Nadie se atreve a negarlo, el servicio de transporte público, donde se traslada mayoritariamente la población pobre de Valencia, se ha convertido en un infierno a todo dar, no solo por el estado de las vías o la interminables colas, sino, y principalmente, por el estado de impunidad con que los conductores, sean dueños, avances o colectores andan en las calles y avenidas sin importarles en nada las condiciones de pauperismo existente para quienes se ven obligados a montarse a diario como usuarios, siendo estos sometidos por una indolencia descomunal ante la mirada complaciente o impotente de autoridades y gremios en las distintas instancias gubernamentales.
Ante esta situación se hace urgente y necesario saber quien de las autoridades municipales, estadales o nacionales, entiéndase, directores, ministros o subalternos de estos, que tienen que ver con este (in)servicio público, conocen esta problemática, no solo referencialmente, sino, por vivencia propia, es decir, quienes de ellos, se han montado en una unidad de transporte de pasajeros, en horas pico, siendo sometidos a las calamidades de obscenidades y maltratos con amenaza física de parte de transportistas, amen de los ensordecedores ballenatos melancólicos que matan espíritu o los reggaetones que destruyen dignidad, para convertir el recorrido en un ambiente completamente hostil y propicio para la comisión de un hecho delictivo.
En otra perspectiva cabe preguntarse donde estila el interés o hacia donde se enfoca la justificación de la omisión gubernamental; en este escrito me atrevo a plantear varias hipótesis: a) Existe complicidad dado que este se ha convertido en un jugoso negocio producto de los constantes aumento de pasajes; b) Existe de parte de “autoridades” y transportistas subestimación de la gente (usuarios) al no creerlos capaces de reaccionar violentamente; c) Desconocimiento de parte de autoridades, transportistas y usuarios de que existen normas legales y reglamentarias de convivencia y disposiciones ambientales que castigan los abusos en la prestación de servicios públicos; y/o c) Opera el vulgar chantaje de transportista para someter a las autoridades y usuarios, ante la constante amenaza de paro general que se ven siempre como acciones “tumba gobierno”.
Ahora bien, de estas cualesquiera situaciones, debemos sacar como conclusión que las autoridades, indistintamente las que hayan estado o estén presente, al hacer el respectivo análisis, tomando en cuenta todas las variables políticas, macroeconómicas o cualquier otra pendejada institucionales, siempre terminan dejando al pueblo de último solo en la desesperanza de ver si alcanza el tiempo de ser atendido en sus infortunios.
Valencia Carabobo
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