, desproporcionadas y excedidas.
El rescate de la conocida Empresa Socialista Mixta Arroz del Alba respondió a un procedimiento legal, aseguró Álvarez. Se realizaron todos los pasos administrativos y legales para hacernos cargo, como Poder Popular, de una empresa que no cumplía, entre otras cosas, con el punto y círculo del que tanto nos habló el Comandante Chávez.
Insistió el comunero que las empresas socialistas de propiedad mixta o social tenían como deber beneficiar a las comunas con la venta de su producción, cosa que no estaba cumpliéndose; por el contrario, esta empresa, administrada por el Estado y tres empresas privadas, violaba lo establecido en la Ley de la Economía Comunal.
El 23 de abril fueron puestos en libertad estos comuneros; la pugna por la administración y el control de la empresa continúan; se espera la corrección de la calificación de cargos.
