Antes del ímpetu y la euforia de la campaña para la elección presidencial escribía respecto de la inseguridad y, por consiguiente, de la consulta popular realizada por el Ministerio del Interior y Justicia acerca de la reforma policial.
Pero es difícil no distraerse e inmiscuirse en el debate político actual en un momento decisivo, crucial para el país, sin embargo, rememorando algunos señalamientos de las personas consultadas en torno de esa reforma, a través de los buzones, teléfonos, medios de comunicación, Internet, recordé un elemento que vuelve a ocupar mi atención y quiero compartir con ustedes, mis amigos lectores.
Se refiere a la prueba antidoping. Según informaciones de prensa, en su momento, los familiares de las víctimas de abuso policial consultados por la comisión de reforma, entre otros aspectos, opina que se debe considerar para la selección de los nuevos oficiales, exámenes de laboratorios que permitan descartar el uso de drogas.
Y en mi criterio, no sólo a los aspirantes, sino a los que actualmente se encuentran activos en las diferentes instituciones policiales y por qué no, militares del país.
Es más, pienso que con esta experticia toxicológica deberían comenzar los procesos de reestructuración de los cuales se ufanan muchos, por lo menos en el Zulia.
Ciertamente, en algunas policías se realizan esos análisis bioquímicos, pero también es verdad que en otras instituciones de seguridad tienen miedo de hacerla por temor a que el alto consumo oxide los materiales y equipos del laboratorio.
Es pertinente advertir con tiempo, que en esa experticia, el ejemplo debe darlo la primera autoridad. Me explico: si se trata de las policías de los estados, los primeros en poner el brazo para sacarse la sangre o llenar el envase de orina deben ser los gobernadores. En caso de que sean municipales, los alcaldes, y seguir por orden descendente de jerarquía hasta llegar al más raso. Y no hablo de los jefes por capricho, sino porque deben ser, como ya dije, el paradigma del resto de los funcionarios en un organismo policial.
Ahora bien, conociendo de la viveza criolla, deben tomarse las precauciones, no vaya a ser que a los primeros mandos les de por llevar una muestra que no les pertenezca para evitar comprometerse.
De prosperar la prueba antidroga, debe ser practicada por un laboratorio serio, confiable, más bien severo con los jefes, quienes deberían ser examinados con mayor exigencia.
Ya muchos harán sus argumentaciones desde el punto de vista legal. ¿Quién podría obligar a un alcalde o a un gobernador a hacerse esta prueba? Realmente, no lo sé. Pero pienso que la cuestión no es de estudiar ni de plantear en términos de ley, sino más bien de un gesto saludable de moral y honestidad.
Aquí cuando se toca el tema de alguna policía enseguida hablan de una reestructuración permanente, de una supervisión infalible que, como ustedes saben amigos lectores, es imposible de creer a juzgar por el alto índice delictivo que sacude al Zulia.
Pero si esa misma gente que justifica esas reestructuraciones en las policías en lugar de hablar, demostrara con hechos esos procesos de adecentamiento, la situación fuera diferente.
Si cuando declaran acerca de reestructuración lo hicieran en un laboratorio digno de todo crédito haciéndose esa prueba y rodeado de periodistas, la gente fuera menos escéptica, incrédula y confiara más en esas depuraciones policiales.
Esos exámenes revelarían cuanta gente enferma hay en nuestras policías, porque bien se sabe que para las leyes venezolanos los consumidores no son delincuentes, ni siquiera personas peligrosas, sino en situación de peligro que requiere de tratamientos especiales.
Pero también es cierto que según la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los consumidores no pueden ni manejar ni portar armas de fuego y estas, como sabemos, son las dos principales herramientas de un policía. Así que, ahí tienen una prueba para comérsela, sólo faltaría ver ¿Quien se atreve?
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