Históricamente, y en la era del neoliberalismo, las normativas de propiedad intelectual han sido impuestas por los países denominados “desarrollados” o “centrales” y las corporaciones transnacionales, utilizando como plataforma de armonización de sus políticas (globalización uniforme) a los organismos especializados dependientes de las Naciones Unidas: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La primera se encarga de organizar la negociación de los tratados de propiedad intelectual y su administración. La segunda tiene un mandato más amplio que la OMPI, pero desempeña una función esencial en el desarrollo de la política de propiedad intelectual en el sentido que las decisiones de la OMC, en particular su mecanismo de resolución de disputas, le proporciona una mayor capacidad de ejecución.

En los últimos años, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha ampliado aún más las normas mínimas para la protección de la propiedad intelectual en la región, incrementando las limitaciones al acceso de bienes sociales esenciales, en especial medicamentos y nutrientes; o perjudicando el medio ambiente.

La misión de OMPI consiste, de acuerdo a sus estatutos, en promover la protección de la propiedad intelectual-garantía del progreso humano- a escala mundial, y la armonización de las legislaciones nacionales, sin preocuparse demasiado por los aspectos sociales, la salud o alimentación de la población en los países del Sur, a quienes tutela en materia de “propiedad intelectual”.

La casi totalidad de las oficinas de propiedad intelectual (propiedad industrial o derechos de autor) de Latinoamérica y el Caribe, dependen de los modelos de leyes y asistencia técnica proporcionados por este organismo con domicilio en Ginebra, pero en los últimos tiempos han comenzado a plantearse serios cuestionamientos a tal cooperación: el número de solicitudes de creadores de tecnología nacional no parece aumentar de acuerdo a lo augurado por OMPI a sus acolitas oficinas de patentes. Estas promesas incumplidas han intentado confundir además a los gobiernos y a la opinión pública, argumentando que leyes de patentes “fuertes” promueven la innovación y aumentan la actividad económica.

La propaganda sobre las bondades de la cooperación no parece dar los frutos esperados por los compradores de ilusiones, quienes han comenzado a cuestionar las políticas de patentes del organismo internacional para sus propias oficinas (las ONGs mucho antes advirtieron de las consecuencias de las políticas emanadas de los organismos controlados por norteamérica).

Otro de los reclamos se relaciona al incremento de solicitudes de baja calidad (poca altura inventiva o falta de divulgación de la invención) provenientes de los países de la Trilateral (Estados Unidos, Unión Europea, Japón) que ha provocado gastos administrativos elevados en los presupuestos de las oficinas nacionales: la crisis de inventiva del capitalismo corporativo aumenta los gastos de las oficinas de patentes en los países del Sur.

Como parte de su matriz argumental, OMPI utiliza ese incremento en el volumen de patentes como justificación para impulsar la homogeneización mundial de los requisitos substantivos de patentabilidad mediante un proyecto de tratado internacional (SPLT), que de implementarse, vulneraría la soberanía de los países latinoamericanos para la concesión o denegación de patentes en todos los campos de la tecnología, incluidas las patentes farmacéuticas.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) administrado por la oficina internacional y otras doce oficinas adictas (a las que se sumará INPI-Brasil), constituye la plataforma de la temible “Patente Mundial”-que arrasaría con la mayoría de las pequeñas oficinas de propiedad industrial- y que tampoco ha dado respuesta a los anhelos de la inventiva nacional, resultando además que los países adherentes al PCT han visto incrementar las solicitudes de las grandes empresas transnacionales hacia sus oficinas sin contrapartida autóctona. El elevado costo en francos suizos de cada solicitud es una barrera infranqueable para los esperanzados innovadores nacionales que vienen advirtiendo en los tratados administrados por OMPI, una trampa de los países ricos.

Transcurridos algunos años desde la puesta en marcha de todo tipo de acuerdos, tratados, leyes, normativas y otras ficciones jurídicas promovidas por los centros de poder hegemónicos en materia de propiedad intelectual, estamos asistiendo en Latinoamérica y El Caribe a una gran estafa colectiva a inventores, investigadores, innovadores, científicos, tecnólogos, pequeños y medianos empresarios, que denota la evidente pobreza intelectual de los organismos internacionales (y sus cortesanos) promotores de un progreso inexistente.

Abandonar los criterios de “propiedad” impuestos por los organismos internacionales, y transitar un camino propio en materia de derechos intelectuales, se presenta como la decisión más adecuada en la promoción de la ciencia y la tecnología dirigida a defender la economía y la salud de los pueblos.