El gobierno del presidente Donald Trump con las sanciones, bloqueos y cualquier otra medida similar uso un modo de intervención que, a través de la agresión económica, pretenden coaccionar a gobiernos para determinados fines políticos y económicos lo cual lo hace violatorio del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario

Estados Unidos siguió protagonizando un retroceso en materia de derechos humanos tanto en el propio país como en el extranjero durante el segundo año del gobierno del presidente Donald Trump. Con el partido republicano de Trump controlando el poder legislativo en 2018, su administración y el Congreso pudieron aprobar leyes, implementar regulaciones y aplicar políticas que violan o socavan los derechos humanos.

A pesar de que Trump manifestó que estaba a favor de hacer reformas mínimas, su gobierno frenó iniciativas destinadas a reducir la sobrepoblación en las cárceles de EE.UU., puso en práctica una serie de políticas contra la inmigración y tomó medidas para socavar un programa nacional de seguro de salud que ayuda a los estadounidenses a obtener atención médica asequible, incluida atención reproductiva para la mujer.

El gobierno de Trump también continuó ofreciendo su apoyo militar, financiero y diplomático a gobiernos abusivos en el extranjero. Aunque expresó su apoyo a algunas iniciativas internacionales dirigidas a sancionar a individuos y gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos.

Para nadie es un secreto que la estrategia de Estados Unidos ha estado centrada en impedir la actividad del Gobierno venezolano en la adquisición de alimentos y medicamentos, al igual que otros insumos necesarios para la vida de su población. En una reciente medida Estados Unidos sancionó a varias compañías importadoras de alimentos que proveen sus productos al Programa Estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que garantiza rubros esenciales de primera necesidad a más de 7 millones de familias en Venezuela.

Lo cierto es que las sanciones, bloqueos y cualquier otra medida similar son un modo de intervención que, a través de la agresión económica, pretenden coaccionar a gobiernos para determinados fines políticos y económicos lo cual lo hace violatorio del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. la política general de su gobierno obstaculizó la labor de las instituciones multilaterales y los organismos judiciales internacionales que buscan llevar a las personas responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos ante la justicia.

Derechos de ciudadanos extranjeros

Más de 2.500 familias fueron separadas por la fuerza en la frontera de EE.UU. conforme los padres que viajaban con niños se convertían en blanco del gobierno de Trump para procesarlos penalmente. Como parte de esta política, incluso niños con discapacidad se vieron separados de sus familias

la administración Trump para cambiar una regla de larga data que rige cuánto tiempo pueden permanecer detenidos los niños migrantes.

Los estados están tratando de mantener un acuerdo judicial de 1997 conocido como el Acuerdo de Flores, que restringe la cantidad de tiempo que se le permite al gobierno detener a un niño inmigrante a 20 días o menos.

También estableció pautas mínimas para condiciones sanitarias y seguras en los centros de detención.Esta práctica abusiva sigue siendo generalizada y puede equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante.

La administración quiere eliminar la supervisión de la corte y crear nuevas regulaciones que le permitan detener a las familias migrantes casi indefinidamente.

"Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y dañinas para su edad. Las acciones de esta administración no son solo moralmente reprensibles, como dije, son ilegales", dijo Xavier Becerrra, fiscal general de California.

"Los niños no se vuelven infrahumanos simplemente porque son migrantes. Todos los niños son hijos de Dios.

El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a enterrar el Acuerdo Judicial de Flores, una política que data de 1997 y que establece ciertas medidas de protección para las familias con niños migrantes que intenten ingresar al país sin documentos.

Al eliminar las disposiciones de este acuerdo, el nuevo plan anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional supondría que el Gobierno podrá detener a las familias y niños indocumentados durante más de los 20 días que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, mientras que los jueces deciden otorgarles, o no, asilo en el país.

Otros estados que se unen a la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

La pena de muerte sigue siendo legal en 30 estados. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hasta mediados de noviembre habían sido ejecutadas 21 personas en ocho estados, todas en las regiones del sur y medio oeste del país. Hubo 11 ejecuciones en Texas. Todas menos una de estas ejecuciones fueron llevadas a cabo mediante inyección letal, la otra con silla eléctrica. Trump y otros funcionarios de su gobierno han exigido la pena de muerte para los traficantes de drogas. A pesar de la pena de muerte los resultado de violencia y matanza aumentaron:

La primera matanza de 2019 en Estados Unidos ocurrió 19 días después de iniciar el año, cuando un hombre utilizó un hacha para asesinar a cuatro familiares, incluso a su bebé. Cinco meses después, 12 personas murieron en un lugar de trabajo en Virginia. En agosto, murieron 22 más en una tienda Walmart en El Paso.

Una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern muestra que hubo más matanzas en 2019 que en cualquier otro año desde al menos la década de 1970, salpicadas por una escalofriante sucesión de asesinatos colectivos a mediados de año.

En total, hubo 41 matanzas, que se definen cuando cuatro o más personas mueren, excluyendo al agresor. De ellas, 33 fueron tiroteos. Más de 210 personas fueron asesinadas.

La mayoría de los asesinatos masivos a duras penas llegaron a las noticias nacionales, por lo que no resonaron en la sociedad porque no fueron en lugares públicos, como las masacres de El Paso y Odessa, ambos en Texas; en Dayton, Ohio; Virginia Beach, Virginia; y Jersey City, Nueva Jersey.

La mayoría de las matanzas involucraron a personas que se conocían entre ellas: disputas familiares, violencia por drogas o pandillas, o personas con resentimientos que dirigieron su coraje hacia colegas o parientes.

En muchos casos, sigue siendo un misterio qué detonó el ataque.

Ése fue el caso con la primera de las matanzas en 2019, cuando un hombre de 42 años tomó un hacha para matar a su madre, padrastro, novia e hija de nueve meses en el condado Clackamass, Oregon. Otras dos personas -un compañero de cuarto y una niña de ocho años -lograron escapar. El acto terminó cuando la policía que acudió al lugar y mató a balazos al agresor.

El hecho en Oregon fue una de las 18 matanzas en donde murieron familiares y una de seis que no incluyó un arma de fuego. Entre otras cosas, estos fueron los hechos en 2019:

- Con 41 es el año con más matanzas desde que Ap/USA Today y Northeastern comenzaron a registrar dichos eventos en 2006, pero otra investigación que data de la década de 1970 muestra que ningún otro año ha tenido tantas. Antes de 2019, el año con más matanzas fue 2006, con 38.

- Las 211 personas que murieron en las matanzas de este año todavía están por debajo de las 224 muertes de 2017, cuando el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos ocurrió en Las Vegas.

-La mayoría de las matanzas -ocho- ocurrieron en California, que tiene unas de las leyes de posesión de armas más estrictas del país. Sin embargo, casi la mitad de los estados de Estados Unidos experimentaron matanzas, algunos en grandes ciudades como Nueva York y otras en pequeños pueblos como Elkmont, Alabama, con una población menor a 475 personas.

-Nueve matanzas ocurrieron en espacios públicos. Otras fueron en casas, en el lugar de trabajo o en un bar.

James Densley, un criminólogo y profesor en la Universidad Estatal Metropolitana en Minnesota, dijo que la base de datos Ap/USA Today/Northeastern confirma y refleja los hallazgos de su propia investigación sobre matanzas.

Cree que en parte se desprende de la "época de ira y frustración" en la que vivimos.

Densley también dijo que el crimen tiende a moverse en oleadas: en las décadas de 1970 y 1980 con los asesinos en serie, la de 1990 con los tiroteos en escuelas y secuestros de niños y los principios de la década de 2000 fueron dominados por las preocupaciones de terrorismo.

"Ésta parece ser la era de las matanzas", agregó Densley.

El gobierno de Trump no cooperaría con la Corte Penal Internacional (CPI) y amenazó con una serie de represalias en caso de que las investigaciones de la CPI implicasen a ciudadanos de EE.UU. que podría incluir delitos de tortura y muerte presuntamente cometidos por el personal policial y militar de EE.UU. Falsificar la historia no es tan difícil: hay que controlar el poder mediático para inventar fábulas o ficciones con el fin de demostrar lo inexistente y manejar los mecanismos para callar al contradictor. Así, la irrealidad se convierte en verdad por arte de prestidigitación y las pantallas pueden mostrar un vencedor cuando en efecto ha perdido. Las confrontaciones son un buen ejemplo.

La guerra no es un proyecto simplemente militar, sino integral. Es decir, conjuga el campo económico (bloqueos, manipulación de monedas, impedimento de negociación, etc.), político (golpe parlamentario, uso de las Cámaras, votaciones espurias), mediático (adulteración de la realidad, control de la información, creación de falsos positivos), militar (apoyo armado a la oposición, financiamiento, estrategia de ocupación) y humano (angustias, temores, inseguridades, debilidades, mitificación).

En este sentido, la incesante derrota del régimen estadounidense en las diversas confrontaciones en las que se ha involucrado, ha puesto de relieve la desesperación al no obtener victorias, ya que su estrategia va en contravía del espíritu soberano de los pueblos del mundo que se han alzado ante la opresión de gobiernos transnacionales.