El Plan Colombia, creado en teoría para frenar la producción y el tráfico de drogas. No es un plan de paz, ni tampoco es un plan para Colombia, realmente es un plan para Venezuela y que se une a otros proyectos que están en curso en América Latina: proyectos de separación, secesionismo, de sembrar la división entre países hermanos. Vale recordar que en Suramérica existen proyectos separatistas, entre ellos el que pretenden aplicar en el estado Zulia con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comando Sur, la CIA y el FBI. Además de esto el Zulia está incluido dentro de los objetivos del Plan Colombia. Su separación de nuestro país es parte de ese plan.
Recuerdan las operaciones contempladas en el llamado Plan Balboa, el cual fue diseñado en el año 2001 para la invasión militar de Venezuela por parte de fuerzas norteamericanas. Ese plan planteaba la posibilidad de derrumbar el puente Rafael Urdaneta, en Maracaibo, cortar las carreteras que van hacia el Zulia y lograr su separación de Venezuela. Recordemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un movimiento separatista zuliano que llegó hasta a imprimir monedas y estampillas que decían República Independiente del Zulia.
Está claro que los grupos paramilitares colombianos que se reciclan tras el proceso de desmovilización e indulto acordado con el expresidente Uribe, pasan la frontera para trabajar como brazo armado de los terratenientes, involucrarse en el lucrativo negocio del contrabando (colaborando así con la desestabilización de Venezuela al provocar escasez de alimentos) y para abrir nuevas rutas para el tráfico de drogas.
Los organismos de seguridad venezolanos no han sabido enfrentar esta amenaza, ya sea por incapacidad o por la complicidad de algunos grupos en la zona. Los estados venezolanos de la frontera como el Táchira y Zulia están inmersos en situaciones de violencia generada por estas mafias que además se dedican al secuestro extorsivo.
En el Estado Zulia, recordemos que Manuel Rosales, prófugo de la justicia en su etapa como gobernador trajo como jefe de seguridad a Henry López Sisco, un alto jefe policial involucrado en masacre de campesinos en la década de los 80 y vinculado a grupos de extrema derecha. En esa etapa fue cuando más se vieron secuestros en el Zulia, tráfico de drogas, contrabando de gasolina. Y luego su heredero Pablo Pérez que en su último año como gobernador desafió al Gobierno Nacional en la implementación del chip para la gasolina, evidentemente estaba en complicidad con mafias paramilitares que pasaban de manera ilícita el combustible a la frontera.
Hasta antes de las conversaciones de los líderes de los paramilitares con el gobierno colombiano para la desmovilización, los paramilitares eran los que controlaban todo el contrabando del combustible de Venezuela. Ahora, se ha adueñado el grupo que se hace llamar las “Águilas Negras”, que en el fondo son los mismos desmovilizados pero esta vez más sanguinarios.
Sin embargo, el contrabando en Venezuela hacia afuera parece estar organizado por los grandes empresarios en un plan de obtener más ganancias, pero también para promover el descontento contra el gobierno.
Alimentos básicos escasean en las ciudades más pobladas y fronterizas como el Zulia, mientras que en la frontera con Colombia se ha detectado abastecimiento con los productos regulados de la cesta básica del venezolano.
El gobierno venezolano está emprendiendo medidas, reformas en la policía, mayor presencia en las llamadas trochas por donde pasan los alimentos y el combustible, pero aún es insuficiente para terminar con el control que ejercen mediante el terror los paramilitares en la frontera, en ambas márgenes.
Colombia simplemente ignora el hecho, por un lado porque forma parte de la estrategia impulsada desde Washington para aislar y desestabilizar la Revolución Bolivariana, y por otro por la sencilla razón que en el paramilitarismo está su sustento.
