Da grima oírle declaraciones al canciller colombiano de turno, referidas a las situaciones conflictivas que se presentan en las fronteras de los países limítrofes. Según el vocero del palacio de Nariño, Colombia es víctima de las agresiones de sus vecinos (Ecuador, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Perú). Pero la realidad de los hechos dicen todo lo contrario. Veamos algunos de estos hechos:
Cuando Ecuador denuncia los problemas que las fumigaciones con glifosfato le causan a los habitantes que viven en la frontera: pérdida de cultivos; contaminación de las aguas y del ambiente; enfermedades de la piel; muerte de animales domésticos; daños a la biodiversidad; penetración de tropas colombianas y agresiones contra la población campesina; vuelo de aviones militares y bombardeos; secuestro de Simón Trinidad. Cuando se denuncian estos hechos con notas diplomáticas de protesta al gobierno colombiano o dirigidas a organismos internacionales, el vocero de la cancillería colombiana responde que todo es falso, que son provocaciones del gobierno del Ecuador (Rafael Correa), y que en definitiva esas operaciones militares allende la frontera, son actos “legítimos” en la guerra antinarcóticos (plan Colombia), transformada en guerra “antiterrorista” (plan patriota).” ¿Desde cuándo es legítimo violar los derechos humanos? ¿Cuánto le cuesta al Ecuador el movimiento de tropas en la frontera con Colombia para cuidarle la guerra interna que desde hace sesenta años mantiene la oligarquía contra el pueblo colombiano?
Cuando Panamá denuncia la penetración de paramilitares a la zona de frontera y las agresiones y asesinatos de campesinos panameños; el gobierno colombiano se desentiende del asunto y acusa al gobierno de Panamá de provocaciones contra Colombia. ¿Cuánto le cuesta al gobierno panameño la vigilancia de su frontera para evitar las agresiones de los paramilitares colombianos?
Cuando el gobierno de Nicaragua denuncia las agresiones de navíos de guerra colombianos contra embarcaciones nicaragüenses que realizan actividades de pesca en el mar territorial nicaragüense, el canciller colombiano dice que son provocaciones de Nicaragua. ¿Cuánto le cuesta a Nicaragua la vigilancia de su frontera marítima por causa de las agresiones de las fuerzas armadas de Colombia?
Cuando la Revolución Bolivariana denuncia la situación en la frontera por causa de la guerra que desde hace sesenta años existe en Colombia y derrama hacia Venezuela: tres millones de desplazados; los 146 paramilitares apresados en Caracas, que con uniformes del ejército venezolano se dirigían a asaltar el palacio de Miraflores para asesinar al presidente Chávez; y la presencia de agentes del DAS para el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas; la participación de la oligarquía colombiana en el golpe de Estado del 12.04.2002; el ingreso inconsulto de Colombia al TLC que produjo el retiro de Venezuela de la CAN; la actitud descortés de Uribe con Chávez luego de haberle pedido que mediara en el intercambio humanitario; las argucias para entorpecer la “operación Emmanuel”; la intransigencia inaudita ante la petición de beligerancia para las FARC y el ELN, reconocimiento indispensable para poder avanzar en el intercambio humanitario y en las conversaciones de paz; el montaje de videos falsos contra el alcalde de Maracaibo y el anuncio del vicepresidente Santos e venir a detenerlo por “terrorista” etc., etc.; Ante este cúmulo de hechos, resulta que para el gobierno de Bogotá, es Venezuela la que realiza el narcotráfico, da cobijo a los paramilitares, alimenta el conflicto, envía suministro a la guerrilla, realiza el contrabando de extracción de alimentos y de gasolina. Y si Venezuela establece controles a dicho contrabando; o responde a los permanentes ataques verbales del palacio de Nariño; o movilizar la Fuerza Militar a la frontera, y construye bases militares, aeropuertos, realiza patrullajes terrestres, aéreos y fluviales para impedir la delincuencia que derrama desde Colombia. Estas acciones de vigilancia y controles que establece Venezuela iguales a la que realizan Ecuador, Panamá o Nicaragua; para el gobierno de Colombia son actos de provocación y expansionismo del presidente Chávez. Olvidan que la guerra está allá, es de ellos y viven de ella (la oligarquía), sin importarles las molestias que le causan al vecino así como el altísimo gasto militar que le ocasionan ¿Para qué? Para cuidarle la guerra que la oligarquía desde hace sesenta años mantiene contra el pueblo colombiano (campesinos desplazados, obreros asesinados por reclamar el elemental derecho a la lucha cívica).
Según el palacio de Nariño los países fronterizos son culpables del conflicto colombiano por negarse a respaldar las políticas guerreristas del ejército invasor de los EE.UU., con bases militares y asesores militares que tienen mando sobre el ejército colombiano. ¿Dónde queda la soberanía nacional?
Según esta concepción del gobierno colombiano, los países fronterizos ¿también serán culpables de la descomposición ética? presente desde el más alto nivel del gobierno: presidente de la República, congreso, tribunales de justicia, fuerzas militares, en una palabra, la casta política, la jerarquía católica, la fuerza militar, la clase empresarial, confabulados para mantener el dominio y sumisión sobre las mayorías nacionales colombianas.
Esta oligarquía, narcoparamilitar, le niega al pueblo colombiano el elemental derecho de realizar la lucha cívica para dirimir los antagonismos de clase (burguesía y proletariado) o como se dice más corrientemente (pobres y ricos). Forma de lucha cívica que realizan otros países (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela). Derecho elemental que es práctica normal de los pueblos de nuestra América en la consecución de la soberanía. Y será así, siempre y cuando sea respetada su autodeterminación. De lo contrario, surgirán FARC y ELN en los países donde la agresión imperialista no deje otra alternativa de lucha. Y es lo que nadie quiere por cuanto la lucha cívica es garantía de paz. El diálogo es la única forma de dirimir los conflictos, las controversias, los enfrentamientos de clase y es lo que la oligarquía guerrerista colombiana no admite ni quiere poner en práctica.
De allí, la vigencia que tienen las FARC y el ELN en el momento actual, cuando hay un gran flujo de masas desde México (triunfo electoral de López Obrador); a Perú (triunfo electoral de Aullanta Humala); a la Argentina (triunfo electoral de Cristina Fernández). Y así por toda Latinoamérica los pueblos están en movimiento, reclaman la defensa de sus recursos naturales, se rebelan contra el TLC y rechazan las políticas de dominio y sumisión imperialistas.
¿Será éste ascenso de las luchas populares lo que tiene tan asustada a la oligarquía colombiana? De ser así ¿por qué no ir a la mesa de diálogo como lo vienen exigiendo las FARC y el ELN con la buena pro de los gobiernos de los países latinoamericanos?
¿Quién esta acarralado? ¿Las FARC y el ELN con cuarenta años de lucha armada? ¿O la oligarquía colombiana por el ascenso de masa en los países vecinos y en todo el continente? ¿Hasta cuándo el pueblo colombiano y sus fuerzas armadas nacionales van a soportar la pérdida de la soberanía por causa de la invasión del territorio por el ejército de los Estados Unidos? ¿Cómo hablar de soberanía, libertad y democracia en tan humillante situación? En poco tiempo la guerra civil en Colombia se transformará en guerra de liberación nacional contra el ejército invasor, como en Irak y Afganistán. Así se cumple con el verso del poeta que dice, “Colombia es una tierra de leones”. ¡Ojala! El poeta no quede defraudado.
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