En el mencionado primer artículo se afirma temerariamente que la decisión del SAPI es “un golpe de Estado” al sistema de patentes. “Por orden del Presidente se acaba de derogar el derecho a las patentes y a la propiedad industrial”. Estas expresiones fueron vertidas por Orlando Viera Blanco, un abogado supuestamente especialista en propiedad industrial.
El absurdo argumento utilizado por este leguleyo profesional, es que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ha publicado en su página web toda la “información técnica” contenida en las patentes solicitadas en Venezuela (en su mayoría por empresas transnacionales a quien este abogado representa) y que cualquier persona entonces podrá “hacer uso de ellas” violando así la normativa en materia de propiedad industrial vigente.
Como es bien conocido en toda oficina de patentes o bufete de abogado de cualquier país del mundo desarrollado o en desarrollo, la información tecnológica contenida en las patentes es publicada aproximadamente 18 meses después de haberse solicitado la misma, si las leyes nacionales en la materia lo explicitan. Así, luego de atravesar el procedimiento de examen de patentabilidad en la correspondiente oficina de patentes, se genera una segunda publicación si la decisión del organismo estadal ha sido la concesión u otorgamiento.
En general y según datos proporcionados por expertos de países centrales, menos del 5% de las solicitudes presentadas en todo el mundo son verdaderamente nuevas, hecho que verifica la poca utilidad de este instrumento que solo le ha quedado como función de proteger las tecnologías originadas en países centrales.
La publicación o puesta a disposición de la sociedad por parte del Estado de la información técnica contenida en los documentos de patentes, es la contraparte a la divulgación de la invención del “titular” para cumplir con el contrato social mediante el cual se le otorga al solicitante de un supuesto invento, un monopolio temporal, en general, por espacio de entre 10 a 20 años de acuerdo al tipo de invención.
En la práctica, las transnacionales reciben el monopolio pero no divulgan completamente la información técnica. De este modo el conocimiento contenido en la patente se convierte en mercancía, adquirible solamente a través de los denominados contratos de transferencia de tecnología que revelaran el “saber como” de la supuesta innovación tecnológica comprada, en general bajo cláusulas restrictivas.
Para el malintencionado, mercenario e ignorante Viera Blanco, el SAPI abandonó sus funciones como protector de estos derechos para convertirse en promotor de la “reproducción ilegal” de los inventos que poseen patente.
SAPI en verdad, cumple con el contrato social establecido y es el venezolano un gobierno soberano a la hora de conceder o no patentes, sin tutelaje de organismos internacionales de propiedad intelectual controlados por transnacionales o gobiernos de países poderosos que presionan a gobiernos débiles, obligándolos a someterse a los intereses del capitalismo corporativo global.
[1] http://www.minuto59.com/primera-pagina/gobierno-modifica-el-sistema-de-patentes-del-pais/
