La realidad indica que luego de varios años de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales de propiedad intelectual y patentes -como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea (EPO)- el Estado chileno pone en funcionamiento el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
El director del nuevo organismo, Cristóbal Acevedo, anunció que será un ente de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial que difundirá el acervo tecnológico y la información de que disponga. Omitió señalar sin embargo, la importancia política y económica que poseen esta clase de instituciones para los intereses transnacionales, por su inestimable contribución a la conformación de monopolios tecnológicos- farmacéuticos, hecho que contrasta con las políticas socialistas enunciadas y abandonadas por el actual gobierno chileno.
El estricto alineamiento de la propiedad industrial y los derechos de autor (la nueva ley es conflictiva) con EE. UU. - OMPI, es antagónico con políticas de orientación social, y está en la misma frecuencia que los postulados de libre comercio impulsados por los estafadores centros económicos y financieros de los países centrales.
Contrariamente a lo afirmado por el director del nuevo INAPI chileno, la creación de este organismo (como otro elemento a ser considerado en las políticas de dependencia) profundizará la concentración de tecnología en pocas empresas, y bloqueará tanto la innovación nacional como el desarrollo científico y tecnológico tal cual sucede en el resto de los países que instalaron servicios autónomos de propiedad industrial a pedido de los países centrales.
Los números de la realidad chilena en materia de patentes reflejan su alto grado de dependencia tecnológica. De acuerdo a los últimos datos de Ricyt[2], en el año 2005 se habían presentado solamente 3497 solicitudes de patentes de las cuales 2924 fueron extranjeras y solo 573 correspondieron a titulares nacionales (empresas y personas naturales). Así, la "tasa de dependencia" que presenta el hermano país es de 5.10, presentándose entonces 5 veces más solicitudes de patentes pertenecientes a "residentes" en el exterior -mayoritariamente empresas monopólicas- que nacionales. Por su parte, el organismo de patentes predecesor del actual INAPI concedió 52 patentes nacionales y 555 extranjeras (10 veces más) durante el 2005.
Así, la "tasa de dependencia" que presenta el hermano país es de 5.10, presentándose 5 veces más solicitudes de patentes pertenecientes a "residentes" extranjeros -mayoritariamente empresas monopólicas- que nacionales. Esta tendencia se verá acrecentada por el aumento del número de solicitudes que seguramente (crisis mundial aparte) llegará a la oficina de patentes chilena, profundizando así su ya dependiente economía. El ocaso del "modelo chileno" se acelera.
[1] http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/6570999.html
[2] http://www.ricyt.org/indicadores/PorPais/CL.xls