En abril de 2007, tras las presiones de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió abrir una investigación a Venezuela por “atentado a la libertad de expresión”. La CIDH se refiere a las  agresiones de las que habrían sido víctimas algunos periodistas de los canales de televisión golpistas RCTV y Globovisión, durante el golpe de Estado –que por otra parte apoyaron– contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Cinco años después de los hechos, la Comisión consideró súbitamente que las demandas eran admisibles (1). 

La CIDH guardó un asombroso silencio después del golpe del 11 de abril de 2002 en el que varias personas fueron salvajemente asesinadas. En vez de pronunciarse sobre las masivas violaciones de los derechos humanos que siguieron al golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas, prefirió al contrario dar crédito a las denuncias que presentó la oposición, responsable de la ruptura del orden constitucional. En realidad, el timing (momento oportuno) de este procedimiento, con motivaciones politiqueras, está íntimamente ligado a la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión audiovisual a RCTV, que finalizará el 27 de mayo de 2007. 

El presidente Chávez no tardó en reaccionar para denunciar la hipocresía de la CIDH que, según él, no dispone de ninguna autoridad moral “para emitir cualquier juicio referente a asuntos constitucionales de Venezuela [...], pues apoyó descaradamente con su silencio la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de abril de 2002”. También criticó la falta de independencia de la Comisión cuyas instrucciones “obedecen a los intereses de la administración Bush”. “¿Cómo van a venir a opinar con propiedad, cuando no se pronunciaron ante los hechos inconstitucionales e inmorales del golpe de Estado?”, cuestionó (2). 

La posición partidista de la CIDH muestra desgraciadamente hasta qué punto depende de la influencia de la Casa Blanca. En efecto, es sorprendente ver a esta Comisión de la OEA acusar a las autoridades venezolanas de algunas agresiones esporádicas de las que fueron víctimas algunos profesionales de los medios privados, cuando se ha negado siempre a condenar el cierre de la cadena pública Canal 8 que orquestaron los golpistas en abril de 2002 y las violencias que siguieron. Mediante esta acción con el timing dudoso, la CIDH se presta a la campaña hostil contra el gobierno bolivariano y acaba de perder la poca credibilidad que le quedaba. 

El asunto RCTV 

La decisión del gobierno venezolano de no renovarle la concesión a RCTV es una acción perfectamente legal ya que el espectro de las ondas hertzianas pertenece al Estado. Además la población, que todavía tiene en la memoria la participación activa de este canal en los sangrientos eventos de abril de 2002, respaldó ampliamente esta posición. Numerosos observadores se han asombrado del hecho de que los cuatro principales canales de información privados Univisión, Globovisión, RCVT y Televen, todos cómplices del golpe de Estado que dirigió Washington, no se hayan nacionalizado. 

Efectuando un flagrante acto de ingerencia en los asuntos internos de un país vecino, el Senado chileno aprobó una resolución exigiendo a su presidenta, Michelle Bachelet, que protestara contra la no renovación de la concesión de RCTV ante la OEA. El acuerdo suscrito por 18 votos contra 6 denuncia “la trasgresión de la libertad de pensamiento y de expresión”, sin mencionar de ninguna forma la implicación del canal en los acontecimientos de 2002. La adopción de ese texto por un Senado dominado por una mayoría de derecha es poco sorprendente, según el presidente Chávez: “Se trata de la misma derecha que aplaudió el golpe de Estado” de 2002, “esa extrema derecha que nos odia” (3). Este virulento intercambio suscitó algunas tensiones entre las dos naciones (4). 

Jesse Chacón, ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, explicó que la no renovación de la concesión a RCTV era un hecho natural e inexorable. En efecto, conforme a los artículos 1 y 4 de Reglamento sobre las Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, el acuerdo que se firmó el 27 de mayo de 1987 con RCTV por una duración de 20 años finaliza el 27 de mayo de 2007. El espacio radioeléctrico que ocupa actualmente RCTV se destinará a un nuevo canal público conforme al artículo 108 de la Constitución que estipula que el Estado “garantizará servicios públicos de radio y televisión y redes de bibliotecas e informática, con el fin de proporcionar el acceso universal a la información” (5). 

Chacón insiste precisamente en el hecho de que no se trata de una decisión política: “Si se tratara de una decisión política, el 14, 15 ó 16 de abril [de 2002] aquí se habría abierto un procedimiento administrativo y se habrían cerrado todos los canales de televisión, pues los venezolanos sabemos cómo participaron activamente en el golpe de Estado del 11 de abril”. El ministro subrayó que los tiempos habían cambiado desde 1987 y que ahora se daba prioridad al servicio público de información (6). 

RCTV, además de su participación en el golpe de 2002, es el canal de televisión que ha sido más sancionado en la historia de Venezuela. Desde su creación en noviembre de 1953, las autoridades sancionaron por lo menos seis veces a este medio privado. En 1976, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue cerrado durante tres días por violar la ley sobre los programas televisivos. En 1980, el gobierno de Luis Herrera Campins también decretó un cierre de 36 horas por las mismas razones. En 1981, RCTV fue cerrado también durante 24 horas por divulgar escenas de carácter pornográfico. Bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue sancionado durante un día por difundir propaganda comercial a favor del consumo de tabaco. En 1991, la Corte Suprema de Justicia prohibió un programa no conforme a la legislación. Por fin, en 2002, bajo el gobierno de Chávez, RCTV fue condenado a una severa multa por acuerdo ilícito con otros canales de televisión y violación de las reglas de competencia (7). 

El presidente Chávez reafirmó que la decisión que se tomó en cuanto a RCTV era irrevocable. Ahora, el segundo canal del país se utilizará “en beneficio de la nación y no contra la dignidad de los venezolanos” (8). 

Hostilidad creciente de Washington 

El líder venezolano acusó también al gobierno de Estados Unidos de estimular a la oposición interna con vistas a desestabilizar el país. Un informe reciente del Departamento de Estado acusaba a Chávez, quien obtuvo cerca de 12 victorias electorales democráticas sucesivas desde 1998, de representar una “amenaza para la democracia venezolana”. La administración Bush, que ha intentado varias veces derrocar al presidente bolivariano, no aprecia las políticas independientes de Venezuela y sus éxitos sociales que instalan un peligroso precedente en el continente. Ha demostrado claramente que piensa deshacerse del hombre más popular de América Latina (9). 

Animados por las declaraciones de Washington, los sectores extremistas de la oposición venezolana no tardaron en reaccionar. El 26 de abril de 2007, una nueva bomba explotaba cerca de la embajada de Bolivia en Caracas, ocasionado importantes daños materiales, y llevando a once el número de atentados terroristas que se han cometido en los últimos meses. Varias personas fueron arrestadas entre ellas dos abogados, Luis Alberto Rodríguez y Diana Carolina Mora Herrera, quienes colocaron los explosivos (10). 

Estados Unidos jamás ha descartado un eventual asesinato del presidente Hugo Chávez. Desde su elección, su seguridad personal se ha reforzado extraordinariamente y los servicios de inteligencia desbarataron varios planes de atentados. Washington, que acaba de liberar al Bin Laden latinoamericano, Luis Posada Carriles, un terrorista responsable, entre otros, de 73 asesinatos, ha lanzado una señal clara a Caracas. La eliminación física de Hugo Chávez está en el orden del día (11). 

Notas 

(1) Gerardo Reyes, «Comisión de la OEA demanda a Venezuela», El Nuevo Herald, 27 de abril de 2007. 

(2) Agencia Bolivariana de Noticias, «CIDH está imposibilitada moralmente para emitir juicio sobre Venezuela», 27 de abril de 2007. 

(3) El Nuevo Herald, «El Senado chileno protesta por cierre de Radio Caracas», 13 de abril de 2007. 

(4) Associated Press, «Gobierno chileno rechaza críticas de Chávez», 13 de abril de 2007. 

(5) Agencia Bolivariana de Noticias, «Decisión de no renovar concesión a RCTV es un hecho natural e inexorable», 29 de marzo de 2007. 

(6) Agencia Bolivariana de Noticias, «Cierre de RCTV no responde a una decisión política», 29 de marzo de 2007. 

(7) Agencia Bolivariana de Noticias, «RCTV ha sido el canal más sancionado en Venezuela», 29 de marzo de 2007. 

(8) Agencia Bolivariana de Noticias, « Presidente Chávez: Quedan pocos días al canal de la oligarquía apátrida», 1 de mayo de 2007. 

(9) Associated Press, «Chávez acusa a EEUU de estimular conspiraciones en Venezuela», 12 de abril de 2007. 

(10) Associated Press, «Detienen abogada por atentado a embajada en Caracas», 27 de abril de 2007. 

(11) Associated Press, «Chávez acusa a EEUU de nuevo complot en su contra», 1 de mayo de 2007; Agencia Bolivariana de Noticias, «Presidente Chávez denuncia reactivación de planes de magnicidio», 1 de mayo de 2007. 

Salim Lamrani es escritor, profesor e investigador francés y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., de los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate.

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