El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ganó en el año 2013, las elecciones presidenciales tras la repentina muerte del comandante Hugo Chávez Frías. Desde entonces, los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump, han trabajado intensamente para minar, debilitar y derrocar al gobierno bolivariano, utilizando todas las herramientas posibles, desde la tergiversación y manipulación de las leyes internacionales y organismos internacionales, el desgaste económico a partir de sanciones para bloquear el comercio internacional del país; hasta la guerra sucia indirecta evidenciado en la contratación de paramilitares, infiltración de armas, creación de falsos expedientes, una fuerte campaña de propaganda negativa en los medios masivos de comunicación contra el gobierno y los reiterados intentos de asesinar al mandatario venezolano.

Aunque la conspiración de Estados Unidos comenzó en el primer período del presidente Hugo Chávez, contando con la complicidad interna de la oposición venezolana pudieron ejecutar un golpe de Estado en el año 2002, el paro petrolero y otros intentos de fuerza para derrocar el gobierno o asesinar al presidente, han continuado con su complot contra el actual mandatario Nicolás Maduro desde que asumió por primera vez en el año 2013. Desde entonces, y actualmente, después de su segunda reelección en el 2018, el gobierno ha estado sometido a la más brutal presión para destruir su gobierno o desaparecerlo físicamente.

Suficientes evidencias y testimonios han quedado recogidos en vídeos, fotografías y por escrito, de estos intentos continuos de desestabilización de Venezuela durante los últimos 6 años, donde organismos policiales internacionales como la CIA, la policía secreta de Colombia, el MOSSAD y otros organismos policiales de América y Europa, han estado trabajando para destruir el proyecto alternativo político que representa la Revolución Bolivariana.

Los mismos proyectos de conspiración que han aplicado contra Venezuela, les ha servido para elaborar sus propias leyes y resoluciones de protección como la prohibición de la utilización de drones con cargas explosivas en zonas públicas o de seguridad o para protegerse de ataques electromagnéticos a sus sistemas generadores de electricidad.

Otras de las estrategias coercitivas ha sido la criminalización de los líderes del proceso bolivariano y chavista; y los intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desde el llamado "Golpe Azul" en el año 2014 y la operación Jericó del 12 de febrero de 2015.

¿Acaso Estados Unidos está utilizando a Venezuela como un laboratorio para experimentar con sus métodos coercitivos, para luego, utilizarlos contra otros gobiernos que no obedezcan a sus intereses?

Muchos dicen que son los mismos métodos utilizados, por ejemplo, para el derrocamiento del gobierno chileno de Salvador Allende en la década del 70; y en contra la República Árabe Siria desde el año 2010, los que utilizan contra Venezuela. Sin embargo, el ataque y búsqueda de desgaste hacia la nación venezolana, sugiere similitudes con el aderezo y la mezcla de otros elementos, que convierten a estos métodos coercitivos en muchos más peligrosos y hasta letales, porque apuntan a la destrucción de las bases fundamentales de un Estado.

Las políticas utilizadas -en todos los ámbitos- por Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, han sido, como en ningún otro país y sin datos históricos similares, muy agresivas. Ningún otro gobierno o "régimen" del mundo se hubiese mantenido de pie si no tuviera el respaldo de un pueblo consciente, que decidió ser libre de imposiciones extranjeras.

Algunos analistas y expertos militares han llamado a esta persecución y hostigamiento contra el proceso político de Venezuela, "guerra de baja intensidad", donde se mezclan gran cantidad de elementos y hechos que se suceden paralelamente, para desestabilizar, causar caos, descontento, debilitamiento, angustia sicológica entre los venezolanos, y, para ello utilizan combinadamente la propaganda en los medios de comunicación, el bloqueo y las sanciones comerciales y financieras, el chantaje a través de los organismos internacionales o los medios políticos para el soborno y la agresión.

¿Algunos se preguntarán por qué no invaden con sus tropas militares directamente o a través de los "grupos de amigos" aliados para la guerra?

Ellos invaden a los países débiles, divididos, gobiernos sin respaldo popular.

Y a los que no invaden directamente, entonces, comienzan por corroer sus estructuras; ofreciendo sumas de dinero y bienes a militares, diplomáticos, periodistas, intelectuales y líderes comunitarios; y también a grupos delincuenciales internos. Captan jóvenes, a quienes les otorgan becas para que estudien en EE.UU o Europa o a través de programas de intercambios estudiantiles, para prepararlos como líderes que obedezcan a sus políticas en un futuro.

Aplican el contrabando con la siembra de armas. Aplican sanciones económicas que obliguen al pueblo a migrar. Además, la utilización de armas avanzadas o tecnologías avanzadas que contribuyan a desestabilizar a un país. La continua demonización a través de la propaganda en medios de comunicación de los líderes antimonopolio, anticapitalistas, antiimperialistas, socialistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos o a todo aquello que se oponga a sus intereses.

Venezuela, no es uno de esos países débiles, tiene el respaldo humano de su pueblo, gobiernos amigos y armas de última generación para resistir. Posee un elemento importante que les faltó a gobiernos en el pasado para que no los invadieran; en vez de confrontarlos con arrogancia, el gobierno venezolano ha utilizado la paciencia y la tolerancia para seguir elevando la bandera de la PAZ.

El presidente Nicolás Maduro, es quizás, dentro de la historia contemporánea, el gobierno más asediado y atacado. A los enemigos no les ha sobrado herramientas para intentar derrocar su gobierno o asesinarlo. Desde el año 2015 (año que la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias con amplia mayoría), apartando las brutales manifestaciones en Venezuela realizada por la oposición donde quemaron personas por "parecer" chavistas, por su color de piel, modo de vestir o por provenir de zonas populares, al menos, ocho hechos fundamentales de conspiración internacional (sin sumar la expulsión de Venezuela en el año 2017 de MERCOSUR) han buscado este propósito en los que ha estado implicado directamente los gobiernos de los Estados Unidos de Barack Obama y Donald Trump, para destruir el proyecto político bolivariano o debilitar las bases del Estado Venezolano. Cronológicamente son los siguientes:

1)- El 9 de marzo de 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (ampliando las sanciones emitidas por el Congreso de Estados Unidos del 10 de diciembre de 2014), firmó una orden ejecutiva en la que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos" y, como consecuencia, ordenó sanciones económicas y coercitivas en contra de los miembros y bienes de Venezuela.

Según el comunicado de Obama, las sanciones obedecían a que su gobierno estaba comprometido en "hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, a proteger las instituciones democráticas, y a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela".

El presidente Nicolás Maduro, no se quedó con los brazos cruzados, también impuso una reducción de funcionarios diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Caracas a niveles similares a los que su país mantenía en Washington.

De igual manera, el gobierno bolivariano dispuso la obligatoriedad de visado a los estadounidenses que visiten a Venezuela y publicó en Gaceta oficial una resolución que prohibía el ingreso al país de algunos políticos de Estados Unidos, entre ellos el ex presidente George W. Bush.

Esta orden ejecutiva, año tras año, ha sido prorrogada por el gobierno de Barack Obama y por el gobierno de Donald Trump, representando un pretexto para sancionar y bloquear la economía de Venezuela y limitar el movimiento de los funcionarios del gobierno venezolano.

Analistas y el propio gobierno de Venezuela consideran que "el unilateralismo y la extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el Gobierno estadounidense constituyen una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al Derecho Internacional, vulnerando los principios de no injerencia en asuntos internos y de igualdad soberana entre los Estados".

La orden ejecutiva emitida por Barack Obama en 2015, representa una agresión que socava el desarrollo y la paz de los venezolanos. Esta orden Ejecutiva ha sido la base para ir ampliando las sanciones contra empresas y funcionarios venezolanos y el pretexto para interrumpir las transacciones, las negociaciones comerciales y financieras.

2)- En diciembre del año 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la criptomoneda El Petro, al mismo tiempo que informaba en paralelo sobre la creación formal del Observatorio Blockchain de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro declaró a los medios de comunicación: "Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar (...) esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país" (…), y estará "respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante".

A partir del 20 de febrero de 2018, se inició con la apertura del proceso de adquisición de Petros; prontamente antes de los 30 días, específicamente el 19 de marzo, el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump emitió una orden ejecutiva para prohibir a ciudadanos estadounidenses o personas en su territorio la adquisición o negociación de cualquier moneda digital o activo digital emitido por el Gobierno de Venezuela.

No obstante, en diciembre de 2018, el Gobierno de Venezuela comunicó la creación de una canasta de monedas virtuales, con el objetivo de comenzar a comercializar su producción de petróleo con la criptomoneda nacional el Petro, en aras de ampliar las modalidades de transacciones e ingresos comerciales a través de la venta-compra del crudo y así poder mitigar las consecuencias de las sanciones comerciales de EE.UU., de las que ha sido objeto Venezuela.

3)- El 4 de agosto del año 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió un atentado terrorista al explotar cerca de la tarima presidencial dos drones cargados con explosivos. A pesar de que las imágenes fueron captadas por los medios de comunicación presentes, donde hubo heridos, afectación a viviendas y la detención de los autores materiales del hecho, muchos gobiernos tergiversaron y dudaron del atentado que pudo haber acabado con la vida del presidente venezolano y las altas autoridades presentes.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, ese mismo día informó, que en el ataque se utilizaron 2 drones modelo DJI M600, que iban directamente contra la figura del presidente venezolano y demás autoridades civiles y militares que le acompañaban durante el acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, acto realizado en la avenida Bolívar de la capital venezolana.

De acuerdo con el ministro, cada dron de hélices contenía 1 kilógramo del explosivo denominado C4 con un poder de afectación a un radio de aproximadamente 50 metros. Los mismos son aeronaves piloteadas a distancia diseñadas para trabajos industriales y pueden soportar grandes cargas de peso.

El referido atentado fue frustrado, por la oportuna acción de la Guardia de Honor presidencial al utilizar equipos inhibidores de señales que logró desorientar "a ambas unidades, lo que trajo como consecuencia que los explosivos se activaran "fuera del perímetro planificado". Sin embargo, no pudo evitar que algunas personas en el acto no cayeran heridas y la afectación de una vivienda alcanzada por la explosión de uno de los drones.

Muchos de los gobiernos de América y Europa, inmediatamente se pronunciaron a través de los medios de comunicación, poniendo en dudas sobre el atentado terrorista que pudo haber acabado con la vida del Presidente Maduro, a pesar, que el hecho ocurrió en vivo y directo mientras las televisoras locales transmitían el acto donde participaban las más altas autoridades de los cuatro poderes públicos o del Estado Venezolano.

El gobierno de Donald Trump (informó el New York Times el 8 de septiembre de 2018), sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones, lo cual demuestra la vinculación con el atentado contra el presidente venezolano fue orquestado, y que está no sería la única vez.

El medio de comunicación estadounidense CNN difundió un reportaje que probaría que un grupo de desertores del Ejército venezolano estuvo detrás del ataque con drones para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en agosto de 2018.

El entrevistado reveló que sostuvo reuniones con funcionarios del Gobierno de EE.UU. "tres veces luego del ataque". "Querían obtener datos y nosotros pedimos cosas a cambio."

Días después de la revelación de CNN, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense se limitó a señalar a la cadena norteamericana que la política de su país es "apoyar una transición pacífica en Venezuela".

Meses después de lo ocurrido en Caracas, Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos y España, aprobaron normativas para el uso de drones en sus países, para evitar posibles atentados terroristas y vulnerar la seguridad del Estado.

4)- El 23 de enero de 2019, se suscitó un intento de usurpación de poderes públicos por parte del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quién ante la presencia de algunos simpatizantes del partido Voluntad Popular, se autoproclamó presidente de la República Bolivariana de Venezuela, actuación que hizo recordar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, cuando Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal de Fedecámaras y opositor venezolano, se juramentó como presidente de Venezuela.

Algunos voceros de la oposición "decente" de Venezuela, revelaron, que Guaidó fue presionado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y obligado a autojuramentarse como "presidente interino", una figura que no existe en la constitución ni en ninguna ley venezolana.

La autojuramentación se realizó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidiera al Ministerio Público "determinar las responsabilidades" de los miembros de la Asamblea Nacional (AN), que se encuentran en desacato, debido a que existe una "objetiva materialización de conductas delictivas" por parte de la directiva del Parlamento, quienes desconocen a los poderes Judicial, al desacatar sus fallos; al Electoral, debido a que no respeta los resultados de los comicios donde Maduro resultó reelecto con 67,8% del total de la votación; al Ejecutivo, al no reconocer su cargo; y al pueblo venezolano que participó en las elecciones y escogió a su gobernante.

Minutos después de la autojuramentación el vice presidente, Mike Pence y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconocieron a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela: "Hoy, estoy reconociendo oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. En su papel como la única rama legítima del gobierno debidamente electo por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución de su país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y, por tanto, vacante la presidencia", señaló Trump.

En ese mismo discurso, Donald Trump, manifestó abiertamente que usará "todo el poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr la restauración de la democracia en Venezuela" e invitó a otros gobiernos del continente a reconocer a Guaidó como presidente encargado.

Inmediatamente otros gobiernos aliados de Washington de América y Europa, también se sumaron al reconocimiento y al complot orquestado en contra del gobierno y el pueblo venezolano.

El mandatario español Pedro Sánchez, "ordenó" al presidente Nicolás Maduro realizar elecciones presidenciales en los ocho días próximos, bajo la amenaza de que reconocería a Juan Guaidó, en caso de que no se cumpliera con ello.

Horas después y ante una multitud concentrada en los alrededores del Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro, informó que había decidido "romper relaciones diplomáticas" con EE.UU., luego de que Washington lo desconociera como mandatario constitucional del país suramericano.

La autoproclamación o la creación de un gobierno paralelo impulsado desde los laboratorios de Washington, es uno de los elementos coercitivos puestos en desarrollo para, en un futuro bien cercano, utilizar otros elementos para derrocar o facilitar el cambio de "régimen" de Venezuela.

5)- Dentro de la persecución internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, el 1 de febrero de 2019, Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió una nueva orden la cual prohíbe negociar con los bonos de la República de Venezuela en territorio norteamericano y con ciudadanos de ese país.

La resolución señala que los papeles o bonos podrán seguir siendo comercializados "siempre que cualquier desinversión, facilitación de desinversión, transferencia o cualquier participación en dichos bonos", se realicen lejos del mercado norteamericano.

El presidente Donald Trump ya había firmado en agosto del 2017 una orden ejecutiva que "prohíbe negociaciones de deuda nueva emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal PDVSA. También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela".

La nueva medida del mes de febrero de 2019, es un ajuste a la resolución emitida el 24 de agosto de 2017 y a otras resoluciones coercitivas en el ámbito económico y comercial para limitar negociaciones y entradas de divisas al Estado venezolano.

Más reciente y dentro de este marco ilegal de sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra Venezuela, que forman parte de una serie de "delitos de lesa humanidad", el El Departamento del Tesoro dictó el 17 de abril de 2019, sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), que le impide obtener, transar o negociar con la divisa dólar o más específicamente como lo afirmara el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton: "destinadas a limitar las transacciones estadounidenses con este banco y cerrarle acceso a los dólares estadounidenses".

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro, rechazó la medida coercitiva y afirmó en un comunicado que: "El Banco Central de Venezuela, así como otros bancos centrales nacionales a nivel mundial, tiene la tarea de prestar los principales servicios financieros de la República, centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales y formular e implementar la política monetaria del país, razón por la cual, es fundamental su papel en la adquisición de medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales para el consumo de todo el pueblo venezolano, sin excepción. El Banco Central de Venezuela viene jugando en meses recientes un papel clave en la estabilización de la economía frente al asedio constante del gobierno de Estados Unidos. La intención clara es sacar del juego esta herramienta del pueblo venezolano impidiendo sus operaciones y su relación con prestadores de servicios financieros estadounidenses y globales."

La medida, así como otras impuestas con anterioridad, limita el desarrollo social, educativo, económico y humano de todos los venezolanos.

6)- El 23 de febrero de 2019, Estados Unidos intentó introducir desde Colombia una supuesta "ayuda humanitaria" sin consentimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sin la participación de la Organización de Naciones Unidas que tienen sus entidades para facilitar la entrega de "ayuda humanitaria" en concordancia con el país o países receptores. Ni siquiera la Cruz Roja internacional fue consultada para verificar la autenticidad de los cargamentos que había comenzado a llegar desde Estados Unidos el 8 de febrero en aviones de la fuerza aérea estadounidense a un almacén situado en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

Organizaciones de poca credibilidad como la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana UNGRD, estaban encargadas de administrar, controlar y gestionar el funcionamiento del centro de acopio.

El 23 de febrero de 2019, fue el día que Estados Unidos, junto a la oposición venezolana, con el apoyo logístico del gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, decidieron introducir por la fuerza, a través de camiones, la supuesta "ayuda humanitaria", que desde el primer momento quedó varada en el puesto fronterizo de Colombia, ya que las autoridades venezolanas, con anterioridad, había cerrado la frontera y había puesto barreras para obstaculizar la movilidad de dichos vehículos no autorizados por el gobierno venezolano.

La oposición internacional al gobierno del presidente Nicolás Maduro, estaba tratando, más allá de infiltrar los alimentos y medicamentos que presuntamente se trasladaban en los cargamentos, el objetivo era abrir una brecha o un nuevo escenario para justificar las siguientes acciones para el derrocamiento del presidente Maduro. La lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Constitución y las leyes de la República y el apoyo del pueblo, frustraron esta acción beligerante violatoria del derecho internacional.

Desde el territorio colombiano un grupo de manifestantes encapuchados agredieron con objetos contundentes y bombas molotov a la policía, periodistas y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que custodiaban los pasos fronterizos venezolanos.

Tan estrepitoso fue el fracaso, que los manifestantes optaron por quemar el contenido o la "supuesta ayuda humanitaria" de los tres primeros camiones en la frontera del lado de Colombia. Aunque los medios de Colombia y otros a nivel internacional difundieron la falsa noticia que los funcionarios venezolanos habían quemado la "ayuda humanitaria", medios de comunicación tan dispares como Telesur, el New York Times y CNN, demostraron con análisis perimétricos, fotografías y vídeos que los manifestantes del lado colombiano habían sido los propiciadores de la quema de los camiones con la supuesta "ayuda humanitaria".

Días posteriores al hecho, Estados Unidos convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el caso de Venezuela. Tras su contundente fracaso de imponer una resolución para una posible intervención militar en el país suramericano, el gobierno de Estados Unidos, volvió a convocar otra sesión del Consejo de Seguridad ONU el 10 de abril de 2019, que volvió a fracasar, y donde el Embajador de Venezuela ante el organismo multilateral, Samuel Moncada, desnudó las reiteradas mentiras del gobierno estadounidense contra Venezuela, para justificar una invasión militar y apropiarse de las riquezas de Venezuela:

"La situación humanitaria en Venezuela tiene que ser solucionada, pero si nos equivocamos en el diagnóstico, también erraremos en el tratamiento para su alivio. La situación, como se ha afirmado aquí, es producto de acciones humanas. Pero lo que no se ha dicho es que esas acciones son parte de un plan de destrucción económica programada por el gobierno de los Estados Unidos y su aliado, el Reino Unido, con el fin de estrangular la economía nacional, provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y, al final, provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera amparada en la nefasta noción de la responsabilidad de proteger que ha sido excusa para invasiones coloniales a los países que tienen petróleo."

Ese mismo día, 10 de abril de 2019, el presidente Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, donde acordaron el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela:

"Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el Gobierno Bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse" sin fines políticos, agregó el presidente Maduro.

7)- En marzo de 2019, el gobierno bolivariano informó sobre el ataque al sistema eléctrico de Venezuela El Guri, la principal planta generadora de energía, que dejó a todo el país sin electricidad por 5 días. El ataque se efectuó en tres fases: 1)- Un ataque cibernético al Sistema Automatizado de la Central Hidroeléctrica El Guri; 2)- Un ataque electromagnético con equipos móviles con frecuencias elevadas; y, 3)- Un ataque físico; quema directa de subestaciones y estaciones eléctricas.

Gobiernos del mundo y medios de comunicación pusieron en dudas la información emitidas por el ejecutivo de Venezuela sobre los ataques recibidos.

FORBES, una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, afirmó, que no solo era posible, sino que sí hubo un ataque cibernético contra el Sistema Eléctrico El Guri; "la idea de que un Estado nación extranjero manipule la red eléctrica de un adversario para forzar una transición gubernamental es muy real".

El 26 de marzo de 2019, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva para defenderse de ataques u ocurrencias de eventos mediante pulsos electromagnéticos (explosión de energía electromagnética) que tienen el potencial de interrumpir, degradar y dañar la tecnología y los sistemas de infraestructuras. Los pulsos electromagnéticos de origen humano o natural pueden afectar grandes áreas geográficas, alterando elementos críticos para la seguridad y la prosperidad económica de la nación, y podría afectar negativamente el comercio y la estabilidad mundial.

Luego de haber superado esta interrupción del fluido eléctrico en todo el país, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció, a través de los medios de comunicación, de dos nuevos ataques "programados y sincronizados" dirigidos contra el sistema eléctrico nacional los días 29 y 30 de marzo de 2019.

Estas agresiones, de características multiformes, produjeron significativos niveles de destrucción de equipos e interrupción de procesos acoplados necesarios para la prestación constante del servicio.

Este ataque, reveló el presidente Nicolás Maduro, fue combinado con la introducción de virus informáticos en los sistemas computarizados que regulan el servicio eléctrico. En tanto, los ataques electromagnéticos apuntaron a las líneas de transmisión.

8)- El 9 de abril de 2019, quedará marcado en la historia contemporánea, como una de las fechas más aberrantes de violaciones al derecho internacional por algún organismo multilateral. Ejemplificará la destrucción de algunos organismos de "integración" que solo obedecen a las políticas coercitivas de los Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó ese día, "sustituir" al representante legítimo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por un opositor propuesto por los Estados Unidos, aun sabiendo que el Consejo Permanente de la OEA no tiene autoridad para reconocer gobiernos, ni tiene el poder para elegir quien debe ocupar la membresía de un país dentro del organismo multilateral, ya que nadie puede imponer a un Estado el reconocimiento de otro Estado o gobierno. Ese es un derecho soberano intransferible.

La Carta de la OEA, en ninguno de sus artículos expresa que una autoridad nombrada por un gobierno soberano puede ser suplantada por decisión del Consejo Permanente o por "resolución" sometida a votación para ser aprobada por la mayoría de sus miembros. Esas figuras jurídicas no se encuentran recogidas o representadas; así, como tampoco existe un artículo o documento para reconocer a un presidente "autoproclamado."

"Artículo 11: Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional."

"Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen."

"Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza."

Se trata de una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta Organización, como manifestó el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un Comunicado, y una vulgar instrumentalización del chantaje y la presión contra los Estados miembros para satisfacer los deseos de la política neo monroísta de Washington.

La acción coercitiva se une a todos los otros elementos de guerra de baja intensidad, que han estado experimentando para derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela dejará ese organismo el 27 de abril de 2019, procedimiento que comenzó en el año 2017 con la denuncia a la Carta de la OEA, porque como dice el Embajador Samuel Moncada: "la racista Doctrina Monroe, usada por Trump para atropellar a los países del continente, nunca vencerá las ideas de nuestros libertadores."

En la intervención del Embajador de Venezuela ante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, del 10 de abril de 2019, Samuel Moncada aclaró: "en la Organización de Estados Americanos (OEA) no se aceptó el nombramiento de un nuevo representante de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ocurrió fue que se aceptó el nombramiento de un representante de la Asamblea Nacional, y no se entiende qué puede hacer esa persona ahí, pues la OEA es una Organización de Estados, representados por Gobiernos Nacionales, y no de Asambleas Nacionales. Este absurdo jurídico ocurrió por el afán del gobierno del Señor Pence por ejecutar un golpe de Estado a la OEA y otro a Venezuela, razón por la que le sugerimos se informe bien sobre lo que se adoptó ayer en Washington. Alertamos que el gobierno del Señor Pence intentará aquí la misma trampa, dentro de la Asamblea General, y confiamos en que fracasará."

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La conspiración, los complots, el chantaje, el pillaje y las medidas de coerción de los Estados Unidos contra Venezuela en el ámbito económico, político, social, militar, tecnológico y de comunicación no pararán a corto plazo. Ellos han puesto sobre la mesa "todas las opciones", entre ellas, la militar.

La fortaleza del proceso revolucionario es la cohesión que existe entre el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno. Esta unión no se debe descuidar.

Los gobiernos de Estados Unidos, Europa y parte de América Latina, desconocen las fortalezas de unidad que existe hacia adentro de Venezuela, desconocen que existe una Fuerza Armada Nacional y una milicia (que es el pueblo en armas) que cohabitan y que conjuntamente desarrollan programas sociales para solucionar sus problemas a través de los consejos comunales, las grandes misiones y otros programas de asistencia social.

A diferencias de las políticas de gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha a nivel mundial, en Venezuela si existen políticas donde el propio pueblo las elabora, las controla y las ejecuta. Los gobiernos del Comandante Hugo Chávez y el Presidente Nicolás Maduro Moros, han hecho posible la visibilidad de un pueblo que estuvo sometido al olvido y a la marginalidad. Ese sector popular fue incluido en un todo social y participa en igualdad de condiciones en el desarrollo de los programas, políticas y acciones del gobierno o de las propuestas de las propias comunidades. Ese pueblo, el que niega ver los gobiernos de Estados Unidos, Europa, América Latina y la propia burguesía venezolana, es el que mantiene un lazo de unión cívico-militar entorno al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro.

Los medios de comunicación, los grupos de inteligencia policiales de Estados Unidos y Europa, los terratenientes y la burguesía de América, han buscado la manera de dividir esa unión cívico-militar, que ellos han llamado despectivamente "colectivos". Han experimentado con todas sus herramientas para derrocar el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, han querido propiciar una "guerra civil", han utilizado los medios de comunicación para crear matrices de opinión negativas para restarle credibilidad a la estructura del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han elaborado leyes y han dictado resoluciones extraterritoriales para injerir en los asuntos internos de Venezuela, se han complotado dentro de los organismos internacionales para sancionar y agredir a Venezuela, han creado un gobierno paralelo dirigido desde el exterior, han robado millones de activos de los venezolanos, han saboteado sus industrias de producción de petróleo, gas, mineros, electricidad, agua, alimentos y medicinas, han provocado la migración de un importante sector profesional…, pero, dentro de Venezuela, permanece incólume un sector del pueblo, resistiendo.

¿Quién no cree que en Venezuela está en desarrollo una guerra de nueva generación con armas sofisticadas, como la utilización de pulsos electromagnéticos para interrumpir el suministro de electricidad al país, la sustracción masiva de su moneda nacional, el bloqueo para la adquisición de materia prima para la producción de alimentos y medicinas, obstrucción para sus importaciones y exportaciones, el congelamiento de sus cuentas bancarias en el exterior, la infiltración de "mercenarios" para crear divisiones en la población, la compra de militares y diplomáticos para que generen matrices de opinión en los medios de comunicación?

Los elementos utilizados en esta guerra de cuarta generación se desarrollan en paralelo para crear caos, hacer vulnerable las estructuras del Estado y crear incertidumbre y descontento en la población.

Venezuela ha sufrido todos estos ataques y muchos aún están por superarse.

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha buscado alianzas y ayuda de gobiernos amigos para solucionar y sobreponerse a los continuos ataques, tanto en el ámbito económico, industrial, financiero, social, militar como diplomático.

Venezuela no necesita "ayuda humanitaria", Venezuela tiene los recursos y la infraestructura; lo que necesita es que liberen los recursos económicos bloqueados, congelados y robados. Necesita que Estados Unidos abandone las políticas de injerencia en los asuntos internos. Necesita que el Estado colombiano contribuya al control de su frontera para evitar la infiltración del paramilitarismo y el narcotráfico.

En Venezuela no hay "crisis humanitaria", como lo quieren hacer ver a través de los medios de comunicación, lo que existe son medidas coercitivas, bloqueo económico y financiero que impide el libre desarrollo de las políticas económicas y sociales del pueblo venezolano.

El pueblo venezolano envió un mensaje al exterior y no está dispuesto a aceptar injerencia extranjera ni va a caer en las provocación de generar una guerra civil. No quiere que en su territorio se repitan las experiencias vividas en Yugoslavia, Irak, Libia o Siria, donde aun no se cierran las heridas.

Los venezolanos saben que el camino, ante cualquier circunstancia adversa, es la PAZ.